Seguridad Ciudadana en América Latina y el Caribe

Contexto de la región

El crimen y la violencia son un obstáculo para el desarrollo sostenible y el crecimiento económico en América Latina y el Caribe.

• La región tiene una tasa de homicidios tres veces superior al promedio mundial (18 vs. 5,6 por 100,000 habitantes según UNODC, 2023).

• El 50% de los homicidios totales en las Américas están asociados al crimen organizado (en comparación con el 24% a nivel mundial, UNODC, 2023).

Además del impacto en las vidas de los habitantes, estos niveles de violencia criminal:

• Afectan el bienestar y los comportamientos de las personas: el 30% de los hogares han sido víctimas de un delito en el último año y el 51% de la población informa no sentirse segura (en comparación con el 20% a nivel mundial, WVS, 2017-2022)

• Aumentan el costo de hacer negocios: una de cada cuatro empresas identifica el crimen como una restricción seria o muy seria para hacer negocios (Banco Mundial, 2018).

• Socavan el Estado de Derecho, erosionan la confianza en las instituciones y cuestan a la región el 3,5% del PIB anualmente, restando recursos para necesidades urgentes como la educación y la salud (BID, 2023).

El crimen y la violencia no se manifiestan de la misma manera en distintos países, ciudades y territorios. 

• En promedio, el 50% de los delitos ocurren en el 2.5% de los tramos de las calles en las ciudades de América Latina y el Caribe (Chainey et al, 2019).

• El 54% de los hogares informan la presencia de grupos criminales locales y el 14% informa la provisión de servicios y regulación de seguridad por parte de ellos (Latinobarómetro, 2020). Este fenómeno de gobernanza criminal, es decir, presencia e influencia de grupos o redes de crimen organizado, se concentra en territorios específicos, conocidos como focos de fragilidad, que combinan la fragilidad estatal con la violencia criminal.

El crimen y la violencia afectan desproporcionadamente a mujeres, niños y niñas, y población diversa.

• Una de cada tres mujeres ha sido víctima de violencia física o sexual en su vida (OMS, 2021).

• La tasa de homicidios entre los jóvenes (20-25) es 3 veces mayor que la de la población (UNODC, 2020).

• El 58% de los niños han sido víctimas de abuso físico, sexual o emocional (Hills et al., 2016).

¿Cómo construir una región más segura, justa e inclusiva?

El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) tiene un enfoque integral para trabajar con los países en el abordaje del crimen y la violencia, centrado en la prevención social y el fortalecimiento de las capacidades de las instituciones de seguridad y justicia. 

Este enfoque cubre un amplio espectro de delitos y violencias, incluyendo aquellos basados en género, aquellos dirigidos contra niños, niñas y adolescentes, delitos cibernéticos, la trata de personas, y el crimen organizado. Este enfoque también profundiza en las complejas dinámicas entre la fragilidad estatal y la violencia criminal, con un enfoque en los territorios que experimentan gobernanza criminal.

Prevención social de la violencia. 

• Esta área incluye programas para prevenir y proteger a las personas más vulnerables a ser víctimas o perpetradores de delitos y violencia, incluyendo jóvenes, mujeres, niños, migrantes y personas de diversos grupos de población (LGBTQ, afrodescendientes, indígenas y personas con discapacidad). 

• Estas iniciativas buscan mitigar los factores de riesgo, abordando las causas raíz del crimen y la violencia, y su manifestación más compleja, el crimen organizado, a nivel individual, interpersonal, hogar y comunidad; y, reducir los impactos en estas poblaciones.

• Estas iniciativas incluyen el apoyo a programas de crianza positiva, educación y empleo para jóvenes en riesgo de involucrarse en actividades y organizaciones criminales, prevención para el consumo de drogas, e intervenciones para reducir el reclutamiento de jóvenes por parte de organizaciones criminales, entre otras. Incluyen también el fortalecimiento de las capacidades y coordinación de las instituciones responsables para mejorar el diseño, focalización, implementación, monitoreo y evaluación.  

Fortalecimiento de la Capacidad Institucional: 

• Esta área se centra en fortalecer las capacidades de las instituciones del sector de seguridad y justicia para acciones de prevención y respuesta más efectivas, transparentes y coordinadas frente al crimen y la violencia. 

• Incluye programas y reformas para mejorar la eficacia, la rendición de cuentas y la legitimidad de la policía, las fiscalías, el Poder Judicial y el sistema penitenciario, a través de la profesionalización y especialización de los recursos humanos; la implementación de mecanismos de transparencia y control; y, el fortalecimiento de la infraestructura física y digital.

• Estas iniciativas incluyen el apoyo a la capacitación de operadores de seguridad y justicia, la coordinación entre instituciones, creación de unidades y estrategias especializadas para delitos complejos y crimen organizado, desarrollo de herramientas antilavado de dinero, entre otras.

En un momento en que el crimen y la violencia exacerbados por el crimen organizado continúan siendo un desafío, los países de América Latina y el Caribe recurren al BID para diseñar e implementar soluciones basadas en evidencia, con el objetivo de prevenir y fortalecer las capacidades institucionales para responder a estos desafíos.  

La cartera de proyectos de Seguridad Ciudadana y Justicia para 2024 representará la mayor inversión anual del BID en apoyo técnico y financiero a través de operaciones de préstamo. Estas inversiones buscan responder a los temas y desafíos de vanguardia de la región en materia de seguridad ciudadana abordando crímenes complejos como el crimen organizado, los delitos cibernéticos, el lavado de dinero, la violencia juvenil y la trata de personas, entre otros.

