En América Latina y el Caribe se han echado a perder cientos de proyectos y muchos millones de dólares en operaciones que fracasaron por falta de participación de quienes supuestamente se beneficiarían de ellas y las ayudarían a mantener. O sea, por no contar con los ciudadanos.
Pero los tiempos han cambiado. Las democracias obligan a rendir cuentas públicas para ganar la confianza de los votantes, y la liberalización de los mercados ha transformado al Estado de monarca absoluto en socio de empresarios y ciudadanos. En medio de esta sociedad vigilante ya no resulta tan fácil derrochar a fondo perdido y hacer intervenciones sin que el pueblo sea consultado.
Está claro que no sólo principios éticos y políticos apoyan estos cambios. La participación de la sociedad civil en la gestión de los gobiernos se ha revelado como muy rentable porque, entre otras muchas razones, permite predecir el futuro de cualquier proyecto cuyo éxito o fracaso dependa de la responsabilidad y apoyo con que los usuarios lo reciban. Grandes instituciones de crédito como el BID están cada día más convencidas de este planteamiento.
Una puerta abierta. A pesar de que los gobiernos de la región son los principales socios del BID, porque solicitan sus préstamos y son dueños de la institución, el Banco está hoy abriendo mecanismos que incorporen en todo el proceso “voces, opiniones, sugerencias y críticas de la sociedad civil”. Durante una reunión de especialistas del Banco y representantes de la sociedad civil en noviembre del año 2000, el presidente Enrique V. Iglesias, ofreció “abrir una puerta de entrada a los ciudadanos a los proyectos y actividades del BID”. Iglesias adelantó el compromiso de llevar a cabo una política de información más agresiva, crear proyectos innovadores con componentes a ser ejecutados por la sociedad civil, incorporar a los involucrados en el diseño de los proyectos que los afecta y convocar consultas periódicas sobre estrategias sectoriales del Banco.
Al BID no le han pasado por alto algunas de sus experiencias recientes en las que la participación de los diferentes involucrados ha revelado un óptimo aprovechamiento de los recursos invertidos. Proyectos como Favela–Bairro, en Río de Janeiro, ya en su segunda fase, cuyo éxito se ha basado por encima de todo en el fortalecimiento y la participación de las comunidades involucradas. O el programa de Desarrollo Integral de Comunidades Indígenas de Chile que, tras fracasos anteriores por falta de participación, abrió un diálogo con los representantes de las distintas etnias para entender y capturar prioridades que luego se plasmaron en este programa.
El BID ha acumulado cuantiosos ejemplos en los que el éxito o fracaso de una operación —en áreas tan sensibles como reformas educativas, fiscales o judiciales o la modernización de las administraciones— se basó en la presencia o ausencia del hilo conductor de la participación. La reconstrucción de Centroamérica después del huracán Mitch o el proceso de paz en Guatemala son grandes empresas que hubieran resultado inviables de no haber sido la sociedad civil parte integral de ellas desde un principio.
Pero también proyectos tradicionales como la construcción de puentes, carreteras, redes de alcantarillado o letrinas pueden convertirse en proyectos comunitarios vivos o languidecer por el desinterés de los beneficiarios. En Belice, la gente de una comunidad lavaba la ropa con el agua de cañería construida por un programa de desarrollo, en cuanto tomaba el agua de la lluvia almacenada en colectores contaminados con plomo. Todo esto porque la comunidad no fue involucrada durante el diseño y la ejecución del programa, no lo sentía como suyo ni comprendía sus ventajas. En zonas rurales de la región, los padres dejan de enviar a la escuela a sus hijos por sentirse ajenos al sistema educativo y no reconocer su utilidad.
Cómo incorporar al socio. Lo más difícil es llevar la teoría a la práctica. ¿Cómo se incorpora a la sociedad civil en la agenda de una institución como el BID y qué papel se le ofrece? Dentro del Banco el tema no es nuevo. La sociedad civil formó parte integral de proyectos específicos con resultados muy positivos, sobre todo después del año 1994, en el que el BID impulsó el contenido social de su agenda.
Pero ahora se trata de generalizar esta práctica en la mayoría de las actividades regionales en un momento en que entre los gobiernos “todavía persiste el temor de que trabajar con la sociedad civil trae más problemas que beneficios”, según explica Cintia Guimaraes, especialista de la Oficina de Aprendizaje del BID sobre temas de sociedad civil. Aprensión compartida por algunos de los especialistas del Banco que diseñan y ejecutan proyectos y reforzada por el papel muchas veces conflictivo y poco dispuesto al diálogo de algunos grupos de la sociedad civil. Sin embargo, el enfoque que surge tanto de gobiernos como de especialistas que han trabajado en proyectos que incluyen a la sociedad civil es totalmente diferente.
Las apretadas agendas de trabajo de los especialistas (del BID y de los gobiernos) así como la falta de recursos son obstáculos adicionales para informar y hacer consultas con la sociedad civil durante el diseño de los proyectos.
“Entre nuestros principales objetivos está el ser facilitadores del diálogo entre los gobiernos y la sociedad civil y el apoyar proyectos que tengan un impacto positivo en el desarrollo económico y social de los países y que sean sostenibles”, agrega Guimaraes. “La participación de la sociedad civil ayuda al Banco y a los gobiernos a hacer mejores proyectos, más pertinentes a las necesidades de sus ciudadanos y con mayor sostenibilidad”.
En noviembre de 1999, Iglesias propuso un plan de acción que llevó a obras concretas e inmediatas adentro del BID. Se creó un grupo interno coordinador de las actividades del Banco en esta área, junto con la nueva figura de enlaces con la sociedad civil en cada representación del Banco en los países de la región. La Oficina de Aprendizaje empezó a liderar una estrategia de capacitación a través de una serie de talleres en la sede y en las representaciones, en los que participan representantes de los gobiernos, de la sociedad civil y del Banco para establecer nuevas alianzas e intercambiar experiencias.
“La sensibilización de nuestros clientes juntamente con el personal del Banco es clave para poder avanzar en esta área”, comenta Guimaraes, quien menciona que a finales del año 2002 estos talleres habrán capacitado a más de 600 personas. “Al finalizar”, agrega, “los participantes se suelen confesar mejor informados y más preocupados sobre la misión de trabajar juntos. Por otro lado, en una evaluación de impacto de los talleres, recientemente realizada por una firma consultora, se identificó que no solamente a los participantes les gustaba la dinámica y contenido de los talleres, sino que estaban cambiando su comportamiento con relación al tema.”
El BID apoya también la convocatoria regular de diálogos con la sociedad civil y apoya la formación de Comités Asesores de la Sociedad Civil (CASC) en las representaciones del Banco en la región. El Banco considera que la participación ciudadana es una herramienta clave para combatir la pobreza y la desigualdad y un elemento fundamental en la humanización de la agenda del desarrollo y en la consolidación de las democracias.