Todos los países de la región han suscrito el Acuerdo de París, cuyo objetivo es incrementar la resiliencia y la capacidad adaptativa de los países, así como estabilizar el calentamiento global por debajo de los 2 °C y lo más cerca de 1,5 °C.
Uno de los principales desafíos de la descentralización fiscal y de los gobiernos subnacionales en América Latina y el Caribe es que estos últimos cuenten con las capacidades institucionales para cumplir con sus responsabilidades y puedan responder a las demandas de la ciudadanía y del desarrollo sostenible.
La transformación digital está cambiando la forma en que las administraciones públicas se relacionan con los ciudadanos, permitiéndoles satisfacer las necesidades de sus ciudadanos de forma más rápida, justa y transparente. Un área prometedora para los gobiernos es la creación de Administraciones Tributarias 3.0 mediante el uso de tecnologías digitales para proporcionar un servicio más ágil y sin fricciones para los ciudadanos y las empresas.
Una vez más, la coyuntura económica global está obligando a los gobiernos de América Latina y el Caribe a realizar ajustes fiscales importantes para reestablecer la sostenibilidad de la deuda pública. En una nueva investigación del BID buscamos responder dos preguntas que son fundamentales para este esfuerzo:
Dentro de la región latinoamericana, Chile ha sido considerado como un país ejemplar en la conducción de su política fiscal durante la mayor parte de las últimas tres décadas debido a los avances logrados a través de progresos institucionales, con mejoras en las prácticas y diseñando reglas.
La pandemia del COVID-19 tuvo durante 2020 un efecto negativo sobre las finanzas subnacionales en América Latina y el Caribe (ALC), que se revirtió parcialmente en 2021, de acuerdo con un análisis de las finanzas subnacionales de la región entre 2019 y 2021 realizado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la Comisión Económica para América Latina (CEPAL), utilizando datos de la Plataforma de Información Fiscal Subnacional de América Latina y el Caribe.
En las últimas tres décadas, ha habido un esfuerzo masivo para implementar la presupuestación basada en resultados (PbR), también conocida como presupuestación por desempeño, en gran parte del mundo en desarrollo. La principal premisa del PbR es promover una gestión más efectiva del gasto público a través de adopción de criterios e indicadores para evaluar los resultados e impactos de la acción gubernamental.
Para combatir el cambio climático, muchos países están empezando a adoptar la presupuestación verde (Green Budgeting), que posibilita la inclusión de medidas relacionadas a la descarbonización en todo el ciclo del proceso presupuestario y de la gestión de las finanzas públicas. Este tipo de presupuestación es fundamental para que los gobiernos puedan medir sus resultados y tener una comprensión más clara del impacto ambiental y climático del gasto público.
Para poder responder a los desafíos del cambio climático, los gobiernos tendrán que adaptar sus procesos de gestión para tener mejor información y control sobre el gasto público y fortalecer su capacidad de promover una transición justa y equitativa a economías con bajas emisiones en carbono.
Desde los años noventa, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) ha apoyado financieramente numerosos proyectos destinados a fortalecer los sistemas de información de soporte a la gestión presupuestaria, financiera y contable del sector público de un conjunto de países de América Latina y el Caribe.