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Una propuesta mesoamericana para impulsar el progreso

Créalo o no, la velocidad promedio de los camiones de carga internacional en las principales carreteras centroamericanas es de tan sólo 10 kilómetros por hora.

No toda la culpa es del mal estado del pavimento, la ausencia de espaldones, o la congestión de tránsito. De hecho, según un reciente diagnóstico sobre el sistema vial de América Central, esas rutas no llegarán a su punto de saturación sino en varios años.

Para comprender los problemas del sistema de transporte por carreteras en esta región basta con recorrer el tramo de 130 kilómetros que, pasando por territorio hondureño, une la localidad de La Unión en El Salvador con Chinandega en Nicaragua. Los camiones de carga suelen demorar 24 horas para cubrir el trayecto, que incluye negociar dos puestos fronterizos donde los camiones pierden hasta un 60 por ciento del tiempo total que toma el recorrido.

Debido a este tipo de escollos, el comercio entre países centroamericanos es marcadamente inferior al que tienen con sus socios extrarregionales. Asimismo, los fletes en América Central suelen costar el doble de lo que cuestan en Europa.

Son precisamente este tipo de problemas los que busca resolver el Plan Puebla-Panamá (PPP), una iniciativa lanzada por los gobiernos de América Central y México para acelerar la integración y el desarrollo sostenible en la región mesoamericana, que comprende a los siete países del istmo y a nueve estados del sur-sureste mexicano.

La propuesta busca dotar a esta región de la infraestructura, los medios y los programas sociales para superar su histórico retraso. Rica en biodiversidad y cultura, Mesoamérica abarca más de un millón de kilómetros cuadrados y tiene unos 65 millones de habitantes. A pesar de sus riquezas naturales y su proximidad a grandes mercados, su índice de indigencia triplica al promedio latinoamericano. Además, padece de una elevada vulnerabilidad geográfica a los fenómenos naturales como huracanes, inundaciones y terremotos.

Al presentar el PPP en México el 12 de marzo, el presidente Vicente Fox explicó porqué el nuevo gobierno mexicano entendía que podía ampliar las posibilidades de desarrollo de la parte meridional de su país si ésta se articula mejor con los pueblos hermanos de Centroamérica: “Creemos que a partir de las vinculaciones y cercanías preexistentes podemos generar una gran cadena para el desarrollo. En el sur-sureste de México conviven una gran riqueza natural, un excepcional talento humano y, desgraciadamente, inaceptables situaciones de pobreza y marginación que estamos decididos a atacar pronta y frontalmente (…) La suma de voluntades y talentos de México y las naciones de Centroamérica nos permitirá crear una zona de intercambio y cooperación al nivel de otras que se han creado en el mundo.”

Mancomunados. El Plan Puebla-Panamá nace de la coincidencia de propósitos de dos iniciativas generadas paralelamente. Por un lado, el nuevo gobierno de México manifestó su voluntad de reducir las diferencias regionales entre sus estados norteños y centrales y los estados del sur-sureste. Por otro lado, los países centroamericanos habían formulado su propia cartera de proyectos de integración regional, que fue presentada este año ante la comunidad internacional en una reunión de grupo consultivo celebrada en Madrid.

A fin de definir el contenido del PPP, los países encomendaron a la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), al Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) y al Banco Interamericano de Desarrollo que analizaran las conexiones entre las iniciativas mexicana y centroamericana.

Reunidos en San Salvador el 15 de junio para ratificar su respaldo al plan de integración, los jefes de estado y de gobierno de la región mesoamericana definieron que sus gobiernos podrían colaborar fructíferamente en ocho grandes áreas, conocidas como “iniciativas mesoamericanas”.

Esas iniciativas comprenden el desarrollo sostenible, el desarrollo humano, la prevención y mitigación de desastres naturales, el impulso al turismo ecológico, la integración vial, la interconexión energética y el desarrollo de las telecomunicaciones.

Los líderes mesoamericanos especificaron que para tener cabida en la cartera de proyectos del PPP, las propuestas deben ser de carácter regional y deben respetar tanto la preservación del medio ambiente como la voluntad de las comunidades locales.

Por otra parte, acordaron una estructura organizativa para llevar adelante el plan. La conducción política del proceso quedó en manos de delegados presidenciales, por lo general personas con rango de miembros de gabinete. Paralelamente, los líderes mesoamericanos crearon una comisión de financiamiento para el PPP, integrada por los ministros de hacienda de la región y el presidente del BID, Enrique V. Iglesias.

