RIO DE JANEIRO - Más de 100 funcionarios y expertos internacionales que participan en una conferencia sobre "Programas municipales para la prevención y atención de la violencia" asistieron aquí a la presentación de un video e informe del Banco Interamericano de Desarrollo sobre la magnitud del fenómeno de la violencia y su impacto negativo en la calidad de vida y el desarrollo de América Latina y el Caribe.
El video titulado "El camino hacia la paz: Vivir sin violencia", busca concientizar a la opinión pública y los gobiernos sobre la posibilidad de abordar y prevenir el grave problema de la violencia, que ha crecido en un 40 por ciento en la región durante la última década si lo medimos por la tasa de homicidios.
"La violencia no es un problema fatal, puede y debe prevenirse", dijo el presidente del BID, Enrique V. Iglesias. "Sin respeto y convivencia pacífica no puede haber un desarrollo pleno, porque el desarrollo va más allá del crecimiento económico, requiere de la justicia social y la consolidación de la democracia y los derechos humanos".
El documental televisivo muestra los diferentes rostros de la violencia en las ciudades, pero también el éxito de muchas iniciativas de prevención, innovadoras y tan variadas como multifacético es el flagelo.
Las experiencias señalan la importancia de las políticas multisectoriales, abarcadoras, diseñadas con la participación de todos los sectores de la sociedad y focalizadas en los principales factores de riesgo, tales como el fácil acceso a las armas, la droga y el alcohol.
Los ciudadanos --víctimas y perpetradores de la violencia--, expertos, funcionarios y líderes testimonian sobre esfuerzos creativos para evitar que se reproduzca el ciclo de la violencia, ofreciendo en especial oportunidades a los niños y los jóvenes, particularmente en el nivel municipal y comunitario.
EL ENFOQUE DEL BID
"América Latina se halla entre las regiones con mayor nivel de violencia del mundo, con una tasa de homicidios que más que duplica el promedio mundial", afirmó Mayra Buvinic, jefa de la División de Desarrollo Social, del Departmento de Desarrollo Sostenible del Banco. "Este problema es una de las principales preocupaciones de los ciudadanos de la región y un serio obstáculo para el desarrollo".
Según estudios realizados por el BID en seis países, "se estima que los gobiernos de la región pierden entre un 5 y un 25 por ciento de su producto bruto interno para atención de la violencia y sus consecuencias, recursos que podrían dedicarse a fines productivos si se lograra reducir el mal desde su origen", agregó Buvinic.
Consciente de la magnitud del problema de la inseguridad ciudadana y su impacto en las economías de la región, el BID comenzó en los últimos años a investigar el tema y a trabajar en programas que promuevan la convivencia y la seguridad en las ciudades.
El primer financiamiento aprobado fue de 57 millones de dólares para un programa de apoyo a la seguridad ciudadana en Colombia, con asistencia a nivel nacional en el diseño e instrumentación de políticas para promover la paz en los conglomerados urbanos y asistencia a proyectos en el nivel municipal.
Otro préstamo de 17,5 millones de dólares a Uruguay ayudó a establecer un programa innovador para fortalecer la capacidad de diseño e implementación de políticas y proyectos con una estrategia multisectorial y participación de la comunidad.
La violencia doméstica, una manifestación hasta hace poco confinada en general al dominio privado, ha concitado creciente interés en la sociedad no sólo por sus devastadoras consecuencias humanas, sino además por sus efectos adversos sobre el desarrollo y el crecimiento de los países.
Según investigaciones, entre el 25 y 50 por ciento de las mujeres latinoamericanas sufre algún tipo de violencia en el hogar y estudios del BID comprobaron que en algunos países solamente la reducción de los ingresos de estas víctimas por el abuso fue equivalente a entre un 1,6 y 2 por ciento del producto bruto interno.
Las repercusiones se magnifican si se consideran los gastos requeridos por las víctimas en servicios de salud, justicia y policía y otros costos indirectos. Quizás la consecuencia más preocupante sea la transmisión de los efectos de la agresión a los niños, que la sufren y aprenden en el hogar y en la comunidad.
El Banco ha financiado estudios sobre el impacto socio-económico de la violencia doméstica, un video, debates televisados y programas piloto para capacitar a jueces y crear redes integradas de prevención y tratamiento. Otros estudios en seis países investigaron los costos individuales y sociales de la violencia social.
"La violencia no debe ser un problema fatal, pero para reducirla necesitamos actuar ya", dijo el presidente del Banco en su mensaje de cierre del nuevo video. "Los gobiernos deben tomar la iniciativa y trabajar en forma concertada con la sociedad civil, el sector privado y los medios de comunicación para asegurar los derechos, la salud y el bienestar económico de los ciudadanos. El BID apoya estos esfuerzos".