Los ataques terroristas del 11 de septiembre contra el World Trade Center de Nueva York y el Pentágono en Washington agravaron más aún la tendencia a la recesión económica observada tanto en países desarrollados como en países en desarrollo. Los de América Latina y el Caribe fueron los más golpeados. Los pronósticos económicos y el desempeño financiero cayeron inmediatamente después de los ataques, en tanto que inversionistas y pasajeros aéreos reducían su nivel de actividad ante la súbita e inesperada atmósfera de inseguridad.
Los estados isleños del Caribe, cuyas economías dependen considerablemente del turismo, acusaron el fuerte impacto causado por la brusca reducción del tráfico aéreo. México, a su vez, como parte en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, sintió los efectos de la recesión que ha afectado a todo el bloque comercial.
América Latina y el Caribe registraron un crecimiento de apenas el uno por ciento en el 2001, frente al cuatro por ciento logrado en el 2000. Las corrientes de capital disminuyeron de 72.000 millones de dólares en 1999 a 57.000 millones de dólares en 2001. Las tasas de interés aumentaron, mientras que los precios de los productos básicos de exportación bajaron, especialmente los del café. El régimen económico de Argentina, que ya se encontraba en aprietos antes del 11 de septiembre, cayó en una situación insostenible.
Otra repercusión económica negativa fue el descenso registrado en los 20.000 millones de dólares anuales en remesas enviadas a la región por emigrantes residentes en el extranjero, especialmente en Estados Unidos, a consecuencia de la creciente inseguridad y los despidos laborales provocados por la recesión.
Una encuesta encomendada por el Fondo Multilateral de Inversiones (FOMIN), miembro del Grupo del BID, reveló que el 56 por ciento de quienes envían dinero a familiares en su país de origen han reducido sus remesas debido a un desmejoramiento de su situación. Para numerosos países de América Latina y el Caribe, estas remesas representan más del 10 por ciento de su producto interno bruto.
El BID asume el desafío
Mientras los recursos financieros mermaban en la región, el BID incrementaba sus operaciones financieras en 2001 hasta llegar a un total de 7.900 millones de dólares, nivel sin precedentes en el programa regular de préstamos del Banco. De este monto, la cifra de 1.275 millones de dólares estuvo formada por préstamos sectoriales de desembolso rápido destinados a apoyar reformas de
políticas y modernización en los aspectos de reducción de la pobreza (Bolivia y Honduras), promoción del capital humano y administración de los sectores sociales (Brasil, Colombia y Jamaica), salud (Uruguay) y pensiones (Nicaragua).
El 6 de diciembre se acordó aumentar en 20 millones de dólares un préstamo a Jamaica aprobado el 3 de octubre por 40 millones de dólares, y una aportación complementaria de 1,1 millón de dólares en asistencia técnica no reembolsable, con lo que se llegó a un total de $60 millones de dólares para compensar parcialmente la reducción del tráfico aéreo y el turismo, y para obras de recuperación tras la devastación causada por el huracán Michelle. Estos recursos reforzarán el gasto en salud, educación y otros servicios sociales en una época de fuerte ajuste fiscal, y respaldarán la reestructuración y mejor focalización del programa de la red de protección social del país.
Consciente de la necesidad de tomar medidas para afrontar un entorno más apremiante, el Comité de la Asamblea de Gobernadores del BID recomendó, en sesión de trabajo preparatoria de la Reunión Anual del Banco en Fortaleza, adoptar para el trienio 2002-2004 un marco financiero de 26.000 millones de dólares para los préstamos del capital ordinario destinados a la región, además de los 2.250 millones de dólares para préstamos en condiciones concesionales y 500 millones de dólares para cooperación técnica. Estos recursos constituyen un considerable incremento de los préstamos del Banco en comparación con los tres años anteriores e incluirían líneas especiales de crédito destinadas a asistir a los países miembros prestatarios que afronten emergencias o situaciones de crisis.
Reconociendo la necesidad de fortalecer al sector privado, la Asamblea de Gobernadores del BID recientemente decidió por votación duplicar el tope de préstamos que otorga el BID directamente, sin garantías estatales, al sector privado, del 5 por ciento al 10 por ciento de la cartera del Banco.
Seguridad aeroportuaria
En noviembre del año pasado, el Fondo Multilateral de Inversiones del BID (FOMIN) aprobó un total de 10 millones de dólares en donaciones para ayudar a los países de la región a robustecer la seguridad en sus aeropuertos. Estos fondos contribuirán a fortalecer las políticas de la aviación civil y los regímenes regulatorios, mejorar los servicios administrativos y capacitar al personal encargado de la vigilancia y fiscalización de las nuevas reglamentaciones. Esta aportación del FOMIN llegaría a un máximo de 500.000 dólares para cada proyecto calificado, lo que también requeriría del país interesado una contribución de contrapartida de entre el 30 por ciento y el 50 por ciento del valor total.
En una operación anterior aprobada en diciembre de 2000 para promover la seguridad en la aviación, el FOMIN otorgó asistencia no reembolsable por valor de 4 millones de dólares a los cinco países de América Central –como también a Belice, Haití, Panamá y la República Dominicana– con el fin de aumentar la seguridad y la capacidad competitiva del sector de aviación armonizando más las normas nacionales de seguridad con las normas internacionales.
En otra área de actividad relacionada a la guerra contra el terrorismo, se prevé que el FOMIN apruebe varias operaciones en el 2002 destinadas a asistir a los países en el control de lavado de dinero y dificultar así la financiación de actividades ilegales. Estas operaciones respaldarán la capacitación de oficiales públicos y privados involucrados en la detección y prevención de lavado de dinero, intercambio de información y detección de flujos ilícitos de fondos, fortalecimiento de los sistemas judiciales destinados a combatir el lavado de dinero, y otras actividades similares.