MILAN, Italia– Investigadores del Banco Interamericano de Desarrollo y otras organizaciones propusieron hoy reformas a los sistemas de apoyo a ingresos para mejorar la protección de los trabajadores latinoamericanos y caribeños en épocas de crisis económicas.
En estudios presentados en un seminario sobre políticas de empleo celebrado en la reunión anual de la Asamblea de Gobernadores del BID los investigadores señalaron que los ingresos, el poder adquisitivo y el empleo sufrieron debido a la serie de cimbronazos económicos ocurridos desde la década pasada, entre ellos la crisis del peso mexicano en 1995 y las repercusiones de los descalabros financieros en Asia y Rusia entre 1997 y 1998.
El presidente del BID, Enrique V. Iglesias, y el economista jefe del Banco, Guillermo Calvo, en la apertura destacaron la urgencia de encontrar nuevas soluciones al desafío del desempleo luego tras la caída de los ingresos y el aumento de desempleo durante 2002.
El ministro de Trabajo de Brasil, Jacques Wagner, participó en un panel titulado: “Financiar políticas de empleo: ¿Podemos ahorrar para los días de lluvia?”
El economista Gustavo Márquez, el principal especialista en temas laborales en el Departamento de Investigación del BID, apuntó que las crisis y la volatilidad se han instalado en el escenario económico latinoamericano. Esto reclama un sistema más integral de apoyo a los ingresos para beneficiar a los trabajadores, en lugar de las medidas de alivio de emergencia que suelen adoptar los gobiernos para enfrentar las crisis.
“Los tradicionales mecanismos de indemnizaciones obligatorias por ley sancionadas en los códigos laborales se han vuelto irrelevantes en este nuevo entorno, dada su limitada cobertura”, observó Márquez.
Para este economista, un sistema de seguro de desempleo bien diseñado, financiado con contribuciones de trabajadores y empleadores, debería ser la pieza central en una reforma integral. Tal esquema debería complementarse con otras medidas de apoyo, tales como la capacitación de corto plazo y las becas escolares, a fin de beneficiar a quienes están fuera del sistema de seguro.
La mayoría de los elementos para forjar un sistema integral ya existen de una u otra forma en casi todos los países de la región, agregó. Reunir esos componentes de una manera organizada será más efectivo para mitigar el impacto dañino de los ciclos económicos en los mercados laborales, sostuvo Márquez.
En un trabajo titulado Los mercados laborales latinoamericanos en los noventa: descifrando la década, las investigadoras del BID Suzanne Duryea, Olga Jaramillo y Carmen Pagés describieron al decenio pasado como un pico en el desempleo, que aumentó para todos los grupos demográficos.
Según este estudio, será necesario hacer investigaciones por país para analizar en más detalle los datos que sugieren que el desempleo creció más en algunas regiones y en algunos sectores que en otros.
Agregaron las autoras que los trabajadores con más educación lograron mayores ingresos durante los noventa mientras que los trabajadores con sólo una educación secundaria sufrieron un retroceso.
“A pesar de ser dos veces más volátil que los países industrializados, América Latina tiene muchos menos instrumentos para reducir los costos sociales resultantes de las fluctuaciones”, observó Pagés en una presentación.
“Cuando el desempleo llega a ser una cuestión importante, los países deberían diseñar políticas que específicamente combatan el desempleo” agregó.
Por su parte, los investigadores Miguel Braun de la Universidad San Andrés y Luciano di Gresia de la Universidad Nacional de La Plata en la Argentina sostuvieron que el seguro de desempleo debería formar parte de una gama de políticas diseñadas para ser aplicadas en un programa macroeconómico anticíclico.
Bajo tales programas, los gobiernos estimulan el gasto en épocas de recesión y fomentan el ahorro en los períodos de auge económico.
Braun y di Gresia observaron que, en la actualidad, las políticas prevalecientes son procíclicas. En su estudio Hacia un seguro social efectivo en América Latina: la importancia de la política fiscal anticíclica, sugieren que las instituciones financieras multilaterales desempeñen un papel protagónico en la promoción y la aplicación de políticas anticíclicas.