- Las mujeres agricultoras desempeñan un papel central en el sostenimiento de los sistemas agroalimentarios en la región, pero gran parte de su trabajo sigue siendo invisibilizado y poco valorado.
- Enfrentan importantes desigualdades en el acceso a la tierra, el financiamiento, la tecnología y los espacios de toma de decisiones, lo que limita su productividad y sus oportunidades.
- Fortalecer las políticas y las inversiones que apoyan a las mujeres rurales es esencial para construir sistemas agroalimentarios más inclusivos, resilientes y sostenibles.
Las mujeres están en el corazón del campo latinoamericano. Siembran, cuidan animales, preservan semillas, procesan alimentos y sostienen redes comunitarias que hacen posible la vida rural. Sin embargo, gran parte de su trabajo sigue siendo invisible en las estadísticas, en los mercados y en las políticas públicas, y no cuentan con el mismo acceso a recursos como tierra, financiamiento, tecnología o capacitación. En el Grupo Banco Interamericano de Desarrollo trabajamos con los países de la región para apoyar a las mujeres rurales, ampliar sus oportunidades y destacar su contribución al desarrollo económico de América Latina y el Caribe (ALC).
La ONU declaró el 2026 como el Año Internacional de la Agricultora, para visibilizar su papel en la economía rural y la seguridad alimentaria, y promover acciones que reduzcan las desigualdades que enfrentan. Pero ¿quiénes son las mujeres que sostienen los sistemas agroalimentarios de ALC? ¿En qué condiciones trabajan y cuáles son los principales desafíos que enfrentan?
En ALC viven cerca de 670 millones de personas, de las cuales aproximadamente 540 millones residen en zonas urbanas y 125 millones en zonas rurales. En estas últimas habitan alrededor de 60 millones de mujeres, que representan cerca de la mitad de la población rural de la región. DE ellas, el 36% participa directamente en actividades agrícolas, dedicando en promedio 36 horas semanales al funcionamiento de los sistemas agroalimentarios. Además, las mujeres rurales destinan entre el 12% y el 25% de su tiempo diario a tareas de cuidado no remunerado, lo que equivale de 20 a 42 horas semanales adicionales de trabajo, mientras que los hombres dedican entre 5 y 21 horas a estas mismas tareas.
Las mujeres rurales conforman un grupo profundamente diverso: indígenas, afrodescendientes, agricultoras que viven en territorios afectados por conflictos armados o históricamente marginados, jóvenes y adultas mayores, con diversas orientaciones sexuales. Aunque sus experiencias son distintas, comparten condiciones estructurales que limitan sus oportunidades económicas y sociales en los territorios rurales.
Cuando hablamos de trabajadoras agrarias, no hablamos únicamente de quienes siembran o cosechan. Incluimos también a quienes participan en la preparación de suelos, el manejo de semillas, el cuidado de animales, la pesca artesanal, la limpieza de manglares, el procesamiento de alimentos y su comercialización en mercados locales. Otras sostienen el trabajo agrícola desde tareas organizativas y comunitarias. Estas actividades, remuneradas o no, son esenciales para la sostenibilidad de la mano de obra agraria y el funcionamiento de los sistemas agroalimentarios. A pesar de la centralidad de sus aportes, las mujeres agricultoras enfrentan profundas desigualdades económicas, sociales y culturales.
Estas brechas se reflejan en el acceso limitado a la propiedad y al control de los medios de producción, en su baja participación en los espacios de decisión sobre tierra, inversiones y estrategias productivas, y en una mayor vulnerabilidad frente a los eventos extremos. El resultado: sus fincas son, en promedio, un 24% menos productivas que las manejadas por hombres. Por ejemplo, las mujeres son propietarias solo del 20% de las parcelas, con grandes diferencias según el país: desde un 8% en Belice y Guatemala, hasta un 30% en Chile, Jamaica y Perú. Además, sus fincas suelen ser más pequeñas y con tierras de menor calidad. Adicionalmente, se concentran en trabajos más informales, menos calificados y con menor remuneración, mientras la sobrecarga de cuidado reduce su tiempo para el descanso, la formación y la participación política.
La inseguridad alimentaria también afecta de manera desproporcionada a todas las mujeres de la región. Según datos de la FAO, el 34,4% lo experimenta, frente al 27,2% de los hombres, y la brecha supera los nueve puntos porcentuales en países como Guatemala, Honduras, Perú, El Salvador, Argentina y Surinam. Además,entre las zonas rurales y urbanas fue de 8,3 puntos porcentuales en 2022, en comparación con 7,3 puntos porcentuales a nivel mundial. La misma desigualdad que limita su productividad amenaza también su alimentación.
En diferentes países de ALC, las mujeres participan en múltiples cadenas de valor agroalimentarias, desde la producción de granos básicos y cultivos de exportación hasta el procesamiento de alimentos y la organización comunitaria. De acuerdo con las estimaciones de empleo de FAOSTAT para 2020, la región registra más de nueve millones de mujeres ocupadas en agricultura y sistemas agroalimentarios: 4,47 millones en la región andina, 2,32 millones en el Cono Sur, 2,19 millones en Centroamérica y más de 70.000 en el Caribe.
