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Presidente del BID inaugura conferencia sobre financiación de servicios de agua y saneamiento en América latina

El presidente del Banco Interamericano de Desarrollo, Enrique V. Iglesias, y el director general de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), Jacques Diouf, inauguraron hoy la Conferencia sobre financiación de los servicios de agua y saneamiento: opciones y condicionantes. Esta conferencia, que se celebra los días 10 y 11 de noviembre en la sede del BID en Washington, está organizada por la División de Infraestructura y Mercado Financieros y la de Medioambiente del Departamento de Desarrollo Sostenible del BID.

“La ausencia de servicios de agua y saneamiento es un freno insalvable al desarrollo y el acceso a los mismos mejora inconmensurablemente el bienestar de la sociedad”, resaltó el presidente del BID al inaugurar esta conferencia.

“Los resultados de esta conferencia”, agregó Iglesias, “configurarán la estrategia que desarrollará el Banco para eliminar los obstáculos institucionales y financieros que frenan el aumento de cobertura de los servicios de agua y alcantarillado en la región”.

Expertos del sector público y privado y representantes de los gobiernos y de la sociedad civil debatirán a lo largo de dos jornadas la problemática que rodea a este complejo y costoso servicio público. Distintas sesiones tratarán enfoques tales como: los obstáculos institucionales y financieros; las opciones públicas y privadas, tanto en los sistemas rurales como urbanos; la aceptación social y política de las reformas, y propuestas para un plan de actuación.

Las metas del milenio de Naciones Unidas establecen que, para el año 2015, se reduzca a la mitad la población mundial que carece de servicios de agua y saneamiento. Esto representa un reto formidable para América Latina donde, tomando en cuenta el incremento de la población, cerca de 120 millones de personas necesitan incorporarse a los servicios de agua y 140 millones a los servicios de saneamiento. El Banco estima que para que este sector de la población tenga acceso a estos servicios hará falta una inversión de cerca de 40.000 millones de dólares en los próximos 12 años. Si se agrega el costo del tratamiento de aguas la inversión se acercaría a los 60.000 millones de dólares.

La historia del sector de servicios de agua y saneamiento de América Latina fue descrita por diversos expositores como “deficiente en su desempeño, con servicios de poca calidad y de baja capacidad y con grandes limitaciones financieras dentro de un sistema regulador ineficiente o inexistente”. Los recursos destinados a esta área han ocupado un porcentaje mínimo de los presupuestos nacionales.

Los gastos de la población en servicios de agua están muy por debajo de los invertidos en otros servicios básicos. “En República Dominicana, el agua representa un 0,35 por ciento del gasto de los hogares”, aseguró el ponente Marcos Rodríguez, “Los dominicanos gastamos ocho    veces más en electricidad, cinco veces más en teléfono y tres veces más en cerveza”. Anne Krueger, Directora General del Fondo Monetario Internacional, enfatizó la necesidad de que los consumidores se acostumbren a pagar por sus servicios. Guillermo Yepes advirtió que la práctica de “subsidio cruzado”, popular en América Latina, por la que los ricos pagan más y los pobres menos, “no ha cumplido ninguno de los objetivos de llevar servicios a los menos favorecidos”.

“La inversión en infraestructura y servicios de agua y saneamiento, tanto por parte del sector privado como por parte de los organismos financieros internacionales, está en descenso”, precisó Margaret Catley-Carlson, presidenta de Global Water Partnership. Y aunque advirtió que no existe un modelo ideal para este sector, la señora Cartley-Carson dijo que “es necesario expandir las fuentes de financiamiento y llevar a cabo una reforma en el sector”.

Para romper el ciclo vicioso de falta de inversión-tarifas inadecuadas-retracción de la inversión externa, los expertos proponen, entre otras opciones, una reforma del sistema que lleve a una política de tarifas más viable que responda al costo-beneficio, una colaboración entre los sectores público y privado, una regulación que se cumpla por todas las partes dentro de un clima de mayor transparencia y confianza y la participación de las comunidades afectadas.

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