El BID anunció la suspensión de la Sociedad Anónima de Obras y Servicios Copasa do Brasil (Copasa do Brasil) de Brasil por 18 meses en conexión con alegaciones de prácticas de corrupción y fraudulentas. Las prácticas prohibidas fueron cometidas por un consorcio en el que Copasa do Brasil participó como parte no central en el contexto de la construcción de carreteras bajo el Proyecto Rodoanel Mario Covas - Tramo Norte. La suspensión, hace que Copasa do Brasil sea inelegible para participar en proyectos y operaciones financiados por el Grupo BID, y se da como resultado de una investigación realizada por la Oficina de Integridad Institucional (OII) del BID, contando con la plena cooperación de la empresa.
Según los hallazgos de la OII, entre 2013 y 2015 la otra entidad consorciada realizó en nombre del consorcio pagos ilícitos por un total de alrededor de US$1 millón a un funcionario público involucrado en la supervisión y administración del contrato. El funcionario público exigió pagos a través de un subcontratista designado. Un gerente del consorcio vinculado a esta otra consorciada autorizó esos pagos con base en la impresión de que, de no hacerlo, se producirían demoras injustificadas en las aprobaciones de desembolsos relacionados con el contrato durante la ejecución de la obra. Adicionalmente, con el fin de ocultar los pagos ilícitos, el consorcio también tergiversó algunos gastos y actividades del proyecto.
Antes de la realización de los pagos ilícitos, un gerente de Copasa do Brasil estaba al tanto de los pedidos de soborno por parte del funcionario público y la solicitud de utilización de un subcontratista. Dicho gerente se rehusó a hacer los pagos, pero omitió reportarlos, al creer que los pagos no se efectuarían. Varios años más tarde, el gerente fue informado en cuanto a que, en realidad, los pagos sí se efectuaron por parte del otro consorciado, utilizando los subcontratistas designados contratados por el consorcio.
La sanción es el resultado de un Acuerdo de Resolución Negociada (el Acuerdo) entre el BID y Copasa do Brasil de conformidad con los Procedimientos de Sanciones del Grupo BID. Como parte del Acuerdo, la empresa no disputó su responsabilidad por las prácticas prohibidas cometidas por el consorcio, incluyendo el hallazgo por parte de la OII de que un alto miembro de la gerencia de la compañía falló al no adoptar medidas para evitar que ocurrieran esas prácticas prohibidas.
Como respuesta a una investigación nacional, Copasa do Brasil alcanzó un acuerdo con las autoridades del país, incluyendo la restitución de fondos y el pago de multas. Estos hechos, junto con la plena cooperación de la empresa con la OII, resultaron en una sanción significativamente reducida.
Bajo los términos del Acuerdo, Copasa do Brasil se compromete a informar sobre sus programas de cumplimiento mediante un consultor independiente de desempeño y a continuar cooperando con la OII. En caso de que la compañía no cumpla con las obligaciones asumidas, la sanción respectiva continuará hasta que se cumplan las condiciones, o hasta que transcurran seis años desde la fecha efectiva del Acuerdo, según lo que ocurra primero.
La suspensión de Copasa do Brasil califica para el reconocimiento mutuo de inhabilitaciones por parte de otros bancos multilaterales de desarrollo (BMD), de acuerdo con lo establecido en el Acuerdo para la Ejecución Mutua de Decisiones de Suspensión suscrito el 9 de abril de 2010.
Acerca del Grupo BID
El Grupo BID es una de las principales fuentes de financiamiento para el desarrollo de América Latina y el Caribe. El Grupo BID ayuda a mejorar vidas al brindar soluciones financieras y conocimiento sobre el desarrollo a clientes tanto del sector público como del sector privado. El Grupo está compuesto por el BID, que ha trabajado con gobiernos durante más de 60 años; BID Invest, que colabora con el sector privado; y BID Lab, que experimenta formas innovadoras de impulsar un crecimiento más inclusivo.
La Oficina de Integridad Institucional (OII) desempeña un papel central en el compromiso del Grupo BID con la integridad a través de su mandato de llevar a cabo investigaciones sobre Prácticas Prohibidas y de ofrecer apoyo en materia de prevención para las unidades operativas.