El reglamento del Acuerdo de París aún debe ser finalizado en Glasgow. La COP 26 tendrá que garantizar que las negociaciones den lugar a normas que pongan en funcionamiento mecanismos, de mercado y fuera de mercado, para la mitigación de las emisiones de GEI, es decir, finalizar el artículo 6 del Acuerdo de París.
Una edición recién publicada de la revista británica, The Economist, resaltó que 2021 probablemente será uno de los años más fríos del siglo XXI (aunque esta ha sido la década más caliente de la historia) dado que la comunidad internacional ha sido incapaz de reducir a las emisiones, que están impulsando el calentamiento global.
Los bancos nacionales de desarrollo (BND) históricamente han promovido el crecimiento y el desarrollo mundial, mediante el apoyo a las políticas públicas y la aceleración de sus objetivos. Sin embargo, ha habido un importante renacimiento de los BND en la última década por dos razones principales.
Estamos presenciando una crisis ecológica sin precedentes, que va desde el declive de muchas especies causado por la sobrepesca y los plásticos vertidos en el océano, hasta las explosiones de ductos petroleros en el golfo de México.
Aunado a los impactos del cambio climático en las zonas costeras del mundo como el aumento del nivel del mar y la acidificación de los océanos, ante esta doble crisis, los gobiernos deben incrementar sus esfuerzos para proteger los ecosistemas marino-costeros y desarrollar modelos innovadores para el aprovechamiento sostenible de los recursos del mar.
Las consecuencias de la crisis climática se están experimentando en todo el mundo. Desde las intensas inundaciones en Turquía y China, las abrasadoras olas de calor en los Estados Unidos hasta los devastadores incendios forestales en Grecia. Los fenómenos meteorológicos extremos se han vuelto más intensos y más frecuentes, y se espera que empeoren.
A inicios de esta semana, el Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático (IPCC) publicó su sexto informe sobre la ciencia física del cambio climático.
Hasta que las vacunas o tratamientos eficaces estén ampliamente disponibles, las máscaras faciales, el distanciamiento social y otras intervenciones no farmacológicas (INFs) seguirán siendo la defensa de primera línea de América Latina y el Caribe contra el Covid-19.
Muchos países de la región han utilizado campañas de información estratégicamente formuladas para tratar de aumentar el cumplimiento de las recomendaciones de INF. Según los defensores, tales "pequeños empujones" son un medio relativamente de bajo costo para ralentizar la propagación del Covid-19.
Perú ha sido fuertemente golpeado por la pandemia y enfrenta una de las crisis más profundas de los últimos 50 años. Sumado a la mayor mortalidad por persona en el mundo, durante el 2020 el país sufrió de un impacto económico equivalente a más del 20% del PIB (US$ 35.8 mil millones). Por su parte, las olas de calor sin precedente en América del Norte y las inundaciones en Europa nos recuerdan que otra crisis amenaza el bienestar y el desarrollo económico en el mundo entero: el cambio climático.
Para lograr una recuperación y uncrecimiento sostenible, resilientey de cero emisiones netas, América Latina y el Caribe deberá realizar transformaciones estructurales fundamentales en su estilo de crecimiento. Esto incluye acelerar latransiciónhacialacarbononeutralidad, reducir la deforestaciónypromover las soluciones basadas en la naturaleza,estimularel cambiohaciavehículos eléctricos, y fomentar la inversión en energías renovables.
Los países de la región han estado implementando programas de sanidad animal desde hace varias décadas. Lo que empezó como iniciativas de reducción de la prevalencia de fiebre aftosa en los 70s y 80s avanzó hacia programas de fortalecimiento institucional, especialmente en la modernización de normas e inversiones en infraestructura en los 90s.
Las consultas públicas, los actos abiertos en los que se presentan y discuten proyectos con la comunidad y otros grupos de interés, se han convertido en un hito central para la aprobación de ciertos proyectos e inversiones. De hecho, muchos inversionistas públicos y privados han optado por reconocer el proceso de consulta pública como un requisito esencial de su política corporativa, independientemente de si se trata de una obligación regulatoria local.