- El conflicto en Irán está elevando los costos de la energía, la logística y los fertilizantes, con importantes repercusiones para el crecimiento, la inflación y el bienestar de los hogares de la región.
- Sin embargo, los efectos son desiguales: mientras algunas economías se benefician del aumento de los ingresos petroleros, la mayoría se enfrenta a un deterioro de las cuentas externas, a mayores presiones fiscales y a una desaceleración del crecimiento.
- La clave para reducir la exposición a futuros choques estará en la capacidad de los países de la región para proteger a los hogares vulnerables, preservar la estabilidad macroeconómica y fortalecer la resiliencia energética y de las cadenas de suministro.
La guerra en Irán está generando un choque global complejo, de profundas implicaciones para América Latina y el Caribe. El aumento de los precios de la energía, las disrupciones en las cadenas de suministro y el tensionamiento de los mercados de fertilizantes están afectando al crecimiento, la inflación, los balances fiscales y el bienestar de los hogares en toda la región.
El shock opera simultáneamente a través de múltiples canales. El aumento de los precios de la energía incrementa los costos de transporte y producción. A su vez, las disrupciones que afectan a las cadenas de suministro elevan los costos logísticos y retrasan los flujos comerciales. Por otro lado, los mercados de fertilizantes también están bajo presión, que se traslada progresivamente a los precios de los alimentos. En conjunto, estas fuerzas están poniendo a prueba la resiliencia de la región, en un momento de crecimiento limitado y de espacio fiscal restringido.
Para evaluar la posible magnitud de estos efectos, nuestro análisis considera dos escenarios. En el escenario base, los precios del petróleo alcanzan alrededor de US$95 por barril antes de descender gradualmente hacia niveles previos al conflicto a lo largo de dos años. En el escenario adverso, los precios suben a US$120 por barril y permanecen elevados durante al menos cuatro trimestres. Este escenario contempla una prolongación de la guerra en Irán, interrupciones persistentes de rutas marítimas clave y una incertidumbre sostenida, que retrasaría la normalización de los mercados energéticos. Ambos escenarios cuentan con precedentes históricos.
La producción de petróleo es un factor clave para determinar el impacto de este choque sobre los países de América Latina y el Caribe.
Para los importadores netos de petróleo, el aumento de los costos energéticos debilita el crecimiento e incrementa las presiones fiscales y externas. En el mencionado escenario adverso, el crecimiento del PIB podría reducirse hasta en 1,2 puntos porcentuales en 2026. Los déficits fiscales podrían ampliarse entre 0,5 y 1,6 puntos porcentuales del PIB a medida que aumentan los costos de importación y los gobiernos enfrentan presiones para adoptar medidas de alivio.
Por el contrario, los exportadores netos podrían registrar un aumento del crecimiento de hasta 1,7 puntos porcentuales en el escenario adverso, mientras que los balances fiscales podrían mejorar hasta en 1,8 puntos porcentuales del PIB gracias al incremento de las regalías y de los ingresos petroleros, como puede apreciarse en los gráficos 1 y 2.
En este escenario adverso, los términos de intercambio también se deterioran de forma pronunciada para los importadores netos de petróleo, hasta en 4,2 puntos porcentuales en 2026. En la práctica, esto significa que los países necesitan exportar más para pagar el mismo volumen de importaciones, lo que se traduce en menos poder adquisitivo y más presiones externas.
La vulnerabilidad también va más allá del uso directo de la energía. Incluso los países que parecen menos expuestos pueden verse afectados por el aumento de los costos de los insumos importados, el transporte y la producción de alimentos.
Los precios de los alimentos constituyen uno de los principales canales a través de los cuales el choque repercute en los hogares. La subida de los precios de la energía eleva los costos de transporte, procesamiento y embalaje, en tanto que el encarecimiento del gas natural incrementa los costos de los fertilizantes. Pasado un tiempo, un choque energético se convierte en un choque de producción de alimentos.
También se está produciendo un choque paralelo en los mercados de fertilizantes, en los que Irán ha sido históricamente un proveedor importante. Un aumento del 40% en los precios de los fertilizantes podría provocar incrementos sostenidos de los precios de los alimentos, especialmente en los países que dependen en gran medida de fertilizantes importados.
Es probable que los efectos sean más intensos en las economías con una fuerte dependencia de los alimentos y fertilizantes importados. Once meses después del choque, la diferencia en la inflación de los alimentos entre los países con alta y baja dependencia se aproxima a 4 puntos porcentuales y permanece elevada durante dos años o más, como puede apreciarse en el gráfico 3.
También son significativos los efectos del shock sobre la pobreza. Partiendo de una tasa regional de pobreza moderada del 34,64 %, la subida de los precios de los alimentos podría empujar a un 0,30 % adicional de la población por debajo de la línea de pobreza moderada en el escenario base, y a un 0,78 % en el escenario adverso. A escala de América Latina y el Caribe, esto significaría que millones de personas caerían por debajo del umbral de la pobreza.
La carga probablemente recaerá con más fuerza sobre las economías de Centroamérica y el Caribe, donde los alimentos importados representan una gran proporción del consumo y los hogares de menores ingresos destinan una parte desproporcionada de sus ingresos a la alimentación. Como consecuencia de ello, el aumento de los precios de los alimentos puede afectar rápidamente al bienestar de los hogares y a la seguridad alimentaria.