Los líderes pusieron énfasis en que los proyectos del PPP deberían ser eminentemente prácticos. En conferencia de prensa, el presidente salvadoreño, Francisco Flores, lo resumió así: “Mesoamérica, con una población de más de 60 millones de personas, constituye un enorme potencial”, señaló, “y este potencial sólo puede ser realizado a través de proyectos concretos que permitan que ella tenga un mercado eléctrico unificado, un corredor vial que le permita los flujos de personas y de bienes, proyectos educativos y de desarrollo, proyectos que permitan proteger nuestro medio ambiente, y en fin, que nos permita a todos trasladarle los beneficios de este concepto a los que deben recibirlos, que son las personas más pobres de esta región.”

Acción. El Plan Puebla-Panamá también le ofrece a los países de la región un mecanismo de cooperación para enfrentar sus desafíos comunes y para canalizar el apoyo de la comunidad internacional, que ha recibido con interés la propuesta de integración (vea comunicado de prensa a la derecha)

Un buen ejemplo es la iniciativa para la integración energética, que apunta a unificar los mercados eléctricos de la región para atraer mayores inversiones en generación que reduzcan el elevado costo de la electricidad. La piedra basal de esta iniciativa sería el proyecto del Sistema de Interconexión Eléctrica para los Países de América Central (SIEPAC), que conectaría a las redes eléctricas de Costa Rica, El Salvador, Honduras, Guatemala, Nicaragua y Panamá. El concepto de este proyecto puede remontarse a estudios realizados por la CEPAL hace casi 30 años. Recién durante la década pasada los países alcanzaron los acuerdos políticos necesarios para iniciar el proyecto, aunque las negociaciones demorarían varios años. No obstante sus dificultades, el proyecto SIEPAC concitó el respaldo del gobierno de España, que ofreció 60 millones de dólares en recursos concesionales para apoyar su ejecución. Asimismo, atrajo a una de las mayores empresas eléctricas del mundo, Endesa S.A., a participar como accionista en la compañía propietaria de la línea de transmisión del SIEPAC. Otras empresas están observando el proceso y afinando los detalles de sus propios proyectos. De concretarse más inversiones en generación, no sólo bajaría el precio de la electricidad en América Central sino que se fortalecería la confiabilidad de sus sistemas de energía, un factor muy apreciado por las industrias manufactureras.

Bajo la propuesta del PPP, el SIEPAC sería complementado por una conexión entre las redes del Instituto Nacional de Electricidad de Guatemala y de la Comisión Federal de Electricidad de México. Más adelante, se conectarían las redes de Guatemala y de Belice.

Reglas claras. Tanto en materia energética como en las iniciativas de facilitación de comercio e integración vial y el desarrollo de las telecomunicaciones, el plan mesoamericano propicia la cooperación entre los países para fijar reglas claras que faciliten el intercambio en la región. Tanto las transacciones de electricidad como los trámites en los puestos fronterizos y el tránsito fluido de vehículos se pueden ver entorpecidos o imposibilitados por la falta de estos acuerdos. Estos involucrarán un esfuerzo de homologación de normas y armonización de regulaciones entre los países, que podrán contar con el apoyo financiero y técnico de la comunidad internacional para lograr estos objetivos.

El PPP también alienta la cooperación en otros campos donde los países de la región mesoamericana presentan similares ventajas y vulnerabilidades. Muchas de sus propuestas iniciales surgieron de estudios respaldados por el BID, la CEPAL y el BCIE para identificar proyectos económicos y sociales que impulsarían la integración entre los países de América Central y entre los estados del sur-sureste de México.

En materia de desarrollo sostenible y desarrollo humano, varios proyectos ponen énfasis en grupos históricamente relegados como los campesinos, los indígenas y las comunidades afrocaribeñas. Las propuestas propiciarían su participación en proyectos de gestión ambiental y aprovechamiento sostenible de los recursos naturales, así como en la promoción de sus propias instituciones de gobierno local.

Por otra parte, se prevén proyectos para fortalecer los marcos legales y reguladores de los países mesoamericanos sobre gestión ambiental, para mejorar las bases estadísticas sobre migraciones y para crear una red regional de capacitadores laborales, un aspecto especialmente importante en una región donde la tasa de desempleo suele llegar al 50 por ciento de la población en edad de trabajar. Más recientemente, se agregó al portafolio de proyectos una propuesta para un amplio programa regional de salud basado en el control de enfermedades contagiosas como el VIH/SIDA, que alcanzan niveles altísimos de propagación en algunas de las zonas más pobres de la región.

