El Banco Interamericano de Desarrollo anunció hoy la aprobación de una estrategia y de una política operativa diseñadas para proteger los derechos de los pueblos indígenas en América Latina y el Caribe y para apoyar su desarrollo con identidad, facilitando su activa participación en el proceso de desarrollo y respetando a la vez sus prioridades, sus recursos naturales y su patrimonio cultural.
"Tanto la estrategia como la política son las primeras que desarrolla el BID para beneficiar a los pueblos indígenas en forma transversal y sistemática. Ambas aseguran que la consideración de temas indígenas será incluida en las estrategias de país y en las operaciones relevantes”, comentó Anne Deruyttere, jefa de la Unidad de Pueblos Indígenas y Desarrollo Comunitario del BID. "La política en particular contiene salvaguardias específicas con respecto a la integridad física, territorial y cultural de los pueblos indígenas", agregó.
La preparación de la estrategia y de la política se contó con un proceso sin precedentes de consultas con organizaciones indígenas y aprovechó las lecciones de buenas prácticas de proyectos para pueblos indígenas ya financiados por el BID. La política incluye el requisito de consultas y negociaciones de buena fe y, en casos pertinentes, el acuerdo e las comunidades indígenas con la implementación de los proyectos de desarrollo que puedan afectarlas.
La política estipula que se deben respetar y poner en práctica los derechos de las comunidades indígenas a participar en la gestión de sus recursos y recibir los beneficios generados de los mismos, según sea apropiado en cada país. La política prevé la mitigación y compensación por impactos adversos de proyectos financiados por el BID. También apoya la gobernabilidad de los pueblos indígenas y su acceso a oportunidades económicas, tecnología de la información, asistencia técnica y servicios sociales y financieros socioculturalmente apropiados, con especial énfasis en la equidad de género.
La política y la estrategia también apoyan el proceso de titulación de tierras y de mecanismos adecuados de implementación para proteger los derechos indígenas colectivos e individuales. Ambas contemplan a indígenas residentes en zonas urbanas y rurales y contienen salvaguardias específicas para pueblos indígenas transfronterizos y grupos no contactados o en aislamiento voluntario.
En general, este nuevo marco normativo para el BID fortalece su compromiso con la inclusión indiscriminada y socioculturalmente apropiada de los pueblos indígenas.