El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) aprobó un crédito de US$90 millones para apoyar los esfuerzos de Uruguay por mejorar la gestión fiscal y la calidad de la inversión pública de sus gobiernos departamentales.
Esta segunda operación, bajo una línea de crédito condicional para proyectos de inversión (CCLIP, por sus siglas en inglés), tiene el objetivo de fortalecer la gestión financiera departamental, mejorar la eficiencia de la gestión de servicios públicos a través de la digitalización, y facilitar el acceso a infraestructura pública sostenible e inclusiva. La iniciativa extiende el compromiso del BID con el fortalecimiento de la gestión fiscal subnacional en Uruguay, sostenido por más de tres décadas.
Mientras que la primera operación de CCLIP, aprobada en 2016 por US$75 millones, permitió avanzar en la sistematización y digitalización de procesos de gestión fiscal e inversión pública a nivel departamental, esta segunda operación plantea avanzar sobre ese terreno, profundizando la digitalización de la administración pública departamental e incorporando tecnologías de la información y comunicación a la prestación de servicios públicos clave como iluminación o recogida de residuos.
Como parte del proyecto a cinco años, se espera un fuerte aumento en el tipo de inversiones que incorporan criterios de cambio climático. El financiamiento también permitirá impulsar el alineamiento de la inversión pública de los gobiernos departamentales a los objetivos de equidad de género y diversidad. A través de la mejora de la eficiencia de la inversión pública departamental, se espera un aumento en las tasas de revalorización del precio del metro cuadrado de bienes inmuebles en las zonas adyacentes a los proyectos de inversión pública en los departamentos de Uruguay beneficiarios del programa.
En lo referente a la gestión financiera, el programa se propone mejorar la transparencia y eficiencia, a través del fortalecimiento de los sistemas de gestión de activos públicos y de la deuda subnacional. Asimismo, se asistirán los esfuerzos de los gobiernos departamentales en el desarrollo de fuentes de ingresos propios verdes y en el análisis con perspectiva de cambio climático de la prestación de servicios públicos.
El crédito por US$90 millones es a 24,5 años de plazo, con seis años de gracia y una tasa de interés basada en SOFR. El gobierno de Uruguay aportará otros US$18 millones en fondos de contrapartida local.
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Nicaretta,Romina Tan
Lobera,Jose Luis
Gomez Reino,Juan Luis