El cambio climático tiene un efecto significativo en el sector agrícola, agravando su exposición a los peligros naturales debido al aumento de la variabilidad de los patrones climáticos y el aumento de la frecuencia y gravedad de los fenómenos climáticos extremos. En el caso de las granjas sudamericanas, se estima que las pérdidas medias de ingresos simuladas por el cambio climático en 2100 oscilarán entre el 12% para un escenario de cambio climático leve y el 50% en un escenario más severo.
Las posibles medidas de adaptación consisten esencialmente en inversiones en la reducción de riesgos y el aumento de la resiliencia, así como en la transferencia de riesgos residuales. El seguro agrícola proporciona una adaptación eficaz y eficiente a largo plazo para los riesgos no controlables, como la volatilidad de los rendimientos inducida por el cambio climático.
Los mercados de seguros agrícolas en la región de América Latina y el Caribe están en su mayoría subdesarrollados y tienen niveles de penetración muy bajos.
La solución innovadora propuesta por el Equipo de Gestión de Riesgos para reducir el impacto del cambio climático en la productividad del sector agropecuario es una alianza público-privada para el seguro de riesgos climáticos agrícolas que se implementará a través de un fondo de transferencia de riesgos financieros que facilite el acceso a los mercados de reaseguros, reduzca los costos de las primas de seguros y contribuya a un desarrollo sostenible de los mercados de seguros agropecuarios.
La implementación de este instrumento está diseñada bajo un marco integral para la adaptación al cambio climático y la reducción de riesgos (ver Gráfico 3) y contempla actividades paralelas para abordar las barreras de mercado que están inhibiendo el ingreso de las compañías de seguros a estos mercados, como el fortalecimiento de las capacidades técnicas locales y la mejora de la disponibilidad de información para evaluar los riesgos agrícolas.
Actualmente, el diseño e implementación de esta solución se está desplegando en dos países, Colombia y Bolivia. Para el caso de Bolivia, el Proyecto Piloto de Resiliencia Climática (PPCR) ha comprometido un préstamo concesional de US$10 millones en la segunda ronda de Acceso a Financiamiento Competitivo (BO-X1012), donde la propuesta fue clasificada en primer lugar por el panel de expertos independientes. Estos recursos se complementan con cerca de US$2 millones en donaciones de asistencia técnica del BID y el FOMIN y otros US$0,5 millones del Gobierno suizo. En el caso de Colombia, se está obteniendo una donación de US$18 millones del Fondo Verde para el Clima con US$2 millones de recursos de contrapartida del Gobierno colombiano.
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