- Antes de que Bogotá implementara su Sistema de Información de Recursos Educativos (SIDRE), la falta de alineación entre las necesidades de las escuelas públicas y las dotaciones escolares entregadas generaba ineficiencias en el proceso.
- La plataforma asigna a cada colegio un puntaje — basado en la matrícula, el estado del mobiliario y los equipos de cómputo, las buenas prácticas de administración de bienes y los proyectos especiales liderados por el propio colegio— que puede usar como un carrito de compras.
- Desde 2023 el uso de SIDRE es obligatorio para las más de 400 instituciones educativas de la ciudad, con una participación de más del 99%.
- El caso ya es citado por el BID como ejemplo de gasto inteligente y podría replicarse en otras ciudades y países de la región.
Hubo una época en que a la Secretaría de Educación de Bogotá le llovían cartas por un motivo muy concreto: los tableros de sus salones ya habían cumplido su vida útil y brillaban tanto que no se veía lo que el profesor escribía en ellos. No era un caso aislado. Era el síntoma de un problema mucho más grande: quienes asignaban recursos no tenían claridad sobre qué necesitaba cada escuela pública, y los rectores que necesitaban alguna dotación para su escuela no sabían cómo se decidía qué les asignaban.
Ese problema, común a la mayoría de los sistemas educativos que administran cientos de escuelas, tiene una lógica ineficiente. Si un colegio pide sabiendo que no le van a dar todo lo que solicita, puede tener la tentación de inflar sus listas con la esperanza de conseguir un mejor resultado. Si la Secretaría planifica de forma centralizada sin preguntarle a la escuela, termina enviando cosas que nadie pidió mientras lo que sí se necesita se queda sin resolver. Y en medio de esa ausencia de coordinación, termina ganando el rector que más insiste, el que tiene tiempo y cercanía para ir hasta la oficina del director de dotaciones a “hacer fila” por su colegio. El que está lejos, o simplemente no tiene cómo hacer ese lobby, se queda atrás.
Cómo SIDRE utiliza un sistema de puntos para asignar recursos escolares
Para resolver esto, la Secretaría de Educación Distrital de Bogotá, en alianza con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), diseñó el Sistema de Información de Recursos Educativos (SIDRE): una plataforma donde cada institución educativa distrital (IED) puede planear con anticipación qué necesita, en lugar de improvisar cuando llega la oportunidad.
La lógica es simple de entender y fácil de ejecutar. Cada colegio recibe un número de puntos, el equivalente a su presupuesto disponible, y cada elemento del catálogo tiene un puntaje asignado. Un lápiz, por ejemplo, vale 10 puntos. El rector o su delegado va seleccionando lo que necesita, como en un carrito de compras, hasta agotar el puntaje asignado. Las solicitudes, además, deben quedar validadas con un acta firmada por el Consejo Directivo del colegio, que incluye a docentes, estudiantes, padres de familia y exalumnos, para que la decisión no dependa de una sola persona.
Los puntos no se reparten al azar. Dependen de la matrícula del colegio, del Índice de Adecuada Dotación (InAD) —que mide de 0 a 1 el estado del mobiliario, y que en promedio, en 2024, fue de 0,72 en toda Bogotá— y de buenas prácticas de gestión. Entre más deteriorada esté la dotación de un colegio, más puntos recibe. El sistema también pone límites por categoría, para que un rector no pueda gastar todo su presupuesto en, por ejemplo, una pantalla interactiva y dejar sin resolver las necesidades básicas del resto del colegio.
El rector de la Escuela Normal Superior Distrital María Montessori en Bogotá, Andrés Hortúa Clavijo, y Alejandro Cáceres Monroy, Director de dotaciones escolares de la Secretaría de Educación de Bogotá, coinciden en cómo era pedir dotaciones antes del SIDRE y qué cambió con la plataforma. Así lo resume uno de ellos:
Antes, el rector que más recursos conseguía no era el que más los necesitaba, sino el que más “lobby” hacía en la Secretaría. Con el sistema de puntos, todos los rectores quedan en el mismo nivel, y cualquiera puede consultar cuántos puntos tiene y en qué se pueden usar.
Esa visibilidad, dicen, es lo que le da legitimidad al proceso: nadie puede alegar que a su colegio no le llegó nada por no tener los contactos correctos.
Otro efecto, menos evidente pero igual de importante, es lo que ocurre cuando se agrupa la demanda de toda la ciudad. Ya no se están comprando diez pupitres para un colegio, sino más de 22.000 elementos de mobiliario para el sistema completo, lo que permite negociar mejores precios y hacer un uso más eficiente del presupuesto.
