Gestión fiscal

Las reglas fiscales se han convertido en una herramienta de política frecuente para promover la sostenibilidad de las finanzas públicas: el número de países con al menos una regla fiscal ha pasado de 10 en 1991 a más de 100 en 2021. Aunque las reglas fiscales prometen apoyar la disciplina fiscal y respaldar la sostenibilidad de la deuda, su historial suele ser mixto, ya que la simple adopción de una regla fiscal no garantiza necesariamente una mejora en el desempeño fiscal.

Los ministerios de economía y finanzas (MEF) desempeñan un rol en la respuesta de los gobiernos al cambio climático. Por un lado, pueden ayudar a los países a mejor gestionar los riesgos de los desastres naturales y de la transición energética en las cuentas públicas. De otro, a través de la tributación y de las políticas de gasto público, pueden influenciar la decisión de los agentes económicos y promover una transición justa y sostenible hacia economías de emisiones netas cero.

Los presupuestos son uno de los instrumentos de política pública más importantes de los gobiernos, ya que reflejan sus compromisos y estrategias, priorizando áreas en la agenda de los gobiernos. Por eso, su buena gestión es un elemento clave para asegurar la eficiencia y la efectividad del gasto público.

Los países de América Latina y el Caribe (ALC) enfrentan desafíos estructurales en su economías que parecen no tener solución: nuestro crecimiento económico es inestable y menor al de otras economías emergentes; nuestras tasas de desigualdad son las más altas del mundo; los recurrentes déficits fiscales llevan a que las deudas de nuestros gobiernos sean cada vez sea mayores; y el cambio climático amenaza nuestra naturaleza, infraestructura y calidad de vida de la población.

La pregunta sobre cómo la deuda pública afecta el crecimiento económico se ha estudiado por al menos más de dos siglos. Economistas como David Ricardo, en su libro seminal Principios de Economía Política y Tributación de 1817, concluyó que la deuda pública perjudica el crecimiento económico, ya que los impuestos requeridos para atender los servicios de esta impactan la asignación de recursos en la economía, distorsionando y perjudicando el crecimiento económico.

La igualdad de género es fundamental para lograr el crecimiento económico inclusivo de nuestros países. La evidencia muestra que la política fiscal no es neutral frente al género.

El enfoque del cumplimiento cooperativo actualmente es practicado por seis de cada diez administraciones tributarias (AT) en el mundo. Este tipo de iniciativa reduce los costos de cumplimiento y control tributario y fortalece la confianza entre la administración tributaria y el contribuyente, pero en Latinoamérica es aún escasamente adoptado.

Para combatir el cambio climático, los países necesitan reducir dramáticamente sus emisiones de dióxido de carbono. Las políticas de fijación de precio de carbono pueden ayudar a alanzar este objetivo porque establecen un impuesto o tasa a los responsables de este tipo de emisiones, y tienen por lo tanto el potencial de contribuir para mitigar el calentamiento global.

La contratación pública representa alrededor del 13-20% del PIB mundial, por lo que tiene el potencial de ser una importante herramienta a través de la cual los gobiernos promueven la igualdad de género.

La población latinoamericana, así como en el resto del mundo, está envejeciendo y eso representa un desafío para la sostenibilidad de los sistemas pensionales ahora vigentes.