Hasta hace poco tiempo, la reforma de los sistemas judiciales de América Latina y el Caribe era un tema que preocupaba sólo a jueces, abogados y otros especialistas, pero hoy está en el centro de la agenda de desarrollo de la región, dijo en una reciente conferencia el presidente del Banco Interamericano de Desarrollo, Enrique V. Iglesias.
Iglesias participó en la Tercera Conferencia Regional sobre Justicia y Desarrollo en América Latina y el Caribe, que se realizó en Quito, Ecuador, entre el 24 y 26 de julio.
El presidente del BID planteó que en un comienzo el Banco enfrentó el tema de la reforma judicial sólo como una manera de fortalecer las garantías legales para los inversionistas. Los gobiernos de la región, sin embargo, pronto señalaron que se necesitaba mejorar la administración de justicia por razones mucho más fundamentales. ”Se fue viendo que el Estado de Derecho y el sector de la justicia juegan un papel importante en atender a uno de los grandes objetivos del desarrollo económico, que es la equidad –explicó Iglesias– y que el acceso a la justicia (ágil, transparente y confiable) es un derecho fundamental del ciudadano, ya que nos hace a todos iguales ante la ley”.
Esta creciente apreciación de la importancia social de la reforma judicial y de “la vinculación profunda entre la consolidación de nuestra democracia y la consolidación de la justicia”, condujo a una explosión de iniciativas de reforma judicial en la década de 1990.
Durante los últimos diez años, 21 países de la región han solicitado el apoyo del BID para proyectos de reforma judicial, y han obtenido préstamos por cerca de US$500 millones para financiar esos esfuerzos. El BID también ha desembolsado cerca de US$50 millones en programas no reembolsables de cooperación técnica para apoyar reformas judiciales.
Estas reformas han afectado casi todas las áreas de los códigos civil, penal y comercial y, en algunos países, han cambiado drásticamente la forma en que se administra la justicia. Ha habido grandes avances en algunas áreas, como el acceso a los tribunales y la eficiencia y transparencia de los procedimientos judiciales. Pero queda mucho por hacer.
“El tema no está terminado –manifestó Iglesias–. La justicia que tenemos todavía es lenta, y la confianza en ella sigue siendo baja”.
Por su parte, el presidente de Ecuador, Lucio Gutiérrez, abrió la conferencia subrayando la urgencia de ampliar las reformas. “Ningún modelo económico, ningún modelo social, tendrá éxito en nuestros países si se mantienen los actuales niveles de corrupción, de impunidad y de injusticia”, expresó. El jefe de estado enumeró la amplia gama de iniciativas de reforma y modernización judicial actualmente en curso en Ecuador, destacando el fortalecimiento en independencia y eficiencia de los tribunales de ese país.
Durante la conferencia se realizaron sesiones de trabajo destinadas a analizar la reforma judicial desde cuatro grandes puntos de vista: la independencia e imparcialidad de los jueces; la reforma procesal penal; la gerencia, gestión y organización judicial; y los desafíos en materia de acceso a la justicia, la gobernabilidad y la sociedad civil.