Resultados de SIDRE: participación, asignación de recursos y eficiencia
Desde 2023, el uso del SIDRE es obligatorio para las más de 400 IED de Bogotá. En 2024, más del 99% de esas instituciones participó en el proceso de solicitud; menos de cinco quedaron por fuera porque no realizaron solicitudes. Ese mismo año, la Secretaría destinó el 50% de los puntos disponibles a mobiliario, el 25% a computadores y el 25% restante a otros elementos, como parte de una estrategia de dotación con prioridades claras.
El reporte del BID que documenta esta experiencia identifica cuatro beneficios directos del sistema: adecuación (las dotaciones ahora responden a necesidades reales y no a lo que alguien decida enviar), equidad (los recursos se distribuyen hacia los colegios con mayores brechas, gracias al InAD), eficiencia (agregar la demanda permite procesos de compra más oportunos y costo-efectivos) y transparencia (cada solicitud es trazable desde que se registra hasta que se entrega). A esto se suman beneficios menos visibles, pero igual de relevantes: mayor corresponsabilidad entre la Secretaría y los colegios, mejor gobernanza escolar gracias a la validación de los Consejos Directivos, y una lógica más analítica sobre cómo la inversión en dotaciones impacta las condiciones pedagógicas.
¿Por qué el SIDRE se considera un modelo de gasto inteligente en educación?
Esta experiencia no es un caso aislado dentro del BID. Aparece citada como un modelo a seguir en la publicación Gasto inteligente en educación escolar en América Latina y el Caribe, que analiza cómo los países de la región pueden sacarle más provecho a cada peso que invierten en educación. El informe menciona al SIDRE como un ejemplo de cómo simplificar los procesos de compra pública sin sacrificar transparencia, algo que muchos sistemas educativos resuelven mal: por miedo a que una compra se cuestione en una auditoría, terminan comprando lo que “es seguro” en lugar de lo que realmente se necesita.
Esa misma publicación propone un marco de cuatro principios para pensar el financiamiento educativo —adecuación, equidad, eficiencia y transparencia— y el caso de Bogotá toca los cuatro a la vez: dotaciones que responden a necesidades reales, puntos que favorecen a los colegios con mayores brechas, compras agrupadas que abaratan costos, y un proceso que cualquiera puede rastrear de principio a fin. Es, en ese sentido, un ejemplo concreto de gasto inteligente que otras ciudades y países de la región pueden mirar de cerca.
¿Pueden otras ciudades replicar el modelo de gestión de recursos escolares de Bogotá?
Colombia tiene 32 departamentos y más de 1.100 municipios, organizados en Entidades Territoriales Certificadas en Educación (ETC). La mayoría enfrenta versiones del mismo problema que tenía Bogotá antes del SIDRE: solicitudes que llegan por correo, oficios físicos o visitas presenciales, archivos de Excel que se acumulan sin orden ni jerarquía, y decisiones de compra basadas en lo que pidió una autoridad escolar que quizás ya no está en el cargo.
Sin embargo, hasta ahora solo Bogotá ha implementado un sistema como este. El reporte del BID plantea que replicarlo requiere algunas condiciones que no todas las ETC tienen resueltas:
- Presupuesto destinado específicamente a dotaciones,
- Equipos técnicos capaces de administrar la plataforma y validar solicitudes,
- Catálogo de bienes con precios de referencia adaptado a cada territorio, y
- Respaldo normativo que le dé estabilidad al proceso más allá de los cambios de administración.
En Bogotá, de hecho, el desarrollo del SIDRE se mantuvo a lo largo de dos administraciones distritales distintas, lo que habla de una decisión institucional de sostener el sistema más allá de los ciclos políticos.
El diseño del SIDRE —catálogo estandarizado, sistema de puntos en lugar de dinero, trazabilidad digital— se pensó desde el inicio para poder adaptarse a otros territorios y países. Usar puntos en vez de transferir dinero directamente a los colegios, por ejemplo, evita las tensiones que suele generar el manejo de recursos financieros a nivel escolar y facilita que la planificación se haga desde el nivel central.
Al final, lo que el caso de Bogotá muestra no es solo una plataforma tecnológica bien construida, sino una pregunta de fondo para cualquier sistema educativo: ¿quién decide qué necesita un colegio, y con qué criterios? Cuando esa decisión se toma sin datos ni reglas claras, se termina repartiendo el presupuesto de la forma más fácil políticamente —un poco para cada uno— aunque eso signifique perder economías de escala y dejar sin resolver las necesidades más urgentes. El SIDRE demuestra que es posible planificar de forma centralizada y, al mismo tiempo, participativa, sin que una cosa le quite espacio a la otra.