- Las mujeres representan el 36% de la fuerza laboral agroalimentaria en América Latina y el Caribe y enfrentan una prevalencia de inseguridad alimentaria del 29,9%, frente al 23,9% observado entre los hombres.
- Las mujeres contribuyen al sostenimiento de los sistemas agroalimentarios, pero no siempre se benefician de ellos.
- Cerrar esta brecha requiere de políticas que amplíen el acceso de las mujeres a recursos productivos, servicios y oportunidades, fortaleciendo al mismo tiempo la seguridad alimentaria y la resiliencia de los sistemas agroalimentarios.
En 2026, declarado por Naciones Unidas como el Año Internacional de la Mujer Agricultora, se abre una oportunidad clave para visibilizar una paradoja persistente en América Latina y el Caribe (ALC): las mujeres que sostienen buena parte de la producción y el acceso a los alimentos son, al mismo tiempo, más propensas a experimentar inseguridad alimentaria y dietas de menor calidad.
Las mujeres participan activamente en los sistemas agroalimentarios de la región: producen, procesan, preparan y distribuyen alimentos en sus hogares y comunidades. Sin embargo, enfrentan altos niveles de inseguridad alimentaria. Esta realidad pone de relieve las brechas estructurales que aún persisten. Frente a este desafío, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) viene impulsando iniciativas para fortalecer el acceso de las mujeres a recursos productivos, servicios y oportunidades, contribuyendo a cerrar estas brechas y fortalecer su seguridad alimentaria.
La agricultura es un sector estratégico para el desarrollo económico y ambiental de ALC. Representa aproximadamente el 6% del PIB regional, genera el 15% del empleo total y contribuye con el 13% de la producción agrícola mundial y el 16% de las exportaciones agrícolas globales. Uno de los principales desafíos de este sector es garantizar un suministro suficiente y estable de alimentos nutritivos para toda la población, en un contexto de variabilidad climática, presiones sobre los recursos naturales y mayor volatilidad económica.
En este marco, los sistemas agroalimentarios son centrales. Incluyen el conjunto de actividades y relaciones que abarcan la producción, transformación, distribución, comercio y consumo de alimentos. En estos sistemas se define no solo cuánto se produce, sino también quién produce, quién accede a los alimentos, en qué condiciones, y quiénes se benefician de los sistemas agroalimentarios. Estas dinámicas están atravesadas por normas sociales que condicionan el acceso, uso y control de recursos, ingresos y servicios por parte de las mujeres.
La agricultura y los sistemas agroalimentarios dependen del funcionamiento de los mercados y de su capacidad para gestionar riesgos. Conflictos internacionales, interrupciones en las cadenas de suministro, volatilidad climática o cambios en las alianzas comerciales afectan la energía, el transporte y el acceso a insumos como fertilizantes. Esto encarece la producción y aumenta la volatilidad de los precios de los alimentos. En este contexto, las políticas públicas desempeñan un papel fundamental para fortalecer la resiliencia de los sistemas agroalimentarios y mitigar las fallas de mercado asociadas a estos riesgos.
Estos shocks afectan a todo el sector, pero golpean con mayor fuerza a quienes ya enfrentan barreras estructurales. En el caso de muchas mujeres rurales, la evidencia muestra, que el menor acceso a tierra, agua, crédito y tecnologías, servicios de extensión y mercados formales reduce su capacidad para enfrentar estos riesgos, aumentando su vulnerabilidad económica y alimentaria.
Las mujeres rurales son una columna vertebral de la producción y el abastecimiento de alimentos en ALC. Gestionan fincas familiares, diversifican cultivos, sostienen la producción de subsistencia y abastecen mercados locales, al tiempo que organizan el consumo de alimentos en sus hogares y comunidades.
En el conjunto de los sistemas agroalimentarios de la región, las mujeres representan alrededor del 36% de la fuerza laboral. A lo largo de todo el ciclo, desde la producción en finca hasta el procesamiento, el transporte, la venta y la preparación de los alimentos, las mujeres participan como trabajadoras agrarias, muchas veces en condiciones de alta informalidad.
Si se observa el empleo en el sector agrícola, en 2023, el 24,4% de las personas ocupadas correspondía a mujeres, con una gran heterogeneidad entre países: los porcentajes llegan hasta el 47,5% y el 43,9%, en Bolivia y Barbados, mientras que en República Dominicana y Honduras la proporción es de 7,8% y 9,4%, respectivamente.
Más allá de estas cifras, una parte importante de su trabajo ocurre en actividades que no siempre son captadas por las estadísticas oficiales: labores no remuneradas en fincas familiares, cuidado de animales, procesamiento de alimentos, manejo de huertos o apoyo en cosechas. Estas tareas suelen considerarse una extensión del trabajo doméstico o del “apoyo familiar”, por lo que no se registran como empleo agrícola formal, aun cuando son esenciales para la producción y el abastecimiento de alimentos.
