El escenario estaba preparado para una presentación estelar. Miguel Angel Rodríguez, el presidente de Costa Rica, un país decidido a transformar su economía en un centro regional de tecnología de punta, debía pronunciar el discurso central en un seminario internacional sobre informática.
El evento, organizado por el Banco Interamericano de Desarrollo, precedía a la reunión anual de su Asamblea de Gobernadores en Nueva Orleans y tenía el propósito de mostrar la aplicación de nuevas tecnologías en proyectos concebidos para acelerar el desarrollo sostenible y el crecimiento económico equitativo en América Latina y el Caribe.
No obstante, como Rodríguez mismo reconoció en su presentación, el seminario se vio plagado por el tipo de obstáculos que la región deberá superar para aprovechar plenamente la revolución tecnológica que está cambiando la manera en que el mundo trabaja, comercia y se comunica.
El presidente no pudo venir a Nueva Orleans debido a un estallido de demostraciones contra los planes de su gobierno para fomentar la competencia en las telecomunicaciones y la energía eléctrica, dos sectores monopolizados por el estado. Rodríguez tuvo que hacer su presentación por medio de un sistema de teleconferencia instalado en su despacho, en San José de Costa Rica. Pero, aunque su audiencia podía verlo en pantalla, apenas podía entender su distorsionada voz. Después de repetidos e infructuosos intentos por resolver el problema, el presidente tuvo que recurrir a un simple teléfono para transmitir su mensaje.
Rodríguez describió la enorme apuesta hecha por Costa Rica por materializar la predicción de que la tecnología de la información tocará casi todos los aspectos de la vida de quienes tengan la buena fortuna de tener acceso a esas nuevas herramientas. Su gobierno planea conectar a Internet a la mitad de las escuelas de la nación en los próximos dos años. Para entonces, alrededor de 25 por ciento de sus habitantes tendrá acceso a la red cibernética. “En el futuro, todos los costarricenses tendrán su propia dirección de correo electrónico, tal como ahora tienen documentos de identidad”.
Aunque semejante incremento en la tasa de conexión sería un impresionante logro para un país donde, en la actualidad, sólo uno por ciento de la población tiene acceso a Internet, igualmente quedaría bien por detrás de naciones industrializadas como Estados Unidos. En verdad, lo más probable es que la brecha entre Estados Unidos y los países latinoamericanos se ensanchará aún más en los próximos años, aseguró David Katz, director de desarrollo global de mercados de 3Com Corp y uno de los panelistas en el seminario.
Katz, cuya empresa es uno de los gigantes de la informática, dijo que es crucial que los países en vías de desarrollo inviertan en tecnología para zanjar esa brecha, considerando que la economía global se torna cada vez más dependiente en tecnologías basadas en el conocimiento. “Sesenta por ciento de los nuevos empleos que se están creando ahora en Estados Unidos requieren conocimientos de tecnología de punta”, dijo. “Hacia el año 2015, será 90 por ciento”.
Para aprovechar plenamente la revolución informática, se debe invertir más en capacitar a los trabajadores adultos, a los estudiantes y a los docentes para que adquieran los conocimientos que requiere la nueva economía, explicó Katz. A su vez, los gobiernos deben eliminar las barreras que impidan el desarrollo de empresas de alta tecnología, como las regulaciones que asfixian la competencia en el sector de telecomunicaciones, las tarifas aduaneras que encarecen la importación de equipos y las restricciones que limitan el acceso a las bandas para telecomunicaciones.
La educación ha sido prioridad nacional en Costa Rica por muchos años. Sus inversiones en ese sector rindieron enormes ganancias cuando Intel, líder mundial de los semiconductores, eligió a San José para instalar una nueva planta de producción. Esa planta es en buena medida la causa de que Costa Rica hoy exporta más en bienes de alta tecnología que productos tradicionales como café y bananas.
No obstante, el país centroamericano enfrenta varios cuellos de botella que pueden entorpecer sus esfuerzos para desarrollar una industria tecnológica de nivel internacional. Un informe preparado por la firma consultora estadounidense Toffler Associates señala que Costa Rica se está quedando atrás de algunos de sus vecinos en áreas de importancia crucial como la reforma de marcos regulatorios y la digitalización de su red telefónica.
