Estado brasileño de Rio Grande do Sul fortalecerá sus finanzas públicas

El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) aprobó un préstamo de US$500 millones para contribuir a la sostenibilidad fiscal del estado de Rio Grande do Sul en Brasil. 

El programa apoyará al estado en la reducción de las obligaciones de pago establecidas por una sentencia judicial. Estas obligaciones son conocidas como “precatorios” y son generadas por la aplicación errónea por parte del estado de la legislación o por el uso de instrumentos y sistemas de manejo deficientes o desactualizados. Generalmente, estas obligaciones incluyen el pago de multas y/o indemnizaciones por parte del estado por no haber cumplido con los derechos laborales de sus funcionarios o pensionados. 

La operación se inserta en el contexto de las reformas que el Estado ha estado implementando en los últimos años y va a contribuir al alcance de las metas del Programa del Régimen de Recuperación Fiscal acordado por el estado con el Gobierno Federal.

El financiamiento del BID, que fue aprobado por el Directorio Ejecutivo del Banco, permitirá al estado pagar estas obligaciones con descuento, reduciendo el total de estas obligaciones en su balance. Además, ayudará a reducir su costo financiero y permitirá que el estado cumpla con su deber de pagar sus obligaciones frente a sus ciudadanos, contribuyendo al l fortalecimiento del pacto social.  Las economías generadas por este proyecto fortalecerán la posición fiscal del estado, liberando recursos para implementar políticas públicas y garantizar la prestación de servicios.

Rio Grande do Sul es el sexto estado más poblado de Brasil. Históricamente, ha tenido desafíos importantes en sostenibilidad fiscal . Al 2021, el acumulado de precatorios equivalía a $15.221 mil millones de reales, es decir el 28,8% de su ingreso corriente neto anual, en cerca de 62.000 precatorios. También en el ámbito del proyecto, el Estado va a implementar un portal de transparencia para mejorar la rendición de cuentas a los ciudadanos.

El proyecto apoyará medidas de fortalecimiento institucional para reducir la creación de nuevos precatorios en el futuro. Para esto, fortalecerá la defensa judicial del estado, con el uso de inteligencia artificial y fomento al uso de los medios alternativos de solución de litigios, y mejorará los sistemas de nóminas y pensiones para reducir los errores en el pago de los sueldos y los riesgos de incumplimiento de derechos laborales y pensionales. 

El préstamo del BID de US$500 millones a Río Grande del Sur, será desembolsado con base en el alcance de los resultados, tiene un plazo de amortización de 25 años, un período de gracia de 3 años, y una tasa de interés basada en SOFR.