Estas cifras muestran su aporte, pero subestiman gran parte de su labor, ya que solo contabilizan el empleo reconocido como transable en el mercado. Quedan fuera actividades esenciales como el autoconsumo, el cuidado de animales menores, la transformación artesanal de alimentos y la organización comunitaria para la gestión del agua, fundamentales para el funcionamiento cotidiano de los sistemas agroalimentarios, pero invisibles en las estadísticas oficiales.
Las historias de las mujeres agricultoras en la región reflejan la diversidad de su trabajo y su impacto en los territorios rurales. Algunos ejemplos ayudan a dimensionar esta contribución. En Guatemala, mujeres indígenas combinan el cultivo en terrazas con la cría de animales menores. Allí siembran granos básicos y productos comerciales como hortalizas, papa y café dentro del sistema de policultivo ancestral de la milpa, que sostiene la alimentación del hogar y transmite conocimientos agrícolas entre generaciones.
En Nicaragua, las agricultoras migran a Costa Rica para trabajar largas jornadas en el sector agrícola de exportación, especialmente en piña y yuca. Allí experimentan múltiples barreras asociadas a la pobreza y situación migratoria; aun así, desempeñan labores fundamentales de desyerbe, selección de semillas, siembra, fertilización, empaquetado y cumplimiento de estándares internacionales en cadenas que sostienen una parte importante de las exportaciones agrícolas del país. En los Andes, mujeres de comunidades indígenas preservan y seleccionan semillas de papa en sus huertos, que luego depositan en el Banco de Semillas de Puno, en Perú. Su labor conserva la biodiversidad agrícola, fortalece la resiliencia frente al cambio climático y sostiene la soberanía alimentaria. La custodia de estas semillas está ligada a la preservación de la agricultura tradicional y los saberes ancestrales de la región.
El trabajo de las mujeres rurales va mucho más allá de la parcela. En Haití, las Madan Sara —mujeres comerciantes que compran productos a pequeños agricultores, los transportan en condiciones difíciles y negocian precios en los mercados— reducen pérdidas postcosecha y aseguran el abastecimiento de alimentos de pueblos y ciudades a través de redes de economía solidaria; un eslabón crítico entre el campo y el mercado que rara vez recibe reconocimiento ni protección social. En Brasil, desde el año 2000, la participación femenina en los movimientos rurales ha sido clave para transformar el sector agrario; un ejemplo ha sido la Marcha de las Margaritas, que se realiza cada cuatro años en Brasilia, y que ha impulsado políticas como líneas de crédito específicas para mujeres agricultoras, programas de fortalecimiento de la agricultura familiar con enfoque en mujeres y la titulación conjunta de tierras.
En el BID promovemos el desarrollo sostenible e inclusivo de los sistemas agroalimentarios y de las economías rurales en ALC, mediante intervenciones orientadas a reducir desigualdades, fortalecer la autonomía económica de las trabajadoras agrarias y mejorar la seguridad alimentaria y nutricional de sus comunidades.
El proyecto SigTierras en Ecuador, por ejemplo, aumentó la seguridad informal de la tenencia de la tierra en mujeres a través de un mapeo catastral, lo que se tradujo en mejores ingresos, mayor diversificación de los cultivos y mayor seguridad alimentaria. En Nicaragua, el programa APAGRO financió la adquisición de activos ganaderos y entregó asistencia técnica a pequeñas productoras, resultando en más producción agrícola, ingresos y consumo de alimentos.
En Bolivia, en tanto, el programa PRONAREC promovió la participación de agricultoras en la toma de decisiones de las juntas de regantes, fortaleciéndolas en el ámbito comunitario. Y, en Haití, el programa PTTA/PITAG evidenció que los hogares con beneficiarias mujeres presentaban niveles más altos de inseguridad alimentaria, por lo que se promovió la adopción tecnológica que contribuyó a incrementar la seguridad alimentaria, los ingresos y el valor de la producción.
El Día Internacional de la Mujer y la conmemoración de 2026 como el Año Internacional de la Mujer Agricultora ofrecen una oportunidad para reconocer el papel de las mujeres en la agricultura de ALC. Su trabajo sostiene la producción de alimentos, fortalece las economías rurales, contribuye al bienestar de las comunidades, preserva saberes tradicionales y, en suma, hace avanzar a nuestra región.
Reconocer su trabajo es solo el primer paso. Reducir las brechas que enfrentan —en acceso a tierra, financiamiento, tecnología y espacios de decisión— es clave para construir sistemas agroalimentarios más productivos, resilientes e inclusivos. En el BID continuaremos apoyando iniciativas que amplían las oportunidades para las mujeres rurales y reducen desigualdades. Invertir en las mujeres agricultoras es invertir en el futuro alimentario de la región.