Las transferencias monetarias condicionadas son el instrumento más eficiente para apoyar a las familias afectadas por la pobreza estructural en la región. La expansión de estos programas ha tenido un impacto positivo en la pobreza, el consumo y el uso de los servicios de salud y educación. 

Los sistemas de cuidados de larga duración ayudan a las personas mayores a mantener su calidad de vida, promueven la igualdad de género al reducir la responsabilidad de los cuidados dentro de la familia y crean puestos de trabajo en la economía del cuidado. 

Las siguientes políticas son clave para aumentar la calidad de vida de las personas con discapacidad: (i) implementación de sistemas nacionales de certificación que faciliten el acceso a los programas existentes; (ii) implementación de programas de transferencias monetarias que alivien la pobreza de las PcD; y (iii) la provisión de asistencia personal y tecnología de asistencia que mejoren la autonomía y el bienestar de las PcD, al tiempo que apoyan a los miembros de la familia (generalmente mujeres) que brindan asistencia.

En la región, la prevalencia de la pobreza es mayor en las zonas rurales —afecta al 47,9% de su población, frente al 18,1% en las ciudades—. Además, la pobreza afecta de manera desproporcionada a la población indígena (39,7%), afrodescendiente (34,4%) y hogares con niños (30,5%).