- La desgravación arancelaria solo genera beneficios si las empresas pueden acreditar el origen de sus productos de forma ágil y económica. El acuerdo Mercosur-UE lo hace posible con un sistema moderno de autocertificación.
- Bajo el nuevo esquema, el exportador declara el origen directamente en su factura comercial, sin necesidad de tramitar un certificado ante una entidad habilitada por cada envío.
- El éxito del mecanismo dependerá de la capacitación de los exportadores —especialmente las pymes— y del ecosistema de apoyo que construyan los países del bloque, un proceso que el BID acompaña con asistencia técnica y conocimiento.
¿De qué sirve negociar un arancel cero si acceder a él cuesta más de lo que aporta? La pregunta no es retórica. Desde que el acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea (UE) comenzó provisionalmente el 1 de mayo de 2026, miles de líneas arancelarias comenzaron a desgravarse. Pero la desgravación por sí sola no basta: es condición necesaria mas no suficiente para que las empresas aprovechen los beneficios del acuerdo.
Para que el importador pueda solicitar ese trato arancelario preferencial, primero debe acreditar que su producto "proviene de" un país del Mercosur. Esa prueba, el certificado de origen, ha sido históricamente uno de los obstáculos para que las preferencias lleguen a las empresas. El acuerdo cambia eso de raíz.
En una entrada anterior en este blog del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), señalamos que el acuerdo va más allá del comercio: su dimensión regulatoria e institucional es complementaria a su dimensión arancelaria para el potencial transformador del tratado. Pero esa transformación se materializa operación por operación, empresa por empresa. El punto de entrada es la certificación de origen —desde el BID estamos acompañando a los países del Mercosur en la implementación.
El costo invisible de certificar
Para entender qué cambia, conviene partir de cero. Cuando un importador europeo quiere aplicar el arancel preferencial a un producto proveniente del Mercosur, debe presentar ante la aduana una prueba de que dicho bien cumple los requisitos de origen del acuerdo. Tradicionalmente, en el Mercosur, esa prueba tomaba la forma de un certificado emitido por una entidad habilitada. El exportador debía solicitarlo, presentar documentación, pagar una tasa y esperar la emisión. Todo eso para cada envío.
El problema no es la complejidad del trámite sino los elevados costos administrativos. El costo de obtener un certificado es, en gran medida, fijo por operación. Una empresa que exporta un contenedor de US$1.000.000 y una pyme que exporta una partida de US$100.000 enfrentan costos de certificación similares. Para la primera, ese costo puede ser marginal una vez, pero puede ser alto si realiza múltiples envíos de forma periódica. Para la segunda, puede representar una fracción significativa del margen preferencial disponible, o incluso superarlo.
La literatura académica documenta este fenómeno con precisión. Anson et al. (2005) estimaron que, en el marco del TLCAN, los costos administrativos asociados a las reglas de origen absorbían el 47% del margen preferencial disponible para los exportadores mexicanos —casi la mitad de la ventaja arancelaria negociada se evaporaba antes de llegar al exportador.
La evidencia también muestra que reducir esos costos tiene efectos reales: cuando en 2011 la UE relajó las reglas de origen para los países menos adelantados, la tasa de utilización de las preferencias aumentó en promedio un 50% (Sytsma, 2021). El mecanismo es directo: cuando certificar consume el margen preferencial, las empresas dejan de reclamar la preferencia o directamente no exportan.
Qué cambia con el acuerdo
El Capítulo 3 del acuerdo introduce un cambio estructural en la forma de acreditar el origen. El mecanismo central ya no es el certificado emitido por una entidad habilitada, sino una autocertificación, el statement on origin: una declaración que el propio exportador inscribe en su factura comercial, en la nota de entrega o en cualquier otro documento comercial que identifique el producto con suficiente detalle. Sin formularios especiales, sin ventanillas de terceros organismos, sin esperas.
El funcionamiento es simple. El exportador redacta la declaración utilizando el texto estandarizado establecido en el acuerdo, e incluye su número de identificación nacional como registro. La declaración tiene una vigencia de 12 meses desde su emisión por parte del exportador (Art. 3.18). La verificación puede realizarse de forma aleatoria o cuando exista una duda razonable sobre la autenticidad de la declaración o el origen del producto (Art. 3.25). La responsabilidad por la veracidad de lo declarado recae íntegramente en el exportador, quien debe conservar la documentación de respaldo por al menos tres años (Art. 3.22).
El resultado es un desplazamiento de la carga: de un proceso administrativo repetido por operación, a un proceso de registro único y de responsabilidad documental continua. El costo no desaparece, sino que una parte se reduce y otra se transforma (ver cuadro abajo).
Lo que antes era tiempo y dinero gastado en tramitar, ahora es inversión en conocer las reglas de origen que aplican al producto propio y en mantener los registros que las respaldan. Cada país deberá operacionalizar este esquema conforme a sus propias normas y plataformas de comercio exterior. Brasil, por ejemplo, ya contaba con un sistema propio de autocertificación de origen implementado antes de la entrada en vigor del acuerdo, a través del Portal Único/SISCOMEX. Por eso, la implementación nacional será tan importante como el texto del propio acuerdo.
Transición gradual y el modelo espejo europeo
Durante un período de transición de hasta tres años — prorrogable por dos años adicionales según el Anexo 3-D—, la UE también acepta el certificado de origen tradicional emitido por entidades habilitadas. Esto permite que los exportadores adopten el nuevo esquema a su propio ritmo, sin discontinuidad en el acceso a las preferencias.
