- Gobernar la IA es un desafío operativo, no solo normativo. El reto real es levantar las estructuras, el talento y los instrumentos para hacerlo, acciones que forman parte de la agenda de trabajo del BID.
- Capacidad estatal significa regular, ejecutar y anticipar al mismo tiempo. España construyó un ecosistema institucional con esas tres funciones operando en paralelo.
- Fortalecer la gobernanza de la IA no siempre pasa por una ley específica. Cada país puede combinar instrumentos regulatorios y de herramientas de política pública según su punto de partida.
¿Cómo construyen los gobiernos la capacidad institucional para gobernar una tecnología que evoluciona constantemente?
Una mirada a España aporta pistas útiles para América latina y el Caribe (LAC), donde varios países ya avanzan en estrategias y legislación sobre inteligencia artificial (IA). El Salvador y Perú cuentan con leyes vigentes; Brasil, Chile y Colombia, entre otros, trabajan en propuestas regulatorias; y el BID ha planteado un marco regulatorio habilitante para equilibrar innovación con derechos en el contexto del desarrollo tecnológico.
Pero independientemente de su nivel de avance regulatorio, todos los países enfrentan el desafío de desarrollar capacidades institucionales para implementar y adaptar las políticas de IA. Aprobar leyes no es necesariamente el primer paso. El desafío de fondo es operativo: dotar al Estado de capacidad para supervisar el desarrollo de sistemas de IA, coordinar con actores técnicos, colaborar con el sector privado y la academia, y actualizar sus marcos normativos de forma ágil.
Pasar del papel a la práctica es complejo. Desarrollar esta capacidad exige iterar y corregir por el camino. Por eso, en vez de diseñar modelos teóricos, para la región conviene observar a quienes ya empezaron. El proceso de España en los últimos años funciona precisamente así: como un caso real de cómo transformar la intención legislativa en un ecosistema institucional operativo.
La gobernanza de la IA en España nació como parte de un compromiso de modernización de la economía, impulsado como política de Estado. En 2020 se creó la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial (SEDIA) en la Vicepresidencia de Asuntos Económicos, y se publicó la Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial (ENIA) con 600 millones de euros del Plan de Transformación, Recuperación y Resiliencia tras la pandemia.
Desde ahí, la arquitectura institucional no dejó de moverse. En 2023, la gobernanza de la IA fue elevada a un Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública independiente, capaz de ejecutar una agenda digital ambiciosa con recursos propios. En los años siguientes, sucesivas reestructuraciones separaron funciones a medida que cada agenda crecía: la IA se diferenció de los servicios digitales, la conectividad se desligó de la digitalización de la economía, y se crearon direcciones generales específicas para IA y gobernanza del dato.
Lo más relevante para la región, sin embargo, no es el organigrama sino lo que España fue desarrollando alrededor de él. Por un lado, un entramado de entidades públicas empresariales, agencias y sociedades de inversión que dotaron al Estado de capacidad ejecutora real: financiar proyectos, gestionar convocatorias, canalizar inversión y prestar servicios técnicos. Por otro, una capa deliberativa y de anticipación: consejos asesores y equipos de prospectiva, junto con foros multisectoriales.
El resultado es un ecosistema institucional que integra funciones regulatorias, ejecutoras y de anticipación. Esta visión capacitante del Estado es el aspecto menos visible, pero más transferible, del modelo español.
En 2023, España se convirtió en el primer Estado miembro de la Unión Europea en crear un organismo de supervisión dedicado a la IA: la Agencia Española de Supervisión de Inteligencia Artificial (AESIA). La agencia entró en funcionamiento en 2024 y gestiona el primer sandbox regulatorio de IA en Europa, un espacio donde reguladores y empresas trabajan para entender cómo aplicar las normas a casos reales antes de la implementación a gran escala. Crear la agencia antes de que el Reglamento Europeo de IA estuviera finalizado fue una decisión deliberada.
Lo mismo ocurrió con la propia estrategia nacional de inteligencia artificial de 2020, concebida antes de la IA generativa. Por eso la Estrategia de IA 2024 tuvo que incorporar instrumentos inconcebibles cuatro años antes, como el modelo de lenguaje ALIA, un paquete de inversión de 1.500 millones de euros. En un campo que se mueve tan rápido, la capacidad de actualizar la visión importa tanto como la visión misma. El producto es el proceso.
El modelo español, como cualquier proceso real, no está exento de tensiones ni de pendientes. Pero ofrece a la región un caso documentado de cómo la institucionalidad puede construirse en paralelo a la regulación, no después de ella.
El caso español muestra que gobernar la IA exige operar tres funciones de manera simultánea: regulatoria, ejecutora y de anticipación. Esto requiere una institucionalidad capaz de adaptarse a esa velocidad. Ninguna de las tres se resuelve solo con leyes.
Estas son cuatro prioridades operativas que los gobiernos de LAC pueden empezar a trabajar:
- Comenzar pronto, aunque la estructura sea imperfecta. Crear o designar una autoridad rectora de IA con mandato claro, presupuesto y poder de coordinación. La construcción institucional puede iniciarse con los marcos vigentes (donde existan) o avanzar en paralelo al desarrollo de los que aún faltan.
- Construir capacidad ejecutora, no solo normativa. Eso significa entidades públicas con presupuesto y mandato, no solo regular. Sin esta capa, las leyes y estrategias rara vez llegan a implementarse.
- Atraer talento dentro del Estado. Es uno de los obstáculos más reconocidos para la adopción de IA en el sector público. Sin esquemas de contratación flexibles y carreras competitivas en el sector público, la institucionalidad para gobernar la IA no logra consolidarse.
- Diseñar para la iteración e invertir en sandboxes como mecanismo de aprendizaje y diálogo. Mecanismos como revisiones periódicas, mandatos flexibles y espacios de prueba permiten al Estado adaptarse, dialogar con el sector privado y la sociedad civil, y entender qué tipo de regulación necesita el país.
Para América Latina y el Caribe, donde la institucionalidad varía considerablemente entre países, la lección de fondo es clara: la flexibilidad deliberada es una fortaleza del diseño institucional. El momento de invertir es ahora.
El BID acompaña a los países de la región en el fortalecimiento del Estado para la era digital. Porque, al final, gobernar la IA no es un acto legislativo, es un proceso institucional de largo plazo. Para conocer más, visita nuestro trabajo en esta agenda.