Durante muchos años, el gobierno mexicano contuvo los precios de los alimentos básicos como las tortillas, mayormente mediante subsidios que beneficiaban tanto a pobres como a ricos. Además de costosa, esa ayuda no recaía necesariamente en quienes más la precisaban.
Por eso, durante la década pasada las autoridades mexicanas comenzaron a reducir gradualmente los subsidios generalizados de los alimentos. En 1997 fueron reemplazados completamente con un programa dirigido a familias pobres que se comprometían a brindarles adecuada educación, atención médica y nutrición a sus niños. Actualmente, 96 por ciento de los subsidios de los precios de los alimentos benefician a los pobres, en comparación a 39 por ciento en 1994.
La experiencia, según el secretario de Hacienda de México, José Angel Gurría, muestra que se puede alcanzar simultáneamente la eficiencia económica y la eficiencia social.
“No es una opción, sino una obligación”, afirmó Gurría en el seminario “Macroeconomía con Responsabilidad Social”, que se celebró en ocasión de la Asamblea de Gobernadores del BID en marzo en Nueva Orleans. “Es el mandato último de las democracias”, agregó. “Cualquier estrategia macroeconómica que no tenga en cuenta lo social no será exitosa”.
En las últimas dos décadas América Latina se ha visto golpeada por un número sin precedentes de crisis económicas y desastres naturales. Los sectores más necesitados son especialmente vulnerables a los reveses que causan esas catástrofes. La razón es que viven tan cerca del nivel de subsistencia que cualquier variación en sus ingresos afecta sus posibilidades de cubrir sus necesidades básicas. Asimismo, tienen menos acceso a mecanismos de protección como ahorros, crédito y seguros que puedan ayudarlos a pasar los tiempos duros.
De la misma forma en que las crisis económicas exacerban la pobreza y la desigualdad, esta última puede magnificar el impacto de las crisis, generando un ciclo vicioso de creciente inestabilidad y desigualdad.
En el seminario, el presidente del BID, Enrique V. Iglesias, dijo que los países de América Latina deben asegurarse de que el crecimiento económico beneficie a una gran porción de sus poblaciones, y que la política económica tome en consideración las necesidades de los pobres. En particular, Iglesias exhortó a desarrollar mecanismos de protección social para evitar que los pobres de carguen los costos de las crisis económicas.
“Debemos ir hacia una política económica con responsabilidad social y, al mismo tiempo, hacia una política social con responsabilidad económica”, explicó.
Por su parte, el ex director gerente del Fondo Monetario Internacional, Michel Camdessus, observó que la región está comenzando a comprender que el crecimiento por sí solo puede no bastar para que las sociedades alcancen la equidad social. Camdessus instó a una mayor convergencia de valores éticos con las demandas de mayor eficiencia en las economías de mercado globalizadas.
“La estabilidad por sí sola no basta”, dijo. “El crecimiento modesto y la estabilidad no bastan. Lo que todos están buscando es crecimiento de alta calidad y capacidad de respuesta social en el marco de crecimiento económico”. Camdessus citó los esfuerzos de Colombia y México por mejorar sus programas sociales, incluyendo seguridad social, fondos de inversión social y fondos de estabilización de precios.
En un evento relacionado, los participantes de la primera reunión del Foro de Equidad Social, una nueva iniciativa del BID, discutieron formas de incorporar ingredientes de equidad en la formulación de políticas macroeconómicas. El panel reconoció que la estabilidad macroeconómica y el crecimiento son requisitos básicos para reducir la pobreza y mejorar la distribución del ingreso. Los gobiernos deben aprovechar los períodos de prosperidad para reformar sus sistemas sociales y reunir reservas, porque ese podría ser el mejor momento para actuar. Un sistema social debe atacar las causas estructurales de pobreza y contribuir también a mitigar el impacto de crisis.
Se puso énfasis en asegurar la continuidad de los servicios sociales y por lo tanto en la importancia de construir y fortalecer su marco institucional. La limitación de recursos fiscales requiere de los países identificar claramente prioridades en el gasto social. La economista Nora Lustig, jefa de la Unidad Asesora en Pobreza y Desigualdad del BID, subrayó la necesidad de hacer más anticíclico el gasto público para evitar una exacerbación de las fluctuaciones económicas.
El ex ministro de hacienda chileno Eduardo Aninat, ahora subdirector gerente del FMI y presidente del foro, destacó la importancia de continuar estudiando el impacto social que han tenido las reformas económicas en décadas recientes para entender mejor ese efecto con vistas a futuras iniciativas de reforma.