Promover una mayor equidad de género en las administraciones públicas tiene el potencial de mejorar la calidad del servicio prestado a los ciudadanos y fortalecer el empoderamiento de las mujeres en la economía, factores que pueden impulsar el crecimiento económico inclusivo y sostenible y la creación de sociedades más justas, de acuerdo con la Agenda de Desarrollo Sostenible 2030.
La recaudación tributaria en América Latina y el Caribe (ALC) persiste como un gran desafío para sus gobiernos. Los índices de evasión fiscal siguen siendo significativos a pesar de grandes esfuerzos por parte de administraciones tributarias (AT) en el fortalecimiento de sus capacidades.
A medida que las economías continúan recuperándose del shock del COVID-19, los gobiernos se están encontrando con la necesidad de realizar ajustes fiscales importantes para reestablecer la sostenibilidad de la deuda. En este contexto, el gran desafío consiste en diseñar planes fiscales que además de contribuir a sanear las finanzas públicas, puedan ser amigables al crecimiento económico inclusivo, y así promover el bienestar ciudadano.
Entre los roles fundamentales de los gobiernos está la provisión de bienes y servicios públicos y, la recaudación de ingresos públicos para su financiamiento. Como administrador del dinero de los ciudadanos, el gobierno debe garantizar que el gasto público sea de calidad, es decir, que sea destinado a resolver las demandas y necesidades sociales y económicas, y que sea ejercido de manera eficiente, eficaz, y transparente.
Los diálogos sobre el cambio climático de la ONU realizados en Glasgow en diciembre pasado, se leen como la apertura de la novela de Charles Dickens, Historia de dos ciudades: “…era la época de la luz, era la época de las tinieblas, era la primavera de la esperanza, era el invierno de la desesperación…”
El uso de la facturación electrónica (FE) se ha venido consolidando en América Latina y el Caribe, generando amplios beneficios para las administraciones tributarias y aduaneras, así como para los contribuyentes. Este instrumento ha sido utilizado en gran medida para las transacciones domésticas a fines de mejorar el cumplimiento tributario, reducir el fraude y mejorar la calidad del servicio al contribuyente.
La modernización de los sistemas de información de la nómina y pago de personal en el sector público es clave para mejorar la gestión de los recursos humanos, monitorear el gasto público, y modernizar la gestión financiera pública en América Latina y el Caribe (ALC).
Estos sistemas pueden ayudar a promover economías de escala y una mayor eficiencia operacional, pues el gasto con personal del sector público en ALC alcanza alrededor del 30% del total del gasto público y es muy relevante para la sostenibilidad y transparencia fiscal.
La crisis del COVID-19 impactó las finanzas públicas en todos los países. La contracción económica provocó una caída de los ingresos, mientras que las necesidades de gasto público aumentaron para atenuar los efectos económicos y sociales de la pandemia. Esto ha desencadenado, o intensificado, desequilibrios en las cuentas públicas que implican un aumento de la deuda pública.
En los últimos años, las administraciones tributarias (AT) de América Latina y el Caribe (ALC) han realizado avances muy encomiables hacia la transformación digital de la función tributaria, especialmente visibles en la extensión del uso de la factura electrónica (FE) en varios países de la región. Sin embargo, la adopción de técnicas de análisis avanzado de los datos generados por estos procesos de digitalización, comunes en organizaciones privadas y administraciones tributarias de países desarrollados, parece no haber progresado en la misma medida.
América Latina y el Caribe es una de las regiones del mundo más vulnerables a los impactos climáticos, lo que implica grandes retos para los gobiernos y, en particular, los ministerios de finanzas y planificación.