- Prevenir la violencia escolar protege el aprendizaje: la evidencia muestra efectos en asistencia, desempeño y continuidad educativa que pueden persistir por años.
- El acompañamiento a las víctimas debe ir más allá del episodio: el apoyo académico y psicológico sostenido puede ayudar a proteger sus trayectorias educativas.
- Medir mejor permite actuar mejor: sistemas sólidos de información, denuncia y seguimiento ayudan a identificar riesgos y orientar respuestas más efectivas.
La violencia escolar es una de las experiencias más extendidas —y a la vez más invisibles— de la vida escolar. Las encuestas internacionales muestran su magnitud: alrededor de un tercio de los estudiantes reporta haber sufrido acoso escolar en el último mes o un ataque físico en el último año. Sin embargo, sabemos mucho menos sobre sus consecuencias de mediano y largo plazo: ¿logran las víctimas recuperarse una vez que el episodio se da por cerrado, o quedan huellas que persisten en sus trayectorias educativas? Responder esta pregunta exige datos que rara vez están disponibles: información que permita identificar a las víctimas y seguirlas en el tiempo. Sin esa medición, el costo real de la violencia escolar permanece oculto.
Esta entrada hace parte de Escuelas que Cuidan, una serie del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) que reúne evidencia y experiencias sobre cómo los sistemas educativos pueden contribuir a prevenir la violencia y construir entornos más seguros para niños, niñas y adolescentes. Desde Chile, esta contribución aporta una mirada clave: qué ocurre con las víctimas después de un episodio de violencia escolar y por qué prevenir, identificar y acompañar a tiempo es fundamental para proteger sus trayectorias educativas.
Nuestro estudio ofrece evidencia sobre esta pregunta a partir de los registros administrativos del sistema educativo chileno. Desde 2012, Chile cuenta con un sistema centralizado de denuncias de violencia escolar gestionado por la Superintendencia de Educación, que permite identificar a las víctimas, el tipo de violencia reportada y el establecimiento involucrado. La disponibilidad de datos administrativos anonimizados hace posible vincular estos reportes con las trayectorias educativas de los estudiantes.
Esta combinación de datos, inusual tanto en América Latina como en el mundo, nos permite no solo identificar a las víctimas, sino también estimar los efectos causales de violencia escolar sobre sus trayectorias educativas. En nuestra investigación, analizamos más de 17.000 denuncias de violencia escolar entre 2014 y 2019, comparando a las víctimas con otros estudiantes que tenían trayectorias educativas similares hasta el momento del reporte.
Los efectos inmediatos son notables. En el mes en que se registra la denuncia, la asistencia de las víctimas cae bruscamente entre 11 y 17 puntos porcentuales, según el tipo de violencia. A lo largo del año, la inasistencia acumulada sube entre 5 y 7 puntos porcentuales, lo que equivale a un 45-60% más que entre los estudiantes del grupo de comparación. Dichos efectos negativos también se reflejan en el desempeño académico: las notas caen entre 0.08 y 0.14 desviaciones estándar y la probabilidad de repetir el curso casi se duplica (ver Figura 5 'Efectos sobre el desempeño académico' en la página 34 del estudio). Si bien estos efectos son más pronunciados en el año de la denuncia, estos persisten por lo menos durante cuatro años después del reporte.
Cuatro años después de la denuncia, alrededor del 50% de las víctimas ha cambiado de colegio. En el caso de las víctimas de violencia por parte de adultos, los traslados tienden a ser hacia establecimientos con peores resultados académicos. El abandono escolar aumenta entre 1 y 3 puntos porcentuales durante ese período, y los efectos siguen presentes durante todo el período de la ventana de observación.
Estos efectos negativos persistentes también se ven reflejados en variables de largo plazo. Las víctimas de violencia cometida por adultos tienen 8 puntos porcentuales menos de probabilidad de terminar la enseñanza media (una reducción del 10% respecto a la tasa base). Para quienes sufrieron violencia por parte de otros estudiantes, la caída es de 5 puntos porcentuales. En la graduación a tiempo, las brechas son aún mayores: 11 y 8 puntos porcentuales, respectivamente. La probabilidad de matricularse en educación superior también se reduce entre 1.4 y 3.4 puntos porcentuales en el caso de la violencia por adultos, y entre 1.2 y 2.6 puntos para la violencia entre pares. Las víctimas que sí ingresan a la universidad tienen más probabilidades de matricularse en programas de menor calidad.
