En un reciente viaje a la ciudad colombiana de Barranquilla conocí a una joven a la que se le había diagnosticado un tumor de cerebro. En ese entonces la mujer vivía con su madre en un vecindario humilde. Ambas trabajaban y la joven estudiaba de noche.
Si la hubieran diagnosticado hace una década, habría tenido motivos para sentirse muy alarmada. En ese entonces, había pocas posibilidades de que una persona de sus medios recibiese un rápido y efectivo tratamiento en un hospital público, mientras que una persona pudiente lo habría obtenido en un establecimiento privado.
Pero esta historia tuvo un final feliz. Bajo el nuevo sistema de salud pública de Colombia, la joven estaba inscripta en un plan de una Empresa Promotora de Salud que le dio acceso a la cirugía que necesitaba. Su seguro forma parte de un amplio conjunto de reformas orientado a hacer que el sistema de atención de salud de Colombia deba rendir cuentas ante los consumidores.
Colombia no es un caso aislado. En toda América Latina los países están reformando sus sistemas de atención médica para aumentar la equidad, ampliar el acceso y mejorar su calidad. Dichas reformas fueron tema de una reciente conferencia, “El desafío de la reforma de salud: alcanzar a los pobres” coauspiciada por el BID, el Banco Mundial y el ente de seguridad social de Costa Rica. Los guatemaltecos describieron la forma en que su país adoptó una nueva política para adquirir prestación de servicios básicos a través de organizaciones no gubernamentales, una estrategia que le ha permitido a 3,5 millones de personas que viven en zonas rurales recibir atención médica moderna por primera vez. Otros participantes como el director de un programa en Massachusetts, describieron sus esfuerzos por llegar a quienes todavía carecen de seguro médico privado.
Esas iniciativas reflejan un profundo cambio en la visión de la atención médica. Tras años de debate en torno a cuestiones como la privatización o “eficiencia versus equidad”, existe un creciente consenso acerca de que sólo se darán verdaderos cambios cuando se encuentren nuevas formas de responsabilizar a los prestadores de servicios públicos de salud por la atención de cada ciudadano. Por eso, el gobierno de Costa Rica y la municipalidad de Bogotá están experimentando con “acuerdos de resultados” para sus hospitales públicos. A cambio de una mayor autonomía financiera, los hospitales aceptan someter a revisión sus presupuestos anuales, donde deben demostrar que sus recursos fueron efectivamente usados para proveer servicios. En otros casos, hay países que trabajan para hacer más accesible la atención médica, dándoles a los más necesitados las mismas opciones que están al alcance de los más pudientes, como comprar seguros de salud o atención de los médicos, clínicas u hospitales que cada consumidor cree que le dará mejor servicio. Ese es el enfoque que adoptó Colombia, que subsidia el seguro médico para los pobres. En ese país, el porcentaje de personas con seguro médico entre el 40 por ciento más pobre de la población aumentó de ocho por ciento a 53 por ciento en cinco años. Unos ocho millones de colombianos que antes tenían poco o ningún acceso a seguros de salud, como la joven que conocí en Barranquilla ahora están cubiertos.
Además de apoyar programas como los de Guatemala y Colombia, el BID está contribuyendo a financiar reformas de los sistemas de salud en otros países como Argentina, Bolivia y Brasil. En cada caso, el enfoque es promover cambios institucionales que mejoren la equidad brindando opciones y responsabilizando a los prestadores por la calidad de sus servicios.
* El autor es economista senior en la División de Desarrollo Social del BID.