- La infraestructura digital es una condición clave para que los sistemas de protección social puedan anticipar y responder a crisis.
- La región tiene avances (54% de madurez promedio en PSA), pero persisten brechas en sistemas de información, interoperabilidad y uso de datos en tiempo real.
- Países como Chile, Costa Rica y República Dominicana muestran cómo registros sociales dinámicos e interoperables permiten identificar y responder mejor ante shocks.
Cuando ocurre un choque, como un huracán, una sequía o una crisis económica, los gobiernos enfrentan una pregunta clave: ¿quién necesita ayuda y cómo llegar rápido? Pero, antes de que el choque ocurra, hay otras preguntas igual de importantes: ¿quiénes están en riesgo?, ¿dónde se encuentran?, ¿qué tipo de impacto podrían enfrentar?, ¿con qué instrumentos se puede responder?
La capacidad de anticipar estas respuestas es lo que distingue a los sistemas de protección social verdaderamente adaptativos. Pero las crisis recientes han puesto a prueba estos sistemas y han revelado algo fundamental: no basta con tener programas; se necesitan sistemas capaces de adaptarse rápidamente.
Registros sociales actualizados, plataformas interoperables y mecanismos de pago digitales son la columna vertebral del modelo de protección social adaptativa. Sin esta base, los programas enfrentan dificultades para responder con rapidez y llegar a las poblaciones más vulnerables. La infraestructura digital es una condición previa de la capacidad de respuesta.
Desde el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) hemos acompañado a distintos países en el diseño e implementación de estrategias de protección social adaptativa. Ese trabajo nos ha permitido recoger aprendizajes sobre las capacidades institucionales, tecnológicas y operativas que hacen posible una respuesta rápida y efectiva ante los choques. A continuación, compartimos algunas de las principales lecciones que han surgido de esta experiencia.
Durante la pandemia, los programas de protección social en América Latina y el Caribe fueron el principal canal de transferencias de emergencia en la mayoría de los países de la región, lo que confirmó su potencial como mecanismo de respuesta ante shocks. Sin embargo, esa misma experiencia puso en evidencia limitaciones estructurales.
Más del 80% de los países recurrió a sus registros sociales para gestionar la crisis, pero sin protocolos predefinidos. La información existía, pero no estaba organizada para movilizarse de manera oportuna.
El informe Construyendo resiliencia: avances y desafíos de la protección social adaptativa muestra que la región ha logrado avances importantes en protección social adaptativa (54% de madurez promedio). Sin embargo, algunas de las mayores brechas se concentran en los sistemas de información, la interoperabilidad y la capacidad de usar datos en tiempo real.
En este escenario, es preciso invertir en arquitecturas digitales que permitan traducir la creciente voluntad política e institucional en acción oportuna y precisa. Eso implica modernizar los registros sociales, ampliar la transaccionalidad de pagos digitales, construir interoperabilidad entre sectores y desarrollar capacidades para el uso inteligente de datos.
La infraestructura digital está compuesta por al menos cinco elementos clave:
- Identidad digital. Es la puerta de entrada al sistema: sin identificación confiable no es posible saber quién es elegible ni garantizar que los beneficios lleguen a quien corresponde.
- Registros sociales dinámicos. Concentran la información socioeconómica de los hogares para identificar vulnerabilidades. Su efectividad depende de su actualización y capacidad de integración con otras fuentes.
- Pagos digitales. Facilitan transferencias rápidas, seguras y trazables, reduciendo filtraciones y costos operativos frente a los esquemas en efectivo.
- Interoperabilidad. Permite que los sistemas “hablen entre sí”. Hoy, el intercambio de datos entre protección social, gestión de riesgos y salud sigue siendo fragmentado, generando vacíos en la cobertura.
- Uso inteligente de datos. La combinación de datos socioeconómicos, geoespaciales y climáticos permite anticipar qué hogares o territorios enfrentarán mayores impactos ante un shock.
Cuando estas piezas funcionan de manera integrada, los sistemas pueden pasar de reaccionar a anticipar.
La infraestructura digital requiere también:
- Definir reglas claras de gobernanza y protección de datos.
- Establecer acuerdos de intercambio de información entre instituciones.
- Fortalecer capacidades a nivel nacional y subnacional.
- Asegurar la inclusión digital.
De lo contrario, las brechas digitales pueden ampliar las desigualdades existentes.
Algunos países ya están avanzando. Chile integra múltiples fuentes administrativas en su Registro Social de Hogares; Costa Rica conecta datos de más de 30 instituciones a través del SINIRUBE; y República Dominicana incorpora índices de vulnerabilidad climática a nivel de hogar en el SIUBEN.
Tabla 1: Resumen de países que presentan avances y capacidad a responder a un shock
| País | Sistema / Plataforma | Avance principal | Capacidad ante shocks |
| Chile | Registro Social de Hogares (RSH) | Integra datos de múltiples fuentes administrativas; cobertura cercana al 100% de la población post-pandemia. | Permite expansión rápida de beneficios; fue clave en la respuesta al COVID-19. |
| Costa Rica | SINIRUBE | Plataforma interoperable que conecta datos de más de 30 instituciones públicas. | Facilita identificación de beneficiarios y cruce de información en tiempo real. |
| República Dominicana | SIUBEN | Incluye índices de vulnerabilidad a riesgos climáticos (huracanes, inundaciones) mapeados a nivel de hogar. | Permite anticipar poblaciones en riesgo antes de un evento y evaluar afectación post-choque. |
| Colombia | SISBÉN IV | Registro ampliado durante COVID-19; metodología renovada con enfoque multidimensional de vulnerabilidad. | Fue usado para canalizar transferencias de emergencia durante la pandemia; avances en pagos digitales. |
| Perú | SISFOH / General Household Registry (PGH) | Administrado por Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (MIDIS); base para focalización de programas como Juntos y Pensión 65. | Fue utilizado para entrega de bonos de emergencia durante pandemia y sequías. |
Fuente: Recopilación de datos propia de los autores.
Construir sistemas adaptativos que anticipen, identifiquen y respondan de forma oportuna es hoy una prioridad para la región. Lograrlo depende, en gran medida, de invertir en infraestructura digital como el habilitador central que articula registros, datos, pagos e instituciones.
La resiliencia de los sistemas de protección social del futuro comienza con las inversiones que los países realicen hoy. Lea la publicación: