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¿Quién decidirá el destino de los pescadores?

Prácticamente cada minuto suena un teléfono celular y su dueño se aleja discretamente de los otros hombres sentados en el perímetro de la oficina, para atender alguna cuestión privada de negocios.

La escena corresponde a una reunión de representantes de empresas pesqueras y propietarios de embarcaciones en Puerto Cabezas, en la Costa Atlántica de Nicaragua. Los participantes son los "peso pesados" de la economía de la ciudad, hombres que se mueven en costosos vehículos deportivos y cargan un manojo de llaves de su cintura. Ellos comandan las flotillas de embarcaciones de casco de acero que se hacen al mar en busca de langostas, camarones y peces que serán vendidos en Estados Unidos y Europa.

Pero a pesar de su situación económicamente privilegiada, no les faltan quejas: los bancos les niegan crédito, el precio de la gasolina aumenta cada semana y flotillas foráneas — con botes más grandes y mejores aparejos — están agotando los bancos de pesca.

Los empresarios pesqueros estaban especialmente preocupados por lo que estaba ocurriendo con las langostas y pedían al gobierno que hiciera algo al respecto. En contraste con la imágen tradicional de individualismo salvaje que rodea a la industria pesquera, reacia a interferencias gubernamentales, estos hombres de negocios pedían más regulaciones, aplicadas con más rigor.

"Los bancos de peces próximos a Honduras ya están explotados en exceso y eso va a ocurrir aquí si no hacemos algo", dijo Gustavo Merina, el presidente de la asociación. "Si la pesca es escasa, todos sufren, hasta los taxistas y dueños de negocios".

La asociación quiere una temporada fija para la pesca de langostas que impida una caída drástica en las existencias del crustáceo. La asociación afirma que en los últimos años sus miembros han podido mantener los niveles históricos de producción únicamente redoblando sus esfuerzos. Pide también que se prohiba pescar langostas que estén en período reproductivo y se limite el número de jaulas y buceadores por bote.

Pero aunque se adopten esas regulaciones no hay forma de aplicarlas, admiten los representantes de la asociación. En Puerto Cabezas, el ministerio de Protección Ambiental tiene un solo inspector "contra todos", como dijo un miembro de la asociación. Para ser efectiva, cualquier regulación que se apruebe debe estar respaldada por un cuerpo de funcionarios adecuadamente preparados y equipados con embarcaciones rápidas y también por la policía, si fuera necesario.

De mal en peor. Si la gente más poderosa de la industria pesquera se queja, ¿qué está ocurriendo con los más débiles del sector?

En otro lado de la ciudad, una segunda reunión para tratar cuestiones de pesca estaba a punto de comenzar. Hombres delgados de piel curtida y camisas escrupulosamente planchadas, algunos en muletas, se acercan a firmar el registro y se acomodan luego en unos bancos de madera.

Son los representantes del sindicato que agrupa a 660 buceadores que en embarcaciones a menudo destartaladas se aventuran mar adentro en busca de langostas. Viven abordo de ellas, apretujados entre canoas y equipos de buceo. Cuando llegan a un arrecife, usan las canoas para acercarse a puntos prometedores y se lanzan al mar en busca de sus presas que luego venderán al peso. A veces trabajan doce horas por día, normalmente ganan poco y siempre arriesgan mucho. (Para leer más sobre los peligros del buceo ver el enlace a la derecha).

Son los representantes del sindicato que agrupa a 660 buceadores que en embarcaciones a menudo destartaladas se aventuran mar adentro en busca de langostas. Viven abordo de ellas, apretujados entre canoas y equipos de buceo. Cuando llegan a un arrecife, usan las canoas para acercarse a puntos prometedores y se lanzan al mar en busca de sus presas que luego venderán al peso. A veces trabajan doce horas por día, normalmente ganan poco y siempre arriesgan mucho. (Para leer más sobre los peligros del buceo ver el enlace a la derecha).

Todos los miembros del sindicato, y casi todos los buceadores que trabajan en la Costa Atlántica, son indios miskitos. Como dijo un dirigente sindical, "los derechos de los indígenas y los derechos del pescador son la misma cosa, porque los pescadores son indígenas". Los participantes hablaban en español, aunque a menudo con titubeos. "Antes de hablar en español, pienso en miskito", aclaró uno de ellos.

Tenían una larga lista de quejas: bajo precio que se les paga por las langostas, falta de crédito, imposibilidad de utilizar barcas más grandes y así independizarse de las firmas comerciales, escasez de langostas, problemas de salud y falta de información. A diferencia de las grandes compañías, los buceadores no tienen acceso a la Internet para conocer el precio más reciente que se paga por la langosta y el mercado de crustáceos. Aunque tuvieran computadoras, el suministro de electricidad es demasiado errático para usarlas.

Muchos de los problemas de los buceadores tienen sus raíces en una administración pública poco efectiva. Las autoridades carecen de los recursos y capacitación necesarios para mantener la infraestructura, aplicar las regulaciones en materia laboral y de salud, y crear nuevas oportunidades económicas. Tampoco las autoridades son capaces de iniciar un diálogo con entidades locales, como el sindicato de buceadores, para consultas sobre el establecimiento de prioridades y la formulación de nuevos programas.

Una nueva iniciativa financiada por el BID para fortalecer el gobierno regional a lo largo de la Costa Atlántica de Nicaragua (ver enlace a la derecha) contribuirá a dar a las autoridades los medios y la preparación necesarios para trabajar con la población local. Aunque los dirigentes del sindicato de buceadores han escuchado muchas promesas en el pasado, se muestran cautelosos en sus esperanzas acerca del nuevo programa. Están en el último peldaño de la escala económica, de manera que no tienen nada que perder.

Los buceadores necesitan ayuda para negociar las reglas del juego con las grandes firmas pesqueras. "Las compañías se enriquecen a costa nuestra", asegura Alfredo Albarado, el presidente del sindicato. "No reconocen nuestros derechos. Somos sus esclavos".

El sindicato ha presentado a las grandes firmas una lista de 26 cuestiones que desea discutir. Albarado exhibió una copia, obviamente mecanografiada con una vieja máquina de escribir. El documento pinta un sombrío panorama para una profesión peligrosa. Algunas de los puntos citados eran la excesiva carga que llevaban las embarcaciones (el año pasado naufragaron dos botes y muchos buceadores perecieron ahogados); insuficiente equipo médico a bordo; mala alimentación; la exigencia de bucear a profundidades peligrosas; deficiente equipo de buceo; bajos precios y falta de consideración.

Finalmente, un punto especialmente peliagudo: "Cuando un buzo se pierde en alta mar, se debe exigir que el capitán del bote lo busque hasta encontrarlo".

Las grandes firmas sólo aceptaron discutir cinco de los 26 reclamos planteados. Uno de ellos fue la práctica de deducir el cinco por ciento del peso de las langostas en compensación por las algas que traen adheridas. "Eso no es justo", afirmó Elvis Dublón, un dirigente sindical. "No está justificado científicamente".

Cuando llegan a los 30 años de edad, casi todos los buceadores de la región han buscado otro empleo, o se encuentran incapacitados o han muerto por causas directamente relacionadas con su trabajo. Por una u otra razón no hay buceadores mayores de edad. "Somos desechables", dijo un dirigente sindical. "Cuando un buceador ya no puede trabajar, las compañías emplean a otro". Las compañías tampoco asumen suficiente responsabilidad por la incapacitación de los buceadores, denunció. Si un buceador contráe aeroembolia, la compañía le paga por 20 o 30 días y el costo de ponerlo en una cámara de descompresión, nada más. "Ni siquiera le compran una silla de ruedas y, si lo hacen, la silla está en muy mal estado", afirmó.

¿Cuántos buceadores han quedado paralíticos? Muchos, es la respuesta. Hombres acabados, en sillas de ruedas o caminando con muletas, mayormente invisibles en sus hogares o en los parques, incapacitados para ganarse el sustento y mantener a sus familias. Para muchos de ellos puede ser demasiado tarde, pero para otros un nuevo régimen basado en leyes efectivas, adecuada administración y participación de la población local puede todavía significar una diferencia.

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