BELO HORIZONTE, Brasil - Exitosos programas de transferencias monetarias condicionadas, iniciados hace más de diez años en Brasil constituyen un ejemplo paradigmático en la búsqueda de modelos para eliminar la ineficiencia e inequidad que persisten en muchas áreas de la política social, opinaron expertos y altos funcionarios en un seminario sobre los desafíos sociales.
Esta generación de programas --hoy referentes a nivel internacional y en constante evolución-- proporciona recursos monetarios supeditados al aumento de la escolaridad y el uso de servicios preventivos de salud y nutrición entre los pobres y las personas que viven en extrema pobreza. Estas iniciativas, apoyadas en muchos países por el Banco Interamericano de Desarrollo, permiten la acumulación de capital humano al mejorar el rendimiento escolar y la salud y en consecuencia un mayor rendimiento y productividad en el mercado laboral.
“La promoción de un crecimiento inclusivo requiere esfuerzos en dos direcciones: mejorar la capacidad productiva de los pobres y promover su acceso a los mercados con mayores oportunidades de empleo y de generación de riqueza”, afirmó Manuel Rapoport, gerente de operaciones del BID para el Cono Sur, en la apertura del encuentro. “Dado que el trabajo es el principal factor productivo de los pobres, un elemento crítico en la lucha contra la pobreza y la desigualdad es el fortalecimiento de las inversiones en capital humano desde la temprana infancia”, sostuvo.
Los participantes coincidieron en que para alcanzar los Objetivos de Desarrollo del Milenio, de reducir la pobreza a la mitad para el 2015, y mejorar la equidad, una de las prioridades para la próxima década debe ser integrar diversos programas y ampliar la escala de las intervenciones más eficaces, tales como los de transferencias condicionadas.
La condicionalidad es un aspecto muy importante de este tipo de programas para generar cambios y las evaluaciones de impacto permiten medir los incrementos de asistencia escolar e indicadores de nutrición y establecer cuales son las intervenciones más eficaces en el mediano y largo plazo. Además se estableció que la combinación de incentivos monetarios y uso obligatorio de servicios de educación y salud requiere de una oferta adecuada para satisfacer la demanda adicional de servicios.
“Estos programas son muy atractivos para América Latina y el Caribe por sus beneficios, su costo-efectividad y su versatilidad, al tiempo que demandan también un desarrollo institucional”, resaltó la gerenta de operaciones del BID para los Países Andinos y del Caribe, Alicia Ritchie, al lanzar un debate sobre como estos programas pueden influir en el futuro de las políticas sociales de la región, en la concreción de reformas pendientes, en una mayor integración de programas o hasta en la vinculación de los beneficiarios a servicios de crédito.
Entre los participantes en el diálogo estuvieron el ministro de Desarrollo Social y Alivio del Hambre de Brasil, Patrus Ananias; el ex ministro de Economía de Argentina, Roberto Lavagna; la ministra de Desarrollo Social de México, Ana Teresa Aranda; el ex vicepresidente de Ecuador, Pedro Aguayo Cubillo; el investigador y ex director de Presupuesto de Chile, Mario Marcel; el jefe de la Unidad de Pobreza y Desigualdad del BID, Carlos Eduardo Vélez y Ricardo Paes de Barros del Instituto de Investigaciones Económicas Aplicadas de Brasil.
Lavagna dijo que, si bien tarde, la región y los organismos multilaterales de desarrollo han reconocido la importancia de reducir la desigualdad, no sólo para combatir la pobreza, sino también para impulsar el crecimiento. Agregó que la política social ha pasado de ser un residuo de la política económica a estar en el núcleo de la política económica.
Patrus Ananias destacó los planes de Brasil de extender el programa Bolsa Familia a 11 millones de personas y resaltó los esfuerzos de su país para la consolidación de un sistema único de asistencia social en forma más integrada, con ejes con iniciativas en distintos niveles de gobierno, dentro de un pacto federal y con participación y control social. Concluyó que la importancia otorgada a la evaluación y el monitoreo de programas condujo a la creación de una secretaría de evaluación en su ministerio.
Programas apoyados por el BID
Trece países de la región han iniciado programas de este tipo, en la mayoría de los casos con apoyo del BID: Argentina (Plan Familias), Brasil (Bolsa Família), Chile (Chile Solidario), Colombia (Familias en Acción), Costa Rica (Superémonos), Ecuador (Bono de Desarrollo Humano), El Salvador (Red Solidaria), Honduras (PRAF), Jamaica (PATH), México (Progresa/Oportunidades), Nicaragua (Red de Protección Social), Perú (Juntos) y República Dominicana (Solidaridad),.
El apoyo del BID a los programas de transferencias monetarias ascendió a 4.500 millones de dólares entre 2000 y 2005. Sólo en 2005 el BID aprobó préstamos de 1.200 millones de dólares para el programa Oportunidades de México, 700 millones de dólares para el Plan Familias de Argentina y 57 millones de dólares para la Red Solidaria de El Salvador.
Los programas de mayor envergadura --el Plan Familias de Argentina, Bolsa Família de Brasil y Oportunidades de México-- están ayudando a un total de 16,7 millones de familias que viven en la extrema pobreza.
El programa Bolsa Familia fue lanzado en 2003 con la fusión de programas existentes de transferencia de dinero y representa la iniciativa gubernamental más importante para la reducción de la pobreza en Brasil. El objetivo del programa es extender una cobertura integral a todas las familias elegibles.
El proyecto Oportunidades es un ejemplo especialmente notable de inversión social. Con la focalización de los recursos en las familias indigentes y medidas para dar seguimiento constante a los incentivos para que los niños permanezcan en la escuela y para que los padres aprovechen mejor los servicios de salud y nutrición, la operación del BID consolidará el éxito alcanzado por el gobierno de México en los sectores sociales y busca al mismo tiempo formas de reforzar la posibilidad de reproducir y evaluar los gastos en estos sectores vitales.
Programas sociales
El BID destinó 3.400 millones de dólares, casi la mitad de sus préstamos en 2005, a la reducción de la pobreza y a los programas sociales para promover la equidad en América Latina y el Caribe.
En 2005 el BID continuó siendo la principal fuente de financiamiento multilateral para el desarrollo de la región por décimo segundo año consecutivo y los fondos comprometidos siguieron también los lineamientos fijados por su Asamblea de Gobernadores para favorecer a los pobres y a los países menos desarrollados.
La estrategia de desarrollo social del Banco abarca cuatro líneas de actividad para ayudar a los países de la región a acelerar el progreso social y alcanzar los Objetivos de Desarrollo del Mileni reformas en los campos de la salud, la educación y la vivienda; promoción del desarrollo humano durante toda la vida; fomento de la inclusión social y prevención de los problemas sociales; y servicios sociales integrados y enfocados geográficamente a fin de reducir la pobreza.
La mayoría de los préstamos sociales se destinaron a la protección del medio ambiente y a la prevención de desastres naturales, así como al desarrollo urbano, la educación, la salud, el agua, el saneamiento y las inversiones.