- La pobreza y la degradación ambiental en la Amazonia están estrechamente relacionadas. Promover medios de vida sostenibles y conservar los bosques forman parte de un mismo desafío.
- Las poblaciones vulnerables, incluidos los pueblos indígenas, las comunidades rurales, las mujeres y los trabajadores informales, enfrentan riesgos acumulados derivados tanto de la pobreza como de los fenómenos meteorológicos extremos, a menudo sin mecanismos adecuados para absorber estos impactos.
- Tres tipos de instrumentos de protección social —regulares, adaptativos y socioambientales— son más efectivos cuando se implementan de manera complementaria y con la participación activa de los pueblos indígenas y las comunidades tradicionales.
La Amazonia alberga un extraordinario capital natural: bosques que ayudan a regular los patrones atmoféricos globales, ríos que sostienen regiones enteras en siete países y una biodiversidad que no existe en ningún otro lugar del planeta. Sin embargo, las comunidades que viven más cerca de estos ecosistemas se encuentran entre las más desatendidas de América Latina y el Caribe. La Figura 1 ilustra la magnitud de estas brechas: más de un tercio de la población de la Amazonia vive por debajo de la línea de pobreza, con tasas de pobreza 8,3 puntos porcentuales superiores a las de las zonas no amazónicas. Además, casi la mitad de la población carece de acceso a al menos un servicio esencial.
Las áreas rurales también enfrentan importantes desafíos: la pobreza alcanza al 39,4% de la población, frente al 33,9% en las zonas urbanas. En los territorios indígenas, el 40,5% de las personas vive en situación de pobreza, seis puntos porcentuales por encima del promedio regional. Las mujeres enfrentan desafíos adicionales, como menores ingresos, menor participación laboral y una mayor carga de trabajo de cuidados no remunerado. Además, como muestra el mapa de la Figura 1, las zonas con mayores niveles de biodiversidad y servicios ecosistémicos suelen coincidir con aquellas con mayores niveles de pobreza. Estos desafíos se concentran especialmente en territorios remotos, rurales e indígenas, donde la privación se superpone con el aislamiento geográfico.
Casi la mitad de la región está expuesta a desastres y fenómenos meteorológicos extremos, cuya frecuencia e intensidad han aumentado en las últimas décadas. Estos fenómenos afectan de manera desproporcionada a las poblaciones más pobres y vulnerables. Se estima que 14,5 millones de personas en situación de pobreza viven en zonas con alto riesgo de sequías e incendios forestales, mientras que 25,4 millones residen en áreas con ecosistemas degradados.
Estas presiones pueden generar un círculo vicioso que empuja a más personas hacia la pobreza y profundiza las vulnerabilidades existentes. Cuando ocurre un desastre, los hogares de bajos ingresos suelen carecer de seguros o mecanismos de protección. Como resultado, muchas familias recurren a estrategias de supervivencia como vender activos productivos, retirar a sus hijos de la escuela, incrementar el trabajo infantil o sobreexplotar los recursos naturales para subsistir. Si bien estas estrategias pueden ayudar a cubrir necesidades inmediatas, también debilitan la resiliencia a largo plazo y profundizan los ciclos de pobreza. Proteger la Amazonia hoy implica salvaguardar tanto su capital natural como el bienestar de las personas y comunidades que dependen de él.
Nuestra publicación Amazonia: Un viaje hacia la prosperidad y la resiliencia forma parte de Amazonía Siempre, un programa integral que busca ampliar el financiamiento, compartir conocimiento estratégico para la toma de decisiones y fortalecer la coordinación regional para acelerar el desarrollo sostenible, inclusivo y resiliente de la región amazónica. La publicación identifica tres tipos de instrumentos de protección social esenciales para la región.
La protección social regular, que incluye mecanismos contributivos como pensiones y seguros de desempleo, así como programas no contributivos como las transferencias monetarias, desempeña un papel central en la estabilidad de los hogares. Estos instrumentos ayudan a sostener los ingresos y el consumo, al tiempo que mejoran el acceso a servicios de educación y salud.
El Cadastro Único de Brasil, por ejemplo, cubre aproximadamente a 95 millones de personas en todo el país, de las cuales alrededor de 19 millones viven en la Amazonia.
Sin embargo, persisten importantes brechas de cobertura y focalización. Alrededor del 46% de las personas en situación de pobreza en los países amazónicos no recibe transferencias monetarias, mientras que se estima que el 35% de los beneficiarios no son pobres. La informalidad agrava aún más el desafío: en las zonas amazónicas de Bolivia, Colombia y Perú, más del 80% de los trabajadores se desempeña en la informalidad, lo que limita su acceso a esquemas contributivos y, en muchos casos, también a programas no contributivos.
A pesar de estas limitaciones, las transferencias monetarias siguen siendo una herramienta fundamental para reducir la vulnerabilidad. Sin ellas, la pobreza en los países amazónicos sería aproximadamente 2,2 puntos porcentuales más alta.
La protección social adaptativa complementa estos esfuerzos al integrar la gestión del riesgo de desastres con las políticas de bienestar social, permitiendo brindar asistencia oportuna durante las crisis.
En Perú, por ejemplo, durante el Fenómeno de El Niño Costero de 2017, el gobierno distribuyó bonos de emergencia a beneficiarios de los programas Juntos y Pensión 65 en los distritos afectados. En Brasil, el Sistema Único de Asistencia Social coordina acciones con los organismos de defensa civil para implementar medidas de protección social adaptativa antes, durante y después de las emergencias.
Estos son ejemplos prometedores, aunque todavía poco extendidos. Los fondos de contingencia y los mecanismos de aseguramiento siguen siendo limitados, y muchos sistemas aún carecen de la flexibilidad necesaria para ampliar rápidamente la cobertura cuando ocurre un desastre.
Por último, los programas de protección socioambiental combinan objetivos sociales y de conservación. Iniciativas como Bolsa Verde en Brasil, Socio Bosque en Ecuador y Programa Bosques en Perú ofrecen transferencias monetarias o en especie a personas y comunidades de bajos ingresos que contribuyen a conservar los ecosistemas nativos.
Además del apoyo financiero, estos programas suelen incluir asistencia técnica, capacitación y oportunidades para fortalecer medios de vida sostenibles, permitiendo que las comunidades locales actúen como guardianas de la naturaleza a largo plazo.
Los resultados son tangibles: Bolsa Verde contribuyó a una reducción del 22% en la deforestación de asentamientos amazónicos, mientras que Socio Bosque logró reducciones de hasta 1,5%, particularmente a través de contratos colectivos.
Transformar un círculo vicioso en un círculo virtuoso requiere fortalecer la protección social, desarrollar sistemas adaptativos con protocolos claros y financiamiento de contingencia, e impulsar programas socioambientales con enfoques territoriales.
La participación de las comunidades vulnerables y de las poblaciones locales es fundamental para garantizar que estas iniciativas sean efectivas y sostenibles.
La protección social desempeña un papel central para promover el desarrollo inclusivo, fortalecer la resiliencia y apoyar la sostenibilidad de largo plazo. Al invertir en sistemas integrados y adaptativos, los países amazónicos pueden ampliar oportunidades, fortalecer los medios de vida y construir una mayor resiliencia frente a los desafíos del futuro.
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Nota: Este artículo de blog forma parte de un esfuerzo conjunto desarrollado en colaboración con equipos de todo el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), con contribuciones de Arturo José Galindo y Nadia Rocha.
Palabras clave:
Protección Social