Las interrupciones de las rutas marítimas mundiales añaden una nueva fuente de presión.
El aumento de los costos logísticos y los retrasos en los flujos comerciales podrían reducir el crecimiento del PIB regional en alrededor de 0,14 puntos porcentuales en el escenario base y de 0,31 puntos porcentuales en el escenario adverso. También podrían incrementar las presiones inflacionarias y fiscales.
Los países muy dependientes de bienes intermedios importados se encuentran particularmente expuestos. Centroamérica enfrenta vulnerabilidades significativas debido a su integración en las cadenas globales de producción y a su dependencia de insumos importados.
El choque ha afectado a los países de forma desigual y ha sido, de hecho, menos intenso en América Latina y el Caribe que en muchas otras zonas. Además, la región llegaba a este choque con ciertos colchones macroeconómicos. Hasta ahora, los mercados financieros han mostrado una resiliencia relativa, aunque los riesgos a la baja podrían intensificarse si las disrupciones persisten.
En materia de reservas internacionales, la mayoría de los países se encuentra en mejor situación que en décadas anteriores y mantiene niveles superiores a los parámetros de suficiencia del FMI. Esta circunstancia les brinda una notable protección frente a las presiones externas, al tiempo que reduce el riesgo de ajustes externos desordenados.
Al mismo tiempo, se trata de un choque global significativo y no transitorio. Los niveles de deuda son más elevados y el espacio fiscal es más limitado. Varios países siguen enfrentando altos niveles de endeudamiento y una elevada carga de intereses, lo que restringe el margen para subsidios generalizados, grandes transferencias o inversiones públicas adicionales. Como ha ocurrido en choques anteriores, es probable que los países con posiciones fiscales más débiles tengan que afrontar decisiones más difíciles y que los costos de ajuste recaigan con mayor peso sobre los hogares más vulnerables.
Por otro lado, la matriz energética regional está más diversificada que décadas atrás, con una mayor participación de la energía hidroeléctrica, eólica y solar. Sin embargo, algunas economías del Caribe y de Centroamérica siguen dependiendo en gran medida del petróleo para generar electricidad, por lo que se encuentran más expuestas al aumento de los precios energéticos.
Las decisiones políticas que se adopten ahora determinarán cómo se absorbe este choque a nivel macroeconómico y en qué medida puede afectar a los sectores más vulnerables de la región.
Cabe destacar tres prioridades:
1. Proteger a los hogares vulnerables
La respuesta debe apoyarse en mecanismos focalizados dirigidos a los hogares más afectados por el aumento de los precios de los alimentos y la energía.
Los sistemas bien diseñados de transferencias monetarias y estabilizadores automáticos pueden amortiguar el impacto de manera rápida y eficiente. Los países con sistemas de protección social más sólidos estarán en mejores condiciones de proteger el poder adquisitivo sin generar importantes distorsiones fiscales.
2. Mantener la disciplina fiscal
Se trata de un choque demasiado importante para absorberlo íntegramente a través de los presupuestos públicos.
Los subsidios generalizados y las medidas de emergencia mal focalizadas pueden debilitar la posición fiscal, distorsionar los incentivos y resultar difícilmente reversibles. Ante la presión para actuar con rapidez, los gobiernos deben tener un objetivo claro: apoyar a los hogares vulnerables sin comprometer la estabilidad macroeconómica.
Los países con colchones fiscales más sólidos y mayores reservas internacionales están en mejores condiciones para responder sin comprometer la confianza ni las perspectivas de crecimiento a largo plazo.
3. Fortalecer la oferta y la resiliencia
No se trata de un choque aislado. Este tipo de perturbaciones son cada vez más frecuentes y complejas, de modo que es preciso adoptar medidas estructurales con vistas a reducir la vulnerabilidad.
Para reducir la exposición a futuros choques externos será decisivo diversificar las fuentes de energía, fortalecer las cadenas regionales de suministro, ampliar la producción local y regional de fertilizantes y mejorar la logística.
Al mismo tiempo, la región tiene la oportunidad de posicionarse como un socio confiable y seguro en las cadenas globales de suministro, desde la agricultura hasta los minerales críticos. Avanzar hacia actividades de mayor valor agregado puede impulsar el crecimiento, fortalecer la resiliencia y generar empleo.
El conflicto en Irán se produce en un momento en que muchos países de la región todavía están reconstruyendo sus márgenes fiscales y sociales tras la pandemia de COVID‑19, mientras que la inflación apenas ha comenzado a moderarse.
Por otro lado, América Latina y el Caribe afrontan este choque desde una posición macroeconómica más sólida que en décadas anteriores. Los niveles de reservas son, en general, más elevados, la matriz energética está más diversificada y los mercados financieros han mostrado resiliencia.
Aun así, los efectos del choque seguirán siendo desiguales, en función de la producción petrolera, de la dependencia de las importaciones de alimentos y fertilizantes, y del espacio fiscal disponible de cada país.
Por consiguiente, la respuesta no puede plegarse a una única receta regional. Los países necesitarán aplicar medidas específicas que protejan a los hogares vulnerables, preserven la estabilidad macroeconómica y reduzcan las vulnerabilidades estructurales a largo plazo.