- La gobernanza de la infraestructura pública digital (DPI) y de los bienes públicos digitales se presenta como un cambio de paradigma, por el que los gobiernos pasan de sistemas aislados a construir bloques digitales comunes (identidad, pagos, datos), y donde la clave no es solo tecnológica, sino definir quién decide, cómo y bajo qué reglas.
- Una gobernanza adecuada es fundamental para que la DPI funcione a escala: sin reglas compartidas, coordinación y estándares, surgen problemas como duplicidad, falta de interoperabilidad y pérdida de confianza ciudadana.
- La DPI requiere más que tecnología: implica aprovechar el código abierto y los bienes públicos digitales, junto con capacidades institucionales (como las OSPO), para garantizar sostenibilidad, soberanía tecnológica y escalabilidad. Soluciones como Código para el Desarrollo del BID están ayudanando a los gobiernos cerrar estas brechas.
La Infraestructura Pública Digital es un enfoque que permite a los gobiernos construir capacidades digitales compartidas mediante componentes comunes y reutilizables, como identidad digital, pagos o intercambio de datos para ofrecer servicios públicos de manera más eficiente, interoperable e inclusiva. Cuando hablamos de gobernanza de la DPI, nos referimos a las estructuras, reglas y procesos que determinan cómo se desarrolla e implementa la infraestructura digital en un país.
La gobernanza de la DPI responde a tres preguntas fundamentales:
• ¿Quién decide?
• ¿Cómo se toman esas decisiones?
• ¿Bajo qué reglas y salvaguardas?
En la práctica se traduce en decisiones operativas, por ejemplo:
• ¿Qué entidad es responsable de la identidad digital?
• ¿Qué estándares deben seguir las instituciones para intercambiar datos?
• ¿Cómo se financian y mantienen los componentes compartidos?
El impacto de la DPI en la ciudadanía
En los últimos años, la Infraestructura Pública Digital se ha convertido en un tema central para los gobiernos que buscan mejorar la prestación de servicios a la ciudadanía y aumentar la eficiencia del Estado. Sin embargo, hay una pregunta recurrente: ¿Cómo pasar de soluciones digitales aisladas a sistemas que realmente escalen y se sostengan en el tiempo?
La DPI no es sólo un conjunto de herramientas. Es un cambio en la forma en que el gobierno aborda la transformación digital. A diferencia de los modelos tradicionales, en los que cada institución desarrolla sus propios sistemas, la DPI propone construir bloques comunes y reutilizables (identidad, pagos, intercambio de datos) para todo el gobierno.
Esto introduce un reto, la DPI es transversal, y los gobiernos no siempre están diseñados para operar así. De ahí surgen desafíos recurrentes, como la duplicidad de esfuerzos, los conflictos de autoridad, la falta de incentivos para compartir datos y la toma de decisiones fragmentada. Por eso, avanzar en DPI implica más que digitalizar servicios públicos, se trata de coordinar actores clave, alinear incentivos y establecer reglas comunes: la respuesta no es tecnológica, es de gobernanza.
Al fallar esta gobernanza, la ciudadanía lo resiente. Por ejemplo, una persona que ya tiene identidad digital puede verse obligada a validarla nuevamente en otro trámite, mientras que otra puede recibir mensajes contradictorios de distintos programas sociales.
Detrás de estos casos hay problemas de gobernanza, como instituciones que no reutilizan infraestructura existente, la falta de estándares comunes y la ausencia de reglas claras sobre el intercambio de datos. Cuando esto ocurre, el costo es de confianza, tiempo y eficiencia del Estado.
La importancia del código abierto para la DPI
En este contexto, el software de código abierto (Open-Source Software, OSS por sus siglas en inglés) se ha convertido en un habilitador clave. Más que una opción técnica, los gobiernos lo están adoptando como un componente esencial para construir DPI sostenible, interoperable y escalable en el tiempo.
Muchas soluciones de DPI se construyen sobre bienes públicos digitales: software, datos y estándares abiertos que pueden ser adaptados y reutilizados por distintos países. Esto permite a los gobiernos construir sobre herramientas existentes y probadas.
Como se analiza en la entrada “Infraestructura digital y software de código abierto: casos en Latinoamérica”, los países que han avanzado en la implementación de DPI comparten un elemento en común: el control de su infraestructura tecnológica, lo que les permite garantizar soberanía digital, adaptarse con rapidez y escalar soluciones entre sectores.
El uso de OSS permite:
• Acelerar la implementación, aprovechando soluciones existentes en lugar de desarrollar desde cero
• Fortalecer la soberanía tecnológica, reduciendo la dependencia de proveedores únicos
• Habilitar interoperabilidad y escalabilidad, mediante estándares abiertos y componentes reutilizables
Sin embargo, estos beneficios no se materializan automáticamente. Su adopción también introduce desafíos reales:
• Marcos de contratación que no están diseñados para OSS
• Incertidumbre legal sobre licencias
• Falta de claridad sobre mantenimiento y propiedad
Sin una estructura institucional clara, el potencial del código abierto como habilitador de la DPI puede quedarse limitado.
El rol de las oficinas de programas de código abierto
Las oficinas de programas de código abierto (OSPO, por sus siglas en inglés) suelen percibirse como unidades técnicas o departamentos de TI, pero van más allá. Las OSPO permiten a los gobiernos usar, adaptar y escalar OSS de manera estratégica.
Su valor radica en ordenar lo que hoy suele ser disperso, al definir políticas y lineamientos para el uso de OSS, apoyar procesos de adquisición y cumplimiento legal, coordinar equipos técnicos y comunidades, y facilitar la reutilización entre instituciones. En otras palabras, una OSPO ayuda a convertir el código abierto en capacidad institucional.
El rol del BID y Código para el Desarrollo
En América Latina y el Caribe, donde muchos países enfrentan estos desafíos, el BID está trabajando para cerrar la brecha entre interés y adopción de soluciones digitales, a través de Código para el Desarrollo.
Esto implica facilitar el acceso a herramientas de código abierto, fortalecer capacidades institucionales, conectar la demanda con ecosistemas técnicos y acompañar las decisiones estratégicas de gobierno en su contexto real.
Lecciones para avanzar en la gobernanza de la DPI
A partir de la experiencia del curso, estas son tres lecciones clave para avanzar en DPI:
1. La gobernanza es una práctica clave
No basta con definir estrategias. Se necesitan mecanismos reales de toma de decisiones, coordinación y ejecución.
2. La tecnología sin coordinación no escala
Los sistemas pueden existir, pero sin reglas comunes y una autoridad clara no generan valor sistémico.
3. El código abierto requiere gobernanza, no sólo adopción
El OSS ofrece oportunidades, pero sólo si existen capacidades institucionales para gestionarlo.
Hoy más que nunca, los gobiernos buscan escalar servicios digitales, interoperar sistemas y responder mejor a las necesidades de la ciudadanía. En ese contexto, la capacidad de tomar decisiones estratégicas mediante una gobernanza óptima puede marcar la diferencia entre obtener avances aislados y lograr transformaciones sostenibles.
Los autores agradecen el apoyo y co-diseño de contenidos de Benjamin David Roseth (Inter-American Development Bank), Jesenia Rodríguez (Code for Development, Inter-American Development Bank), Jon Lloyd (Digital Public Goods Alliance) y Jaclyn Carlsen (50-in-5).