A diferencia de otros países latinoamericanos que han liberalizado sus sectores de telecomunicaciones y fomentan la competencia entre empresas que prestan esos servicios, en Costa Rica las telecomunicaciones están en manos de un monopolio estatal , el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE). El servicio de Internet está monopolizado por RACSA, una subsidiaria de ICE.
Según el informe Toffler, encargado por la Coalición Costarricense de Iniciativas de Desarrollo (CINDE) y la Secretaría General de Integración Económica Centroamericana (SIECA), las empresas estatales ICE y RACSA están abrumadas por leyes y regulaciones que les impiden reaccionar más rápidamente a los constantes cambios e innovaciones en materia de telecomunicaciones. Las órdenes de compras pueden requerir hasta dos años para sortear sus burocracias, toda una eternidad en la era de la Internet.
La tasa de digitalización de la red telefónica de Costa Rica es un punto especialmente débil, señala el informe Toffler. “En este campo, la reducida tasa de Costa Rica genera costos de operación más altos para el ICE y para RACSA, además de reducir el rango de servicios de valor agregado disponibles en todo el país para los costarricenses y para las empresas multinacionales que consideran la posibilidad de invertir aquí”, dice el informe. Clientes comerciales como los bancos frecuentemente sostienen que el servicio de Internet en Costa Rica es lento y poco confiable. Además, es considerablemente más caro que en otros países latinoamericanos.
En un intento de hacer frente a estos y otros problemas estructurales, el gobierno de Rodríguez propuso proyectos legislativos para la modernización de ICE y la introducción gradual de competencia en los sectores de energía y telecomunicaciones. El proyecto de ley, que no contempla ningún tipo de privatizaciones, captó amplio apoyo bipartidario en la Asamblea Nacional. No obstante, provocó algunas de las demostraciones más agitadas que Costa Rica haya visto en décadas. El descontento público, que virtualmente paralizó al país por dos semanas, movió a los legisladores a congelar el proyecto de ley y crear una comisión especial, formada por sindicalistas, universitarios y la Iglesia Católica para que discutieran un nuevo proyecto de ley. En mayo, un tribunal constitucional dictaminó que la iniciativa original era nula porque consideró que se había violado el proceso legislativo en su tratamiento.
“Esta reforma es indispensable para nuestro país”, declaró Rodríguez al diario La Nación, poco después de las demostraciones. “Si otros avanzan y adquieren ventajas competitivas, nos empobreceremos; si nos quedamos atrás, las empresas ya no vendrán a generar empleos”.
En marcha. El seminario del BID también demostró que, no obstante la escasez relativa de recursos de la región, las nuevas tecnologías de la información y de telecomunicaciones pueden ayudar a los países de América Latina y el Caribe a superar antiguas barreras al desarrollo. Empleando herramientas modernas, pueden comenzar a vencer obstáculos como la baja calidad de la educación pública, el magro acceso a servicios de salud y la exigua productividad de sus pequeñas y medianas empresas. En el área gubernamental, la informática puede tornar más transparente y eficiente a la gestión pública, cerrándole oportunidades a la corrupción. Estas nuevas tecnologías hasta podrían contribuir a zanjar problemas sociales como la exclusión de la mujer y de los jóvenes de los beneficios del progreso económico.
“Nuestra región no puede ignorar esta revolución”, advirtió el presidente del BID, Enrique V. Iglesias. “Especialmente debe aprovecharla para lograr tres metas concretas: crecer más, crecer mejor y fortalecer sus sistemas de gobierno democrático”.
Como en otras regiones del mundo, una de las mayores preocupaciones en América Latina es evitar que la adopción de estas nuevas tecnologías empeore su de por sí desigual distribución del ingreso. Uno tras otro, los disertantes del seminario se refirieron a diferentes aspectos de la “brecha digital”, el abismo que separa a las personas que tienen acceso a esas herramientas y aquellas que lo carecen.
Muchas de las iniciativas planteadas en Nueva Orleans están orientadas precisamente a que los más carenciados también se beneficien con la revolución informática. Estos programas están floreciendo gracias a los esfuerzos tanto del sector público como del privado y de numerosas entidades de la sociedad civil.