Impacto del trabajo del Grupo BID en seguridad ciudadana

El BID ha sido una institución multilateral pionera en abordar los detonantes e impactos del crimen y la violencia en América Latina y el Caribe durante casi dos décadas, a través de la generación de conocimiento, el apoyo técnico y financiero basado en evidencia a programas y el diálogo técnico.

El BID tiene una agenda ambiciosa e integral en América Latina y el Caribe para apoyar a los países a abordar eficazmente el crimen y la violencia. Desde 2009 hemos aprobado 36 operaciones por un total de US$1.600 millones en 15 países.

Algunos ejemplos de los resultados de nuestros programas de prevención del crimen y la violencia:

• Los programas de cambio de comportamiento juvenil y las oportunidades de reintegración para los jóvenes en Trinidad y Tobago y Jamaica se correlacionan con una reducción del crimen violento vinculado con las pandillas. En la región oriental de Puerto España (Trinidad y Tobago) donde se implementó la intervención, se registró una reducción del 55% en los homicidios (vs. una caída de 17% a nivel nacional), y una disminución del 60% en las lesiones y tiroteos (vs. una caída de 2% a nivel nacional).

• Jamaica también registró una baja del 22% en los casos de abuso infantil y una disminución del 33% en el ausentismo escolar debido a intervenciones de crianza positiva.

• En Rio Grande do Sul, Brasil, se ha observado una reducción del 45% en el número de homicidios de jóvenes de 15 a 24 años, particularmente entre los jóvenes afrodescendientes.

Nuestros esfuerzos para fortalecer las capacidades institucionales de la policía, la justicia y el sistema penitenciario también han llevado a éxitos tangibles:

• En Honduras, un programa de Reforma Policial contribuyó a lograr una baja del 50% en la tasa de homicidios y un aumento del 50% en la confianza en la policía por parte de la población. El programa mejoró los requisitos de reclutamiento, el currículo de formación y la infraestructura para la formación académica y las investigaciones criminales.

• En Paraná, Brasil, una intervención de vigilancia en puntos de concentración de delincuencia logró una reducción del 26% en los robos en lugares públicos en solo tres meses.

• En Costa Rica, un programa para la modernización de la administración de justicia contribuyó a un aumento del 5% en las tasas de resolución de casos y una disminución del 75% en los costos por caso.

• En Chile, una asociación entre el sistema penitenciario y el sector bancario a través de microcréditos, capital semilla y preparación para el trabajo, logró la inclusión económica y una reducción del 50% en la reincidencia de mujeres en conflicto con la ley.

• El Programa de Justicia en Ceará, Brasil, logró reducir el tiempo de procesamiento de los casos. Por ejemplo, el tiempo promedio para las acciones en segunda instancia, bajó de 60 a 35 días.

• El BID está apoyando el fortalecimiento de las capacidades de intercambio de información y análisis de las Unidades de Inteligencia Financiera para fortalecer la detección de lavado de dinero y delitos precedentes. Estas evaluaciones buscan identificar las vulnerabilidades financieras y no financieras que podrían ser explotadas por el crimen organizado. 

El BID ha jugado un papel clave en la generación y difusión de conocimientos basados en evidencia, así como en la introducción de innovaciones al complejo desafío del crimen y la violencia apoyando el desarrollo, la evaluación y la ampliación de los programas piloto.

• Además de hacer estudios innovadores sobre el costo del crimen y la eficiencia del gasto en seguridad, sistematizamos y adaptamos conocimiento práctico existente. Para ello realizamos varias evaluaciones de impacto adaptando, por ejemplo, el modelo “Cure Violence”, probado en USA, y con un abordaje distinto a los tradicionales de uso de la fuerza. 

• Las evaluaciones que realizamos en Trinidad y Tobago, el Salvador, Colombia, confirmaron que estas intervenciones enfocadas en cambios conductuales han contribuido a reducir el crimen violento en áreas de pandillas. En las zonas intervenidas en Trinidad y Tobago, las lesiones y los tiroteos se redujeron en un 60%. Hoy este tipo de intervención está siendo implementado en Brasil, Perú, y Jamaica. 

• De igual forma, adaptamos el modelo “Hot Spot Policing”. Un experimento aleatorio de patrullaje en Uruguay y Argentina concluyó que, cuando se concentraban agentes policiales especializados en zonas de mayor incidencia de robos, estos tenían mayor éxito en la reducción y disuasión del delito. Por ejemplo, en Uruguay hubo una reducción de 23% en la incidencia de robos. Hoy varios países de la región están aplicando variantes de estas prácticas con nuestro apoyo.

• En 2023, el BID lanzó la Plataforma de Justicia y Seguridad basada en Evidencia para hacer accesible el conocimiento a los tomadores de decisiones e informar las políticas públicas sobre programas e intervenciones efectivas que han sido rigurosamente evaluadas por su éxito en la reducción del crimen y la violencia. El repositorio contiene información sobre 90 tipos de soluciones y más de 700 ejemplos de intervenciones de América Latina y el Caribe y otras regiones. Es el único recurso de este tipo disponible en español y portugués.

• Durante más de una década, el BID ha liderado la Semana de Seguridad Ciudadana y Justicia, la plataforma de diálogo regional anual más grande sobre temas de seguridad y justicia en América Latina y el Caribe. El objetivo es identificar desafíos emergentes e intercambiar conocimientos basados en evidencia y mejores prácticas con autoridades, expertos, académicos y Organizaciones de la Sociedad Civil.