Gestión fiscal

Más allá de la emergencia sanitaria, la pandemia ha dado un duro golpe a las economías de América Latina y el Caribe.

La pandemia del COVID-19 ha tomado al mundo por sorpresa, causando una emergencia sanitaria sin precedentes. Los países del Caribe adoptaron medidas de contención para frenar la propagación de la enfermedad y aplanar la curva basándose en las experiencias y lecciones previas alrededor del mundo. Las acciones abarcaron desde límites a las actividades sociales y cierre de los comercios no esenciales, hasta horas de toque de queda y cierres completos.

La adopción de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y el Acuerdo de París sobre cambio climático se constituye en una oportunidad para impulsar una nueva forma de desarrollo en los países de América Latina y el Caribe (ALC). En este contexto, la inversión pública en infraestructura y servicios se convierte en un elemento central para lograr un crecimiento sostenible e inclusivo.

La inversión pública en América Latina y América (ALC) ha sido duramente afectada por la pandemia del COVID-19.  Para 2020, se espera que la mitad de los países de la región disminuyan el gasto de inversión entre 0.1 y 2.8 % del PIB, de acuerdo con el World Economic Outlook. Esta reducción se añade a otras dos tendencias preocupantes en la región: invertimos poco y con escasa eficiencia.

En medio de la crisis del COVID-19, las inmediatas inversiones de los países en equipamiento médico e insumos de salud, darán paso a otros proyectos de mayor envergadura y plazo, en infraestructura médica, laboratorios, equipamiento e infraestructura para la ciencia, investigación y desarrollo. En este contexto, vale la pena recordar los aprendizajes relacionados con la gestión de los sistemas de inversión pública, que proporcionan el marco institucional para que la inversión pública sea eficiente y de calidad.

El crecimiento de la economía digital se ha acelerado en tiempos del COVID-19, lo que tiene importantes efectos impositivos. Necesitamos una buena definición de los hechos gravados que incluya las transacciones digitales y también métodos de recaudación eficaces y adaptados a la nueva economía; de lo contrario se seguirán gravando las actividades surgidas en la era analógica, mientras para las de la economía digital la base imponible se diluye.

Los gobiernos subnacionales (GSN) de América Latina y el Caribe (ALC) se encuentran en la primera línea de respuesta a la pandemia del coronavirus (COVID-19). Su relevancia se agiganta en estos días en que la tasa de contagio se viene acelerando en varios países de la región.

Hoy las tesorerías son más cruciales que nunca. En medio de la pandemia desatada por el COVID-19 resulta esencial que puedan seguir funcionando, puedan seguir transfiriendo recursos; y ahora, a una mayor cantidad de beneficiarios. El tiempo es clave.

Con la respuesta de política fiscal al COVID-19 en América Latina y el Caribe (ALC) se está abriendo la puerta a una dimensión desconocida en materia de riesgos fiscales. No es que se trate de una nueva clase de riesgos, es que su dimensión será desconocida.