De acuerdo con la teoría clásica (Di John, 2006), una reforma fiscal es un proceso que podemos analizar desde tres perspectivas: la económica (¿qué resultado quiero alcanzar?), la administrativa (¿puedo lograrlo con la administración tributaria que tengo?) y la de economía política (¿tengo mayoría en el parlamento?).
El reciente informe de la Organización Meteorológica Mundial describe los efectos devastadores de los eventos climáticos extremos y los impactos del cambio climático en América Latina y el Caribe. En toda la región, los países están siendo fuertemente afectados por inundaciones, sequías, olas de calor y huracanes, los cuales han causado la pérdida de cientos de vidas, grandes daños a la infraestructura y desplazamientos de población.
América Latina y el Caribe (ALC) presenta una elevada desigualdad económica regional que se refleja en materia fiscal, mediante diferencias en ingresos, gasto público y financiamiento, determinando la capacidad de los gobiernos subnacionales (GSN) de proveer los bienes y servicios públicos a su cargo. En varios países de la región, dichas disparidades han sido acentuadas por las transferencias que reciben los GSN vinculadas a los ingresos fiscales por industrias extractivas, como minerales e hidrocarburos.
La creciente globalización de los últimos 40 años ha aumentado la importancia de una mayor cooperación tributaria internacional (CTI) para combatir la evasión fiscal y evitar la erosión de la base de la imposición a la renta mediante el traslado de beneficios entre jurisdicciones.
En este blog discutiremos los principales avances en esta cooperación tributaria internacional, la participación de América Latina y el Caribe en este proceso y las oportunidades futuras para la región.
El cambio climático presenta desafíos enormes para los países de América Latina y el Caribe. Por esta razón resulta fundamental para la política pública hacer un seguimiento permanente de los gastos asociados a las políticas públicas climáticas, así como los gastos públicos derivados de los impactos del cambio climático.
Mientras siguen luchando por recuperarse del impacto económico de la pandemia, los países de América Latina y el Caribe (ALC) se enfrentan a retos sin precedentes con un espacio fiscal limitado. Encontrar la estrategia de gasto adecuada es más importante que nunca.
En el cuarto trimestre de 2021, 137 países llegaron a un acuerdo sin precedentes respecto a la reforma de aspectos internacionales del Impuesto a la Renta de Sociedades (IS) en el Marco Inclusivo sobre BEPS (erosión de la base imponible y traslado de beneficios) coordinado por la OCDE.
Los gobiernos subnacionales (GSN) son esenciales para el desarrollo económico, tanto por su proximidad con los ciudadanos, como por ser responsables de servicios públicos que hacen al bienestar cotidiano de la población: desde la mejora del espacio público, recolección de basura y suministro de agua, saneamiento y transporte público; hasta la provisión de infraestructura; pasando por los servicios de educación y salud.
Gran parte de la región de América Latina y el Caribe (ALC) está muy cerca de tener que embarcarse en procesos de consolidación fiscal para reducir sus déficits presupuestarios y endeudamiento, después de más de dos años aumentando su gasto para responder a la emergencia sanitaria y económica causada por la pandemia del COVID-19.
La contracción económica originada a partir de la pandemia ha generado grandes desequilibrios fiscales que llevarán a los gobiernos de América Latina y el Caribe (ALC) a impulsar políticas de consolidación fiscal para aumentar los ingresos y reducir los gastos.