El sistema de autocertificación no es una imposición abrupta: es una puerta que se abre, no una que se cierra.
Del lado europeo, el mecanismo espejo ya está operativo desde hace años y permite reducir los costos sin necesariamente bajar los estándares. Los exportadores de la UE utilizan el sistema REX (Registered Exporter System): un registro único ante la Comisión Europea que habilita al exportador a emitir declaraciones de origen válidas simultáneamente para todos los acuerdos involucrados en este esquema.
El siguiente cuadro resume las diferencias prácticas entre ambos esquemas. La pregunta central para cualquier exportador es simple: ¿qué tengo que hacer ahora que antes no hacía, y qué dejo de hacer?
Certificación tradicional vs. autocertificación de origen en el acuerdo Mercosur-UE
| Certificación tradicional | Autocertificación (Acuerdo Mercosur-UE) |
¿Quién declara el origen? | Una entidad habilitada (cámara de comercio, agencia estatal) verifica la documentación y emite el certificado. | El propio exportador declara el origen de su producto. No interviene ningún tercero. |
¿Dónde figura? | En un certificado oficial, separado de los demás documentos de exportación. | Directamente en la factura comercial, la nota de entrega u otro documento que ya acompaña el envío. |
¿Cuándo se gestiona? | Antes de cada envío, el exportador inicia el trámite, presenta la documentación y espera la emisión. | Al momento de emitir el documento comercial. No hay trámite previo por separado. |
¿Cuánto cuesta? | Tasa por operación más tiempo de gestión. Costo fijo independiente del valor exportado, lo que afecta de forma proporcionalmente mayor a las pymes. | Sin tasa por operación. El costo es conocer las reglas de origen del producto y mantener los registros en orden. |
¿Quién responde si hay un error? | El exportador es responsable, pero la entidad certificadora actúa como filtro al verificar la documentación antes de emitir el certificado. | El exportador asume toda la responsabilidad. No hay filtro externo: una declaración incorrecta puede implicar la pérdida del beneficio arancelario y sanciones. |
¿Por cuánto tiempo es válida? | Varía según el esquema y la entidad emisora. | 12 meses desde la fecha de emisión. |
¿Cuál es el principal riesgo? | Que el costo del trámite consuma el beneficio arancelario, especialmente en envíos de menor valor. | Que una declaración incorrecta derive en la denegación del trato preferencial o en sanciones en destino. |
Fuente: elaboración propia con base en el Capítulo 3 del acuerdo Mercosur-UE (Arts. 3.18, 3.22 y 3.25).
Un estándar global con lecciones regionales
La autocertificación de origen es el modelo que se ha impuesto en los acuerdos comerciales modernos, y la evidencia académica y la experiencia regional coinciden en que simplificar el acceso a las preferencias arancelarias tiene efectos reales y medibles sobre su utilización.
Existe evidencia que muestra que este efecto no es uniforme: los países con menores barreras regulatorias al comercio —menos documentos, menores costos, menor tiempo de despacho— capturan ganancias mayores cuando se facilita la certificación. La implicancia para el Mercosur es directa: el diseño del mecanismo importa, pero el entorno institucional en el que opera importa también.
El Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico (CPTPP), el acuerdo transpacífico que agrupa a 11 economías, opera bajo el mismo principio como regla general. Los acuerdos de la UE con Canadá, Japón, Reino Unido y Vietnam utilizan el sistema REX, el mismo que ahora se extiende al Mercosur. Chile opera hoy con 11 acuerdos bajo esquemas de autocertificación, y ha acumulado aprendizajes concretos sobre su funcionamiento. Su experiencia señala que la autocertificación por el exportador o el productor tiende a funcionar mejor que la del importador, ya que quienes participan en el proceso productivo pueden respaldar mejor la declaración ante una verificación. También señala que la madurez del entorno institucional y el nivel de conocimiento del sector privado sobre las reglas de origen son determinantes para el éxito del esquema.
La llave existe: el desafío es usarla de la forma correcta
La autocertificación de origen no es un detalle técnico del acuerdo. Es el mecanismo que determina si las preferencias arancelarias negociadas llegan realmente a las empresas exportadoras de la región, o si quedan sobre el papel. La pregunta no es si el sistema funciona, sino si las empresas del Mercosur estarán en condiciones de usarlo desde el primer día.
Eso depende de tres cosas:
1. los exportadores se registren y conozcan las reglas de origen de sus productos;
2. los Estados del bloque construyan el ecosistema de apoyo necesario — capacitación, guías, plataformas, canales de consulta;
3. la cooperación regional facilite la convergencia de criterios entre aduanas para que una declaración emitida en Buenos Aires, Brasilia, Asunción o Montevideo sea recibida con las mismas garantías en Rotterdam o Hamburgo.
La llave está diseñada. Ahora hay que aprender a usarla.
Como socio estratégico del Mercosur, el BID acompaña este proceso con conocimiento, asistencia técnica y financiamiento para que la implementación del acuerdo se traduzca en resultados concretos para las empresas y las personas de la región. Para el BID, que las empresas, especialmente las pymes, aprovechen las oportunidades del comercio es clave para el crecimiento sostenible de América Latina y el Caribe.
Este artículo es el segundo de una serie del BID sobre el acuerdo Mercosur-UE. Consulte la primera entrada de la serie para una visión general del potencial transformador del acuerdo.