Cientos de kilómetros de caminos rehabilitados. Puentes, escuelas, hospitales y redes de agua reparados. Una gradual recuperación en la producción agrícola e industrial. Inflación bajo control. Reformas en marcha en áreas clave del estado. Una democracia revitalizada en donde la sociedad civil está adquiriendo un papel más preponderante. En suma, un balance alentador para un país pobre que hacia fines de 1998 fue postrado por el huracán Mitch.
Esos son algunos de los logros que el gobierno y el pueblo de Honduras exhibieron el 7 y 8 de febrero ante delegados de países donantes y organismos multilaterales en un encuentro presidido por el Banco Interamericano de Desarrollo. La reunión de la comunidad cooperante, conocida como el Grupo Consultivo para la Reconstrucción y Transformación de Honduras, tuvo lugar en Tegucigalpa para evaluar cómo se recupera Honduras del peor desastre natural en su historia.
La evaluación de la comunidad internacional fue mayormente positiva, considerando el grado de destrucción que causaron las inundaciones y deslizamientos de tierra provocados por el Mitch y las adversas condiciones climáticas que sufrió Centroamérica durante 1999.
"Honduras tiene legítimos motivos de sentir orgullo por el auspicioso inicio de su Plan Maestro de Reconstrucción y Transformación Nacional", afirmó el gerente regional de operaciones del BID para México, Centroamérica, Haití y la República Dominicana, Miguel E. Martínez, quien presidió el encuentro. "Por otra parte, se ha vuelto a demostrar que la solidaridad de la comunidad internacional se traduce en logros concretos", agregó.
Casi 6.000 personas murieron y 8.000 más desaparecieron debido al paso del huracán, que causó pérdidas económicas y daños por más de 3.600 millones de dólares. En menos de una semana, cientos de miles de hondureños perdieron sus hogares, sus tierras y sus medios de ganarse la vida, cuando las crecidas arruinaron cultivos y plantaciones.
En mayo de 1999, en un encuentro celebrado en Estocolmo, la comunidad internacional se comprometió a aportar unos 2.800 millones de dólares en ayuda humanitaria, financiamiento a largo plazo y alivio de la deuda externa para apoyar los esfuerzos de los hondureños para reconstruir y modernizar su nación. Por su parte, Honduras se comprometió a respetar los principios de la Declaración de Estocolmo, la cual señala que donantes y beneficiarios trabajarán juntos para combatir la pobreza y promover el crecimiento dentro de un marco de democracia y respeto por los derechos humanos, transparencia y buen gobierno, descentralización y reducción de la vulnerabilidad social y ambiental.
Informes sobre progresos. En Tegucigalpa, el gobierno hondureño ofreció detallados informes sobre los planes de reconstrucción y transformación nacional con abundante información sobre las medidas tomadas para obtener financiamiento para los proyectos. También detalló los progresos logrados en la implementación de programas en áreas como educación, salud, vivienda, agricultura, forestación, manufactura, minería, turismo, servicios financieros, caminos, puertos, aeropuertos, agua corriente y alcantarillado, energía y telecomunicaciones.
Funcionarios hondureños informaron asimismo a los delegados visitantes sobre los esfuerzos emprendidos para reducir la pobreza y la vulnerabilidad ambiental, modernizar las instituciones de gobierno y negociar un mayor alivio de la deuda externa de la nación, que asciende a 3.900 millones de dólares. En su discurso, el presidente Carlos Roberto Flores describió a la deuda de Honduras como "uno de los mayores obstáculos para redimir socialmente a nuestro pueblo".
Los delegados recibieron también un informe de un grupo de seguimiento formado por naciones donantes y organismos multilaterales para verificar la implementación del plan hondureño. El informe encomió el hecho de que el gasto social estaba siendo orientado a los sectores más vulnerables de la población, especialmente en áreas rurales; sin embargo, exhortó al gobierno a adoptar políticas específicas para la protección de mujeres y niños pobres y comunidades indígenas. En el caso de la vulnerabilidad ambiental, el informe elogió el proyecto de ley sobre uso de tierras y administración de recursos forestales y los progresos en preparativos para casos de emergencia, pero apuntó que Honduras aún carece de las políticas necesarias para evitar la construcción de asentamientos humanos en zonas de alto riesgo.
Otro aspecto notable del encuentro de febrero fue la activa participación de la sociedad civil de Honduras. Aunque los diversos representantes del sector privado, de los sindicatos, del campesinado y de organizaciones indígenas y afrolatinas que tomaron parte en las discusiones a menudo criticaron al gobierno (además de criticarse unas a otras), sus participaciones fueron valoradas como indicio de una democracia vital y fortalecida. De hecho, las autoridades hondureñas reconocieron que la sociedad civil reclama profundas reformas de los tres poderes de gobierno, como también el uso de plebiscitos y referendos.
Sin embargo, el limitado desembolso de ayuda materializado hasta ahora, comparado con los voluminosos compromisos formulados en Estocolmo, revela la existencia de algunos cuellos de botella. Martínez instó a los donantes a trabajar con Honduras para fortalecer su capacidad de gestión de proyectos de manera de acelerar su implementación.
Necesidad de transparencia. El BID está trabajando con el gobierno de Honduras para promover la transparencia y el buen gobierno. Esta es una preocupación central de los hondureños y de los donantes, y puede pesar mucho en las perspectivas del país para atraer más capitales para modernizar su economía. Honduras sacó una baja calificación el año pasado en la encuesta anual de percepción de corrupción que lleva a cabo Transparency International, una organización no gubernamental con sede en Berlín.
El BID y varias naciones donantes quieren apoyar los esfuerzos de Honduras para hacer más eficiente y transparente su sistema estatal de contratación y adquisición. Según su diseño inicial, el programa tendría dos etapas: una temporaria para cubrir el período de reconstrucción y otra permanente para promover la modernización del sistema hondureño de controles y equilibrios.
Durante la etapa temporaria, se contrataría una firma consultora internacional para que realice auditorías al azar de los proyectos de reconstrucción, verificando sus aspectos técnicos, financieros y administrativos. Esas inspecciones se llevarían a cabo paralelamente a los controles establecidos por los diferentes donantes para los proyectos que financian. Los resultados de las auditorías serían entregados al gobierno hondureño, a los donantes y al público. Dado que el esfuerzo de reconstrucción demandará unos 2.000 millones de dólares en gastos, la labor de auditoría podría costar hasta 30 millones de dólares, dijo a los delegados Jorge Claro de la Maza, jefe de la Oficina de Coordinación y Política de Adquisiciones del BID.
La siguiente fase, a la que el BID podría llegar a aportar unos 14 millones de dólares en créditos concesionales, apunta a permitir que Honduras adquiera tantos conocimientos técnicos y tecnológicos de los auditores internacionales como sea posible. Durante esa parte del programa, funcionarios locales que trabajan en adquisiciones y contratación recibirían capacitación y se desarrollarían nuevos procedimientos de compra para aplicarlos en todo el sector público hondureño.
Aunque el costo potencial de este proyecto sorprendió a algunos delegados, Claro de la Maza explicó que el precio estimado se basaba en un estudio de tarifas habituales de firmas de auditoría. El experto del BID reconoció que es caro realizar ese tipo de controles, salvo cuando se compara con el costo de no hacer nada.