En la práctica, las mujeres rurales sostienen simultáneamente el trabajo en la agricultura, en los sistemas agroalimentarios y en el cuidado no remunerado, dedicando entre 20 y 42 horas semanales a estas labores, frente a las 5 a 21 horas que destinan los hombres a las mismas tareas.
En otras palabras, las mujeres son clave para el funcionamiento de los sistemas agroalimentarios y para que los alimentos lleguen a la mesa, pero esa contribución no se traduce en mejores condiciones de vida ni en mayor seguridad alimentaria para ellas y sus familias.
La seguridad alimentaria existe cuando todas las personas tienen acceso físico y económico, en todo momento, a alimentos suficientes, seguros y nutritivos para llevar una vida activa y saludable. No depende solo de la disponibilidad de alimentos, sino del acceso estable a dietas de calidad. La inseguridad alimentaria se manifiesta cuando se reduce la calidad o cantidad de lo que se consume, se omiten comidas o se pasa hambre.
En ALC, la inseguridad alimentaria sigue siendo un desafío estructural. En los últimos años, los indicadores se deterioraron por la pandemia de COVID-19, la desaceleración económica, la inflación y los shocks climáticos. Aunque hubo una recuperación reciente — la inseguridad alimentaria moderada o severa en la población total bajó de 31,7% en 2019-2021 a 27,3% en 2022‑2024—, los niveles siguen siendo elevados y desiguales. En el Caribe, Haití y Jamaica registran los niveles más altos de inseguridad alimentaria, donde la pobreza rural, la alta vulnerabilidad climática y la dependencia externa agravan los riesgos.
La evidencia muestra que desigualdades entre hombres y mujeres asociadas a la pobreza, menor acceso y control sobre los medios de producción, la escasa participación política, las normas sociales discriminatorias, y las diferentes formas de violencia configuran un conjunto de barreras que limitan el acceso de muchas mujeres a una alimentación saludable.
En ALC, las mujeres presentan una mayor prevalencia de inseguridad alimentaria que los hombres: un 29,9% frente a un 23,9%. En Perú, El Salvador y República Dominicana la brecha es aún mayor, con diferencias de 15,2, 13,8 y 9,2 puntos porcentuales, respectivamente. Aunque varía entre países, el patrón se repite en casi toda ALC —con la excepción de Jamaica— y refleja una paradoja: las mujeres que sostienen buena parte del trabajo agrícola, agroalimentario y de cuidado rural son también quienes más padecen la inseguridad alimentaria.
Este patrón no es uniforme ni inevitable. En algunos contextos, cuando las mujeres controlan los ingresos provenientes de su trabajo agrícola, diversos estudios muestran mejoras en la seguridad alimentaria del hogar. Esto sugiere que dicha paradoja no es inherente. Jamaica constituye una excepción al patrón observado en la región, lo que muestra que no en todos los países de ALC hay una brecha entre hombres y mujeres en la seguridad alimentaria.
La inseguridad alimentaria suele medirse a través del acceso y el consumo de alimentos, pero sus efectos van más allá. En muchos hogares rurales, las mujeres ajustan las porciones, priorizan la alimentación de niñas, niños y otras personas del hogar y, cuando los alimentos no alcanzan, suelen ser las primeras en reducir su propio consumo.
Con el tiempo, estas estrategias de afrontamiento pueden deteriorar la calidad de la dieta y aumentar el riesgo de malnutrición. Aunque la anemia responde a múltiples factores, su elevada prevalencia entre las mujeres de 15 a 49 años constituye otro indicador de las desventajas nutricionales que enfrentan las mujeres en la región.
La magnitud del problema es clara: en Haití casi la mitad de las mujeres de 15 a 49 años tienen anemia; en Guyana más de un tercio presenta esta condición, y, en promedio, alrededor del 20% de las mujeres de este grupo de edad en ALC presenta anemia, una proporción que aumentó entre 2020 y 2023.
Cerrar las brechas de inseguridad alimentaria que afectan a las mujeres rurales no es solo una cuestión de productividad, sino también de desarrollo económico y resiliencia. Esto requiere ampliar su acceso a recursos, servicios y oportunidades, reducir las barreras que limitan su participación económica —incluidas las derivadas de las responsabilidades de cuidado y otras tareas no remuneradas— y fortalecer los sistemas agroalimentarios para que sus beneficios alcancen a toda la población.
Desde el BID trabajamos con los países de la región para reducir estas brechas mediante proyectos orientados a ampliar el acceso de las mujeres a recursos productivos, servicios, financiamiento y oportunidades de mercado, así como a fortalecer su participación en la toma de decisiones en los sistemas agroalimentarios.