Seguros contra catastrofes. En el área de la prevención y mitigación de desastres naturales, un proyecto apuntará a mejorar la calidad de la información meteorológica e hidrológica en esta región, caracterizada por su extrema vulnerabilidad a todo tipo de desastres naturales como huracanes, inundaciones, terremotos, maremotos, erupciones volcánicas, aludes, sequías e incendios forestales. Cada año, esos fenómenos cobran miles de víctimas y causan cientos de millones de dólares en daños económicos.

A fin de reducir el efecto devastador de los desastres naturales sobre la salud fiscal de los países mesoamericanos, el PPP alentará el desarrollo de un mercado de seguros contra catástrofes, principalmente para pólizas de protección de infraestructura pública como carreteras, puentes, escuelas y hospitales. Se espera que los seguros tengan un efecto doble: por un lado, aliviarían la necesidad de reunir recursos para la reconstrucción; por el otro lado, las primas actuarían como incentivo para construir de tal manera que las inversiones en obras públicas no sean arrastradas por el próximo desastre.

Por otra parte, se respaldará la organización de campañas públicas de promoción de medidas para reducir la vulnerabilidad ante amenazas naturales. Esto apunta a crear una mayor conciencia entre los pueblos mesoamericanos sobre las acciones que pueden tomar para mitigar los efectos de los desastres naturales. Esto resulta de especial importancia porque estas catástrofes suelen ensañarse con los pobres, y muchas veces su poder destructivo se ve magnificado por la mano del hombre. En la región mesoamericana esto se confirma por los asentamientos humanos establecidos en zonas de alto riesgo, y por la deforestación, dos prácticas que resultan caras cuando ocurren desgracias como las inundaciones y los deslizamientos de tierra.

Potencial. Las iniciativas del PPP buscan traducir en acciones concretas las aspiraciones de integración de la región mesoamericana, donde en muchas oportunidades las buenas intenciones han quedado confinadas al papel.

A ese propósito se le añade una fuerte dosis de realismo fiscal: los países participantes conocen las restricciones de sus presupuestos y prefieren tener recursos disponibles para los programas sociales de gran impacto en la reducción de la pobreza, como la educación y la salud. Por ello, en la medida de lo posible, las iniciativas que involucren inversiones en infraestructura serán costeadas con recursos privados.

Por ejemplo, la iniciativa sobre desarrollo de las telecomunicaciones, que apunta a mejorar la infraestructura informática de la región, incluye una propuesta para la instalación de una red mesoamericana de fibra óptica. Esto tendría que ser un proyecto del sector privado, donde los Estados sólo actuarían como reguladores.

En el caso de la iniciativa de integración vial, se buscará reducir los costos partiendo de la infraestructura ya existente y mejorándola para facilitar el traslado de mercancías y personas. La propuesta se basa en conectar y rehabilitar las rutas que componen el Corredor Puebla-Panamá, que mayormente sigue el recorrido de la Carretera Panamericana. Como complemento, se acondicionará el Corredor Atlántico y algunas rutas de conexión entre ambas costas.

El PPP también busca llevar oportunidades económicas a lugares donde escasean. En el caso de la iniciativa de turismo, se alentarían las inversiones en proyectos que involucren activamente a las comunidades locales, especialmente las indígenas y las afrocaribeñas. Este turismo de bajo impacto ambiental ayudaría a generar divisas, empleos y negocios para micro y pequeños empresarios en localidades que no suelen estar en los circuitos turísticos habituales. Una posible alternativa se inspira en el llamado “modelo Botswana”, según el cual una empresa hotelera internacional se asocia con una comunidad local para llevar adelante un proyecto turístico que respete las tradiciones étnicas y culturales del pueblo anfitrión.

Pero uno de los aspectos claves del plan mesoamericano será su programa de información, consulta y participación popular. Esta iniciativa profundizaría las experiencias de diálogos locales y nacionales realizadas en diversos países de la región para acordar proyectos de desarrollo. Tanto los países participantes como la comunidad internacional consideran que este punto es fundamental para que el PPP se pueda sostener en el futuro y pueda ir incorporando nuevas iniciativas de bien común.

En una reciente reunión celebrada en Washington con ministros de hacienda de los países mesoamericanos y comisionados del PPP, el presidente del BID destacó el significado del plan en las actuales circunstancias mundiales. “Estamos frente a una gran iniciativa política que propone ver a Mesoamérica como un área de cooperación económica y social, donde los grandes acuerdos presidenciales aterrizan en proyectos concretos para ayudar a la región a enfrentar el desafío de la globalización”, afirmó Iglesias.

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