- Los desastres recurrentes están amplificando las vulnerabilidades en América Latina y el Caribe, afectando de forma desproporcionada a los hogares más pobres.
- La protección social adaptativa es clave para anticipar y responder a choques, no solo para reducir pobreza, sino para construir resiliencia.
- Un modelo de madurez desarrollado por el BID para medir el nivel de desarrollo de estos sistemas adaptativos en los países muestra avances, pero también brechas importantes, especialmente en el uso de datos, la cobertura y la acción anticipatoria.
América Latina y el Caribe (LAC) enfrenta un triple desafío: crecientes demandas sociales, gobiernos con muy poco margen para invertir y un bajo crecimiento económico. Estos factores se refuerzan mutuamente y se ven agravados por un entorno de riesgos cada vez más complejo, en el que los desastres, las condiciones ambientales extremas y las crisis económicas, sanitarias y migratorias actúan como choques recurrentes que amplifican las vulnerabilidades existentes.
Sequías, inundaciones y huracanes están generando pérdidas económicas significativas, daños a la infraestructura y un aumento de la inseguridad alimentaria. Estos eventos afectan de manera desproporcionada a los hogares más pobres y vulnerables, profundizando desigualdades estructurales y limitando las oportunidades de quienes enfrentan altos niveles de informalidad laboral.
En este contexto, el BID acompaña a los países de la región en el fortalecimiento de sistemas de protección social más adaptativos, capaces de anticipar, responder y proteger a la población frente a desastres y otros eventos extremos, como una condición esencial para construir resiliencia y bienestar en el largo plazo.
En las últimas dos décadas, la región ha logrado avances notables en la consolidación de sus sistemas de protección social, especialmente a través de la expansión de programas no contributivos que han mejorado la cobertura de los hogares más vulnerables. Sin embargo, persisten desafíos estructurales: instituciones que operan de manera descoordinada, grupos de la población excluidos de la cobertura, brechas entre los beneficios que reciben quienes cotizan en la seguridad social y quienes dependen de programas financiados por impuestos, y la necesidad de asegurar la sostenibilidad financiera de las intervenciones.
La pandemia de COVID-19 fue un punto de inflexión: evidenció que la protección social no solo contribuye a reducir la pobreza, sino que también constituye el primer escudo frente a crisis sistémicas. Los países que contaban con sistemas más desarrollados lograron responder con mayor rapidez y eficacia, desplegando transferencias monetarias, seguros de desempleo y servicios de cuidado que amortiguaron los impactos sobre los hogares.
Hoy, invertir en protección social adaptativa significa avanzar hacia sistemas más flexibles, inclusivos y preparados para el futuro. No se trata únicamente de responder a emergencias, sino de anticiparlas y gestionarlas de manera costo-efectiva, fortaleciendo la resiliencia y sostenibilidad de las políticas sociales en toda la región.
Para abordar esta pregunta, en el BID elaboró el Modelo de madurez de protección social adaptativa, una herramienta que permite evaluar el nivel de preparación y capacidad de respuesta de los países ante emergencias, al mismo tiempo que fortalece la resiliencia y adaptación de los hogares frente a los desastres y otros eventos adversos.
El modelo ofrece una visión integral de los sistemas de protección social en la región, considerando programas contributivos, no contributivos y servicios de cuidado. Además, incorpora de manera transversal la gestión de amenazas naturales y otros eventos extremos, así como el papel de la transformación digital como factores clave para mejorar la eficiencia, la interoperabilidad y la flexibilidad institucional.
El marco de análisis se estructura en siete dimensiones interrelacionadas, que en conjunto permiten diagnosticar el grado de madurez de cada sistema. Estas son:
1) Contexto
2) Gobernanza y financiamiento
3) Cobertura y adaptación de servicios y programas
4) Infoestructura e infraestructura
5) Capacidad de gestión y coordinación intersectorial
6) Servicios y puntos de acceso para la ciudadanía
7) Protección social informada, entendida como la capacidad de utilización de los datos, incluidos los provenientes de sistemas de información climática y de alerta temprana, para orientar la preparación y respuesta de la protección social adaptativa.
Los resultados del análisis muestran que, en promedio, 13 países de la región alcanzan un 54% de madurez en protección social adaptativa. Los niveles más altos se observan en Brasil (71%), Chile (70%), República Dominicana (64%) y Perú (63%). Si bien estos resultados reflejan avances relevantes, ningún país supera el 80%, lo que indica que persisten brechas significativas en el fortalecimiento de estos sistemas.
Las dimensiones con mayores progresos son la capacidad de gestión y coordinación interinstitucional (65%) y la gobernanza y el financiamiento (62%), impulsadas por la experiencia acumulada en la implementación de programas de transferencias monetarias y por el desarrollo reciente de marcos normativos y estrategias nacionales en protección social adaptativa.
En contraste, las áreas con menores niveles de avance son protección social informada (42%) y cobertura y adaptación de servicios y programas (44%). En estas dimensiones persisten brechas relevantes en el uso de datos, la integración con sistemas de alerta temprana y la extensión de la cobertura de programas regulares, en particular los seguros de desempleo y servicios de cuidado.
Avanzar hacia sistemas de protección social adaptativa requiere progresos sostenidos en los siete componentes del modelo, especialmente en el uso de datos para anticipar y preparar respuestas antes de que ocurran los choques. En este aspecto, República Dominicana marca un precedente al usar de forma sistemática la información de su registro social para activar apoyos de manera anticipada.
Si bien los registros sociales han sido herramientas fundamentales, todavía hay mucho por hacer en el uso de información climática, la articulación con los sistemas de alerta temprana y los mecanismos de evaluación de daños y necesidades que se activan cuando acontecen los desastres.
En resumen, la protección social adaptativa se encuentra todavía en una etapa temprana de consolidación en LAC. La pandemia aceleró su desarrollo, pero las diferencias entre países siguen siendo considerables. El desafío hacia adelante es fortalecer la resiliencia previa a los desastres, mejorar la adaptación frente a las amenazas naturales y promover la acción anticipatoria, para construir sistemas de protección social verdaderamente adaptativos y capaces de cuidar a quienes más lo necesitan.
Si desea conocer cómo los países pueden avanzar hacia sistemas más sólidos y preparados frente a riesgos futuros, consulte el panel de resultados para 13 países del Modelo de madurez de protección social adaptativa aquí y el informe regional aquí.
Palabras clave:
Protección Social