El comercio electrónico es un buen ejemplo. Incluso en parajes remotos donde no abundan los teléfonos – ni qué decir las computadoras – el comercio electrónico permite a artesanos indígenas ofrecer sus productos mucho más allá de sus aldeas. Samajel B’atz’, una cooperativa formada por nueve grupos de artesanos guatemaltecos, ha establecido sus propias páginas de Internet con ayuda de PEOPLink, una organización sin fines de lucro con sede en Estados Unidos. A través de Internet, la cooperativa puede negociar directamente con consumidores y minoristas. De esa manera, se asegura de que una mayor porción de los ingresos termine en manos de los cesteros, alfareros y demás productores de la cooperativa, en vez de los intermediarios. Esta tecnología además les permite los artesanos generar más ventas y los ayuda a mantenerse al corriente de los gustos y tendencias de los mercados. En el pasado, su producción estaba guiada por criterios de comercialización completamente aleatorios. Hoy, en cambio, los artesanos pueden adaptar sus creaciones a las especificaciones de sus clientes. Y gracias al incremento de sus ingresos, la cooperativa ha podido empezar a otorgarles modestos préstamos a sus miembros.
La organización del carioca Rodrigo Baggio ha creado 117 escuelas de computación en vecindarios marginales de Brasil. Más de 35.000 personas han recibido capacitación.
Otro ejemplo de cómo las nuevas tecnologías pueden potenciar hasta las comunidades más pobres es la cruzada encabezada por el Comité para la Democratización de la Informática (CDI), de Brasil. Fundado en 1995 por Rodrigo Baggio, un joven empresario de Río de Janeiro, el CDI ha abierto 117 escuelas de computación en barriadas marginales de 14 estados brasileños. Más de 35.000 personas ya han recibido capacitación en tecnologías que mejoran sus posibilidades de conseguir empleo. Baggio, que también ha llevado sus cursos de computación a prisiones y poblaciones indígenas en Brasil, anunció en el seminario que extenderá su programa a otras naciones de América Latina con ayuda del BID y de la Fundación StarMedia.
En una escala más grande, el programa Telesecundaria utiliza modernas tecnologías de telecomunicaciones para llevar la educación secundaria a las zonas más remotas de México a una fracción del costo de construir una escuela convencional y dotarla de personal. Con sólo tres técnicos y 2.500 dólares para adquirir una antena satelital, Telesecundaria puede educar a estudiantes en comunidades rurales como San José de Avino, una aldea del estado de Durango que está a dos horas por automóvil de la escuela secundaria más cercana. Un millón de personas, entre adolescentes y adultos, están inscriptos en programa mexicano de aprendizaje a distancia. Según los resultados de exámenes, los logros escolares de los estudiantes de Telesecundaria están a la par de los de sus colegas en las escuelas secundarias tradicionales.
La tecnología de la información también puede ayudar a los países a administrar más eficientemente sus sectores públicos. A lo largo y a lo ancho de la región, los gobiernos están instalando sistemas cibernéticos en el ámbito municipal, provincial y federal para manejar las compras y contrataciones estatales, la recaudación de impuestos y los pagos y cobros. En el caso de adquisiciones del sector público, los gobiernos pueden fomentar más competencia entre proveedores y hacer que sus licitaciones sean más transparentes.
Si bien estas nuevas posibilidades generan entusiasmo, los líderes de la región se apresuran a advertir que la informática no es una panacea para todos los problemas de desarrollo. Para darle al tema cierta perspectiva histórica, el ministro de Educación de la provincia de Buenos Aires, José Octavio Bordón, leyó en la conferencia el mensaje de congratulación que el presidente argentino Domingo Faustino Sarmiento envió hace un siglo, con motivo de la instalación del primer cable telegráfico transatlántico. En su mensaje, Sarmiento saludó ese logro tecnológico como el primer paso hacia la creación de una comunidad verdaderamente global.
Los países saben además que deben garantizar el mayor acceso posible a los beneficios de nuevas tecnologías. La ministra de Educación de Barbados, Mía Amor Mottley, señaló que uno de los principios rectores de la reforma educativa en su país es asegurar que la revolución informática transforme a sus ciudadanos en productores de tecnología y no en simples consumidores finales.
“La tecnología, por sí sola, no generará igualdad”, advirtió Mottley. “Pero ofrece oportunidades a países como Barbados, porque ahora el tamaño o la ubicación geográfica ya no importan”.