La crisis por la COVID-19 ha generado importantes desafíos económicos y sociales para los países de América Latina y el Caribe, creando al mismo tiempo oportunidades y riesgos para la implementación de la agenda ambiental por parte de los gobiernos nacionales (PNUMA 2020).
En 2022 es necesario redoblar los esfuerzos para abordar la crisis climática. 2021 ha sido el séptimo año consecutivo en el que la temperatura global ha estado más de 1 °C por encima de los niveles preindustriales, y se espera que los gobiernos impulsen sus planes para lograr el objetivo global de cero emisiones netas para 2025.
En América Latina y el Caribe (ALC), el uso ineficiente y no sostenible de insumos agrícolas sigue contribuyendo a la sobreexplotación y contaminación de los recursos naturales de la región, amenazando la biodiversidad y poniendo en riesgo la sostenibilidad de la producción agropecuaria. La región enfrenta presiones vinculadas al cambio de uso del suelo y a la deforestación, principalmente debido a la agricultura comercial, lo cual plantea una amenaza al medio ambiente y la biodiversidad, y contribuye de forma significativa al cambio climático.
Poblaciones vulnerables, mujeres y trabajadores informales vuelven a ser los más impactados durante la tercera ola de contagios en el Perú. Se ha alcanzado más de 3 millones de casos positivos al 24 de enero de 2022, con un promedio de más de 50,000 nuevos contagios reportados cada día. La crisis sanitaria y económica ha recaído sobre estos grupos sociales que sufren los efectos más graves desde el principio de la pandemia.
A medida que iniciamos el tercer año de esta pandemia zoonótica, la acción de la naturaleza y las finanzas verdes se han vuelto más relevantes.
La crisis económica y sanitaria a la que nos estamos enfrentando ha puesto de manifiesto la necesidad de reforzar la responsabilidad y el desempeño socioambiental. En la actualidad, existen infinidad de códigos, normas y buenas prácticas ambientales y sociales reconocidas internacionalmente que definen las reglas y los objetivos a los que debemos apuntar. Sin embargo, el desafío está en su implementación.
El transporte se ha convertido en una de las principales fuentes de emisión de gases de efecto invernadero en el sector energético de Brasil. Los datos del Observatorio del Clima indican que el sector representó el 47% de las emisiones totales de energía en 2019, y el transporte de carga representó el 40% de este total; las emisiones provienen principalmente de la quema de combustibles fósiles, especialmente gasolina y diésel.
Las buenas prácticas para la acción climática y el desarrollo fueron centrales en las discusiones de la COP26. América Latina y el Caribe ofrece un territorio de un sinfín de soluciones orientadas a promover la adaptación y la mitigación de la que tanto países grandes y pequeños pueden replicar y adaptar de acuerdo a sus necesidades y contextos. Incluir cambio climático en temas de desarrollo ya es prioritario para muchos países que consideran los impactos ambientales en las inversiones de infraestructura y en los sectores más vulnerables.
Más de 140 países en la reciente COP26 en Glasgow acordaron detener y revertir la pérdida de bosques y la degradación de la tierra para 2030, a la vez que logran desarrollo y una transformación rural inclusiva.
El 2021 fue un año importante para el BID en términos de la gestión de riesgos e impactos ambientales y sociales de nuestros proyectos, con la entrada en vigor del Marco de Política Ambiental y Social, que armoniza y moderniza las políticas existentes e incluye nuevas directrices en áreas que previamente no estaban cubiertas.