Institucionalizar las políticas encaminadas a la reducción de la pobreza, buscar fuentes alternativas de financiamiento y redoblar los esfuerzos orientados a lograr la inclusión social de los grupos indígenas fueron algunas de las propuestas formuladas durante la V Reunión de la Red para la Reducción de la Pobreza y la Protección Social, celebrada recientemente en el Banco Interamericano de Desarrollo, la cual contó con la asistencia de importantes funcionarios de diversos países de América Latina y el Caribe.
El seminario fue organizado en dos partes. La primera refleja un enfoque innovador, identificando los obstáculos claves para las estrategias de reducción de la pobreza. La segunda parte responde a las demandas de los miembros de la red, al analizar la inclusión social y los programas de empleo en la región.
La reunión partió de un diagnóstico de la situación de las políticas orientadas a la reducción de la pobreza en cada país, en lo que se refiere a los arreglos institucionales existentes, incluyendo gastos sociales, estructura organizacional y panorama legal; el diseño e integración de programas universales y focalizados; así como el sistema de monitoreo y evaluación. En todos esos campos quedó claro que el principal obstáculo es la enorme fragmentación de dichas políticas, la cual ha reducido la efectividad de sus resultados. Un importante desafío para la Red estriba en la búsqueda de estrategias que proporcionen más racionalidad e integración entre los programas, de arreglos institucionales que permitan esa integración, y de indicadores de resultados más sensibles a corto y mediano plazos, capaces de evaluar el impacto de un conjunto de programas, en vez de hacerlo con cada programa en forma aislada.
Una política de Estado
Los asistentes a la reunión destacaron que es fundamental institucionalizar las políticas encaminadas a la lucha contra la pobreza; de otra manera quedarían reducidas a la manifestación de un buen deseo, toda vez que carecerían de continuidad y eficacia. Con el fin de lograr ese objetivo se formularon diversas propuestas. En primer término, es preciso lograr que las políticas de reducción de la pobreza dejen de ser “políticas de ministerio” y se conviertan en “políticas de gobierno” hasta eventualmente alcanzar el rango de “políticas de Estado”. Esa transición permitiría ponerlas a salvo de los vaivenes de las coyunturas partidarias, en virtud de que la sociedad entera asumiría el compromiso de su implementación.
Íntimamente relacionada con la propuesta anterior, se mencionó la idea de promulgar una legislación que asegure la sostenibilidad de las políticas sociales, y que permita buscar fuentes alternativas de financiamiento. Además, es necesario que esa “política de Estado” cumpla con el objetivo de contar con un “blindaje” que asegure los recursos presupuestales dedicados a los programas sociales.
Unidos contra la exclusión social
Uno de los problemas más acuciantes que aquejan a los países de América Latina es precisamente el de la exclusión social; es decir, la imposibilidad de que ciertos sectores de la población tengan acceso a las oportunidades de trabajo, los medios de subsistencia, los servicios de salud y educación, la justicia y la seguridad. Los participantes en la reunión señalaron acertadamente que “no es posible combatir la pobreza si no se ataca al mismo tiempo la exclusión social”.
Uno de los sectores de la población más afectados por la exclusión social es el de los grupos indígenas. Los asistentes recordaron que el BID cuenta con un plan de acción para combatir la exclusión social por motivos éticos o raciales, que consta de tres componentes: el apoyo a los proyectos de desarrollo de las comunidades indígenas, el financiamiento para la investigación y la asistencia técnica, y los programas de difusión y fortalecimiento institucional.
Los participantes en la reunión hicieron énfasis en que las políticas de inclusión social deben partir del reconocimiento de la diversidad y del principio de que el desarrollo sólo podrá ser sustentable si fomenta la participación de los mismos indígenas, con pleno respeto a su identidad cultural.
Un reto a la imaginación
Finalmente, los asistentes a la reunión analizaron los desafíos que entraña la aplicación de las políticas de empleo en un entorno caracterizado por las restricciones fiscales. ¿Cómo y con qué recursos puede implementarse una política laboral en circunstancias como las actuales? Se trata ante todo de un reto a la imaginación y la creatividad de los latinoamericanos. En diversos países de la región se han puesto en marcha programas de microcrédito dirigidos a la población de bajos ingresos, así como campañas de capacitación para el trabajo y proyectos de desarrollo de cooperativas populares; estos y otros instrumentos pretenden combatir la exclusión social, fomentar la reincorporación de la población marginada a la economía formal, y paliar el problema de la desigualdad económica.
Una de las conclusiones más importantes a las que se llegó en relación con el tema de las políticas de empleo es la necesidad de reforzar la vigencia de la legislación laboral. Los asistentes reconocieron que en algunos casos es preciso adaptar las regulaciones a la realidad de los mercados de la región, así como realizar inversiones encaminadas a dar cumplimiento a las leyes respectivas.
Esta reunión fue parte de una serie de eventos promocionados por el Departamento de Integración del BID, a tráves de su Dialogo Regional de Políticas. Las estrategias fueron desarrolladas por las entidades asociadas al Directorio Ejecutivo del Banco. La Unidad de Pobreza y Desigualdad del Banco tiene la responsabilidad técnica de las reuniones de la Red de Pobreza y Protección Social.