Uno de los resultados más relevantes del estudio proviene de las encuestas de clima escolar del sistema chileno, en el que se miden distintas variables psicológicas y de clima escolar. Durante el año del reporte, el estudio muestra que la percepción de la violencia física y verbal por parte de otros estudiantes se incrementa de forma sustancial (ver Figura 8 'Efectos sobre la percepción de violencia física y verbal' en la página 37 del estudio), mientras que otros factores, como el sentido de pertenencia de las víctimas, caen alrededor de 0.32 desviaciones estándar. Lo paradójico es que estos efectos son temporales y solo se observan en el año de la denuncia. Al año siguiente, la percepción de la violencia vuelve a los niveles previos al reporte. Sin embargo, aunque el daño psicológico es temporal, el impacto sobre la trayectoria educativa de las víctimas persiste en el tiempo.
La investigación también muestra que la violencia ejercida por adultos genera consecuencias más severas y duraderas que la violencia entre pares, a pesar de recibir mucha menos atención académica y mediática. Esto no se debe a que la violencia física sea más frecuente entre adultos: en Chile el castigo corporal está prohibido. Lo que revelan las denuncias es otra cosa. Se trata, sobre todo, de humillación: docentes que ridiculizan o menosprecian a estudiantes delante de sus compañeros, muchas veces dirigida justamente hacia quienes tienen peor rendimiento académico o registran problemas de conducta. Esta violencia psicológica, ejercida por figuras de autoridad, tiene un impacto profundo y persistente sobre las trayectorias de vida de los estudiantes. El daño no solo afecta cómo se siente la víctima en la escuela, sino que tiene consecuencias en el mediano y en el largo plazo.
La política escolar en la región tiende a enfocarse en la respuesta: protocolos de denuncia, sanciones y mediación. Pero nuestros resultados muestran que eso no basta. Detener la violencia no elimina el daño ya causado. Las víctimas necesitan apoyo académico y psicológico sostenido en los años posteriores al episodio.
Hay cuatro implicaciones directas de estos hallazgos para los sistemas educativos de América Latina y el Caribe:
- Medir es una condición necesaria para saber qué hacer. El caso chileno ilustra el valor de contar con sistemas de información robustos: la Superintendencia de Educación dispone de un mecanismo centralizado que permite a las familias denunciar episodios de violencia e identificar formalmente a las víctimas. A su vez, las encuestas de clima escolar incluyen una batería amplia de indicadores psicológicos, como sentido de pertenencia, percepción de victimización, expectativas docentes, que permiten diagnosticar el impacto de la violencia más allá de sus efectos académicos. Sin datos de calidad, no es posible saber dónde ocurre la violencia, quiénes son las víctimas ni qué tipos de apoyo necesitan. Invertir en sistemas de registro, denuncia y seguimiento es, en sí mismo, una política de protección.
- La prevención debe ser la prioridad. Los sistemas de detección temprana, la formación docente en convivencia escolar y los programas de clima escolar son inversiones con retornos medibles en las trayectorias de los estudiantes.
- La violencia por parte de adultos merece atención específica. Su impacto es mayor, está menos estudiado y probablemente está subregistrado. Los mecanismos de denuncia deben ser seguros, accesibles y confiables.
- El apoyo a las víctimas debe continuar después del episodio. Las consecuencias académicas persistentes, como mayor ausentismo, mayor riesgo de abandono, menor probabilidad de titularse, requieren intervenciones sostenidas en el tiempo, no solo en los primeros meses después del reporte.
La violencia escolar no es solo un problema de convivencia. Es un obstáculo al aprendizaje, a la graduación y, en última instancia, al acceso a mejores oportunidades de vida.
Los datos de Chile muestran que el sistema puede y debe hacer más: no solo registrar las denuncias, sino garantizar que las víctimas tengan la posibilidad de continuar sus trayectorias educativas sin cargar con todas las consecuencias negativas de haber estado expuestas a episodios de violencia.
Prevenir la violencia también es proteger las trayectorias educativas.
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