Durante más de 70 años, la familia Herrera ha sido dueña de una explotación agropecuaria de 300 hectáreas en el municipio de Pimampiro en el norte de Ecuador. Si bien la familia tenía una escritura sobre la propiedad, esta proporcionaba escasos detalles sobre los linderos exactos de la misma, las zonas sujetas a protección y los sectores considerados áreas protegidas.

Esta situación cambió hace unos tres años cuando, a través de un proyecto piloto financiado por el BID, se estableció un sistema moderno y confiable de actualización continua dirigido a asegurar los derechos de propiedad sobre la tierra en ocho cantones rurales. Mediante esta iniciativa se regularizaron o actualizó la información catastral de cerca de 100.000 parcelas rurales, con lo cual se redujeron los problemas de informalidad como los que confrontaban los Herrera. En total se otorgaron más de 45.857 títulos de propiedad.

“Ahora tengo la certeza de que la tierra es mía, legalmente hablando”, señaló Germán Herrera, patriarca de la familia y gestor de una explotación lechera en los terrenos de su propiedad. Herrera manifestó además que el programa le permitió asegurarse de que estaba explotando la parcela correcta –dado que otro sector de sus tierras está destinado a la conservación-- y que los impuestos que paga son los que le corresponden.

En el marco del proyecto se elaboró una metodología ágil y eficiente en función de los costos para el registro y la medición correcta de las propiedades rurales. Este proceso se llevó a cabo con la participación de los beneficiarios y de las autoridades locales.

Según una evaluación de resultados de esta iniciativa, la formalización de la propiedad de la tierra –esfuerzo que buscaba complementar medidas gubernamentales vigentes dirigidas a impulsar el financiamiento para el sector agropecuario-- contribuyó a mejorar el acceso a crédito de los agricultores. Gracias a la expansión de la oferta crediticia, quienes obtuvieron títulos de propiedad formales en el marco de este esfuerzo también lograron mejorar su producción y aumentaron sus ingresos anuales entre US$800 y US$900 en promedio al momento de finalización del mismo en 2009.

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Estos resultados preliminares han instado al gobierno ecuatoriano a ampliar el programa de registro a otros 50 cantones. Se espera que durante la nueva fase, financiada mediante un préstamo del BID aprobado en 2010, se actualice el catastro de 800.000 de los 2,7 millones de propiedades rurales que se calcula existen en el país; asimismo se definirá la situación jurídica del régimen de tenencia de la tierra para aproximadamente 170.000 propiedades.

Este nuevo proyecto también incluye una evaluación rigurosa en la cual se analizará no solo la repercusión del mismo en el acceso a crédito, en las inversiones y en el mercado de tierras rurales, sino también el posible efecto de la formalización de la propiedad de la tierra en la recaudación de ingresos municipales. Los resultados de dicha evaluación, previstos para 2015, podrían servir para identificar cuál es la mejor manera de formular políticas específicas en materia agrícola cuyo objeto sea ayudar a los agricultores de América Latina que posean títulos de propiedad formales, a obtener préstamos destinados a aumentar la producción y el ingreso.