Tomemos el caso de un taxista de México que solicita un préstamo hipotecario.
“Un taxista se muestra reacio a hablar de su ingreso por motivos de impuestos, y no conserva recibos que indiquen cuánto gana por día”, señala Mark D. Zaltzman, Director Financiero de Hipotecaria Su Casita, institución financiera mexicana que se especializa en el financiamiento de viviendas populares.
“La única forma en que se podría determinar el ingreso del taxista sería acompañándolo en el taxi el día entero, y es precisamente lo que haría un examinador. Antes de otorgar un préstamo, se necesita disponer de información adecuada.”
Zaltzman afirma que los cobros de su organización –una de las mayores fuentes de financiamiento hipotecario de México y cuyo activo sigue creciendo– se realizan en general mediante visitas domiciliarias periódicas. Si bien las familias de bajos ingresos tienen un buen historial de pago, un acontecimiento traumático, tal como un cuantioso gasto médico inesperado, puede generar circunstancias atenuantes.
“Cuando se trata de pagar medicamentos o una hipoteca, ya se sabe lo que se va a pagar primero”, indicó Zaltzman. “Si un banco hipotecario que presta servicio a familias de bajos ingresos se muestra demasiado agresivo en sus cobros, puede llegar a perder los ingresos provenientes del préstamo hipotecario. Conviene adoptar un método equilibrado”, dijo.
Zaltzman –uno de los tres miembros del panel que actuó durante la conferencia del BID sobre Oportunidades para la Mayoría celebrada en fecha reciente– planteó el tema de ofrecer soluciones de vivienda a familias de bajos ingresos.
También intervinieron en el panel –animado por el periodista Eduardo Kaplan de Dow Jones– Juan Pedro Pinochet Becerra, gerente general de la organización no gubernamental chilena Un Techo para mi País, y Eloísa Ulibarri, directora ejecutiva de la ONG costarricense Fundación Promotora de Vivienda (FUPROVI). Ambos recalcaron la necesidad de que los beneficiarios participen y sean habilitados en el proceso de generar oportunidades tendentes a mejorar la vivienda popular, tales como campañas para otorgar a ocupantes ilegales títulos de propiedad y micropréstamos que les permitan mejorar gradualmente sus viviendas.
Tanto Pinochet Becerra como Ulibarri señalaron la importancia de ofrecer capacitación, asistencia técnica, y crédito a las familias pobres para que puedan informarse sobre las oportunidades que existen de financiar mejoras en sus viviendas (por ejemplo, subvenciones públicas y fuentes de financiamiento de asociaciones público-privadas). Ulibarri comentó que había que modernizar las leyes y reglamentos a fin de motivar la inversión destinada al mejoramiento de viviendas de bajo costo.
Pinochet Becerra mencionó la relevancia de equipar los poblados de bajos ingresos con centros de reunión en los que los residentes pudieran intercambiar información y asumir el liderazgo del mejoramiento de sus comunidades. “La clave para erradicar la pobreza radica en mantener la red social”, afirmó. Dijo que, para solucionar los problemas de vivienda de las personas de bajos ingresos, las comunidades que albergan a ocupantes ilegales debían invertir en educación y salud con el objetivo de que los residentes pasen a disfrutar de un mejor nivel de vida.