Un taller donde se analizaron grandes proyectos del BID en infraestructura e industrias extractivas ayudará a actualizar la política ambiental de la institución. Ricardo Quiroga, economista del Banco, informó que se analizaron algunos de los desafíos y tendencias de esos proyectos y se instó a los participantes a evaluar sus pasadas experiencias en la identificación de las lecciones aprendidas que se puedan incorporar a esta nueva política.
El BID usa estrategias y políticas para enmarcar sus operaciones. Las estrategias permiten identificar las prioridades de acción del Banco, que se traducen en los proyectos a financiar. Las políticas determinan los reglamentos para aprobar esos proyectos y otros procedimientos a seguir. El directorio del BID aprobó recientemente una nueva estrategia ambiental, facilitando la actualización de su política lo cual allana el camino para actualizar ahora su política en este sector.
Los grandes proyectos implican riesgos de todo tipo, desde económicos y financieros hasta ambientales y sociales. La nueva estrategia ambiental permitirá al Banco emprender evaluaciones ambientales no sólo para mitigar aquellos impactos negativos bajo el concepto de “no dañar”, sino también para reforzar la sustentabilidad ambiental y el desarrollo social de manera estratégica e integrada. Es de especial importancia que el BID actualice su política ambiental ya que ha aumentado la presión para que el Banco enfrente la baja inversión en proyectos de infraestructura en la región y atienda la demanda de financiamiento tanto público como privado.
Durante el taller, el especialista Lee Doran presentó los grandes proyectos en infraestructura e industrias extractivas desde la perspectiva de un especialista en evaluación de impacto ambiental. Doran hizo hincapié en la dimensión y la complejidad de estas operaciones, la multiplicidad y diversidad de sus diferentes actores y la visibilidad de los proyectos.
Doran citó el caso Berger en Canadá como ejemplo de su experiencia pasada. A fines de los años setenta, algunas de las grandes empresas petroleras mostraron interés en construir un oleoducto en el Valle de MacKenzie, en los Territorios del Norte. El gobierno canadiense comisionó al entonces juez de la Suprema Corte Thomas Berger para que le asesorara sobre los impactos ambientales de este controvertido proyecto.
Berger hizo algo inusual para su época: organizó amplias asambleas comunitarias con residentes del área, en tiendas de campaña, en cabañas e incluso al aire libre. Berger luego presentó su informe y anunció que aunque se pudieran regular los impactos biofísicos del proyecto, las comunidades locales no estaban preparadas: muchos de los reclamos de tierras estaban aún pendientes de resolución, y se carecía de un marco normativo para la protección social y ambiental. Recomendó que el proyecto se postergara porque las condiciones sociales no eran favorables y la comunidad local no estaba dispuesta a aceptarlo.
Varios años más tarde, el proyecto volvió a discutirse, pero esta vez las condiciones habían cambiado drásticamente. Se habían resuelto los reclamos de tierras, se había nombrado a las autoridades para la regulación del uso de las tierras, y se habían establecido los procesos para la evaluación ambiental. Más aún, los residentes del área se habían organizado y habían negociado astutamente una participación accionaria en el proyecto.
El caso desató una animada discusión entre los participantes del taller, que incluían a representantes de una organización no gubernamental y de una agencia estatal estadounidense. Hubo acuerdo en que el desarrollo es lento y que la gobernabilidad es crucial. Para que estos proyectos grandes y complejos tengan éxito, se debe contar con un sistema normativo establecido y, más importante, la comunidad afectada debe otorgar su previo consentimiento.
Este fue el segundo de una serie de cuatro talleres sobre grandes proyectos de inbfraestructura que el Banco està realizando a fin de actualizar su política ambiental. El primero se realizó el 16 de setiembre de 2003, e incluyó el tema de las salvaguardias ambientales. En noviembre de 2003 se realizan los dos talleres aún pendientes.