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Compras de gobierno por Internet

El mercado de compras de gobierno en Chile, de unos US$ 7.000 millones anuales, se ha transformado radicalmente en menos de un año. Una reforma del estado que afectó a todas las instituciones públicas exige realizar todas las compras de bienes y contratos de servicios por Internet, usando un sitio web que además despliega detalles de cada contrato y adjudicación. El portal ChileCompra fue creado en el 2000 y algunas oficinas de gobierno comenzaron a usarlo porque les permitía hacer adquisiciones con más facilidad y menor costo. El sistema se volvió obligatorio en septiembre de 2003, con la promulgación de la llamada Ley de Compras, y entró plenamente en vigencia un año después, con la publicación del reglamento de esa ley.

El sistema cuenta actualmente con 84.000 proveedores y 655 organismos públicos compradores inscritos, incluyendo 123 municipalidades que han comenzado a operar gradualmente en la plataforma. Durante 2003 se incorporaron todos los ministerios y servicios públicos del gobierno central, el segundo semestre de este mismo año se sumaron empresas del estado y organismos regionales. Luego vinieron las municipalidades. Las oficinas de gobierno aún no incorporadas tienen como plazo para hacerlo hasta el último día de 2004 y las Fuerzas Armadas deberán incorporarse en 2005.

No sólo eso. En ChileCompra, cualquier ciudadano tiene acceso a los detalles de cada contrato de bienes y/o servicios adquiridos por el sector público. Todos los chilenos pueden conocer y seguir todos los procesos de compras y contrataciones del sector público y verificar el buen uso de los recursos públicos.

“Una de las reformas más democráticas es poner a disposición de los ciudadanos información dura sobre lo que se hace”, planteó Mario Waissbluth, director ejecutivo de la consultora en gestión IGT al presentar el caso de ChileCompra en un seminario sobre reforma del estado realizado en la sede del BID. El sistema, agregó, estimula la máxima transparencia y eficiencia del mercado.

La plataforma de comercio electrónico de ChileCompra es operada en 2/3 de sus servicios por una empresa privada, informa el director de ChileCompra, Tomás Campero, en un contrato de outsourcing que dura hasta el año 2007. Una vez que el sistema esté en pleno funcionamiento, la empresa recibirá como pago US$ 3 millones anuales, con cargo al presupuesto de la nación en lugar de cobrar a los usuarios.

Los servicios básicos de ChileCompra seguirán siendo gratuitos porque cobrar por ellos hace subir los costos administrativos de la operación y porque es más eficiente recuperar los costos del sistema con el ahorro que genera el propio sistema. “De hecho, ChileCompra ya se ha financiado”,explica Campero, “porque se han ahorrado US$ 3 millones al año en avisaje en periódicos y los gastos corrientes de los organismos que transan en el sistema han disminuido en un 7%, lo que equivale a unos US$ 70 millones”.

Sin embargo, se introducirán algunos cobros al usuario por servicios adicionales. “Durante 2005”, agrega Campero, “la plataforma empezará a ofrecer nuevos servicios operados por privados, los que serán cobrados”.

La reforma del estado que hizo posible ChileCompra pertenece al tipo de reformas “transversales”, aquellas que afectan a todas las reparticiones públicas. Las reformas transversales son más lentas y difíciles de poner en marcha que las institucionales –aquellas que reforman una sola institución--, pero son también más poderosas. Las reforma transversales provocan mayor resistencia de los partidos políticos y de las propias instituciones públicas. Pero reformas como la creación de sistemas transparentes de compras públicas por Internet –el caso de ChileCompra– podrían ser muy poderosas en América Latina, señaló Waissbluth.

Otras reformas de este tipo incluyen sistemas de dirección pública que introduzcan un filtro técnico a las designaciones políticas, que haya reales concursos para los cargos públicos y la creación de organizaciones como la GAO (Government Accountability Office) de Estados Unidos o el Rekenkamer holandés. Ambas son organizaciones que evalúan en forma independiente la eficacia de los poderes ejecutivo y legislativo, y la eficiencia de instituciones, programas y leyes. 

Mientras Chile busca ahorro, eficiencia y transparencia a nivel nacional con su sitio web de adquisiciones públicas electrónicas (e-GP por la sigla de su nombre en inglés), hay en marcha un esfuerzo multilateral que persigue los mismos objetivos a nivel mundial. El BID ha unido fuerzas con el Banco Mundial y el Banco Asiático de Desarrollo a fin de armonizar sus procedimientos de e-GP con sus países prestatarios, en un esfuerzo que reduciría los costos de transacciones, simplificaría las operaciones y haría más transparente el proceso completo.

Las tres instituciones lanzaron un sitio web común en mayo de 2004, donde informan de los avances y mejores prácticas en la materia, y actualmente están revisando sus políticas y directrices para los países que pretenden aplicar el e-GP a todos sus préstamos, líneas de crédito, donaciones y programas.

A través de su portal compartido MDB-eGP, los bancos multilaterales ofrecen también actividades de apoyo, como asistencia técnica y transferencia de conocimiento.