MEDELLÍN, Colombia – El presidente del Banco Interamericano de Desarrollo, Enrique V. Iglesias, hizo un llamado a promover a través de la prevención de la violencia una cultura de paz y convivencia ciudadana, esenciales para avanzar en el desarrollo de América Latina y el Caribe.
“La paz es el tema fundamental del ser humano”, afirmó Iglesias durante el foro Seguridad y Convivencia Ciudadana: Examinando Experiencias y Desafíos realizado en esta ciudad colombiana el 12 y 13 de septiembre. “La experiencia muestra que es posible vivir juntos en paz”.
“La violencia es un fenómeno complejo, sin explicaciones simples, ni recetas fáciles. Requiere intervenciones nacionales y locales coordinadas de prevención y control y la participación del sector privado y la ciudadanía toda”, sostuvo Iglesias. “La prevención de la violencia es crucial y prioritaria para el crecimiento sostenido y una mejor calidad de vida en nuestros países”.
Iglesias propuso desarrollar respuestas efectivas sobre la base de las experiencias exitosas que se analizaron sistemáticamente durante el encuentro y reiteró la voluntad del BID de apoyar a los países, y en particular a los gobiernos de las ciudades, que plantean un interés cada vez mayor en responder ante la persistencia de altos índices de violencia e inseguridad en la región.
Más de 600 funcionarios, alcaldes y expertos en desarrollo y convivencia ciudadana participaron en el foro interamericano organizado por el BID conjuntamente con el gobierno de Colombia, la Administración Pública de Antioquia y Medellín y la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia.
Los alcaldes de importantes ciudades de América Latina y el Caribe como Asunción del Paraguay; Bogotá, Cali y Medellín de Colombia; Buenos Aires y Rosario de Argentina; Diadema en Sao Paulo, Brasil; Kingston, Jamaica; Montevideo, Uruguay; Miraflores, Perú y San Pedro Sula, Honduras y otros participantes expusieron ejemplos de innovadores avances para controlar y prevenir la inseguridad en el nivel local.
El alcalde de Medellín, Sergio Fajardo, quien presidió este diálogo, invitó a sus pares a compartir aquellas áreas en las que lograron soluciones exitosas y también sus reacciones ante temas que todavía los desbordan en la compleja responsabilidad de conducir centros urbanos.
La tarea del alcalde es “el arte de crear esperanza” en contacto estrecho con la ciudadanía, afirmó Fajardo, cuya ciudad ha logrado notables progresos en la pacificación, la construcción del espacio público y la convivencia ciudadana. El gran desafío de este encuentro es establecer cómo y qué ha funcionado en otras ciudades para recuperar el valor de la vida y las oportunidades para el desarrollo, dijo.
Paneles de expertos analizaron la formulación de políticas públicas y el papel clave de los sistemas de información; el rol de la educación en la prevención de la violencia y el papel de la policía y la justicia. Asimismo se discutieron casos de programas sociales exitosos.
El secretario de gobierno de Bogotá, Juan Manuel Ospina, se refirió a la corresponsabilidad de la totalidad de las instituciones nacionales y locales operando de consuno para aplicar políticas de seguridad integral. “El desafío es generar una perspectiva de integralidad. Consiste en lograr continuidad de las políticas en un contexto dinámico en rápida evolución, sin recaer en el continuismo”, dijo.
Por su parte, el secretario del Ministerio del Interior de Uruguay, Juan Alfonso Faroppa, señaló: “En la democracia es esencial definir la confianza de los pueblos en la capacidad institucional para resolver los problemas de seguridad. Nos va la vida en esto”.
El secretario de Interior y Policía de República Dominicana, Franklin Almeida Rancier, quien presentó el Plan de Seguridad Democrática lanzado recientemente por el presidente dominicano, Leonel Fernández, afirmó: “La seguridad democrática no sólo tiene que ver con las acciones policiales, sino con las condiciones de vida que se dan en una determinada comunidad”.
A su vez la jefa de División de Desarrollo Social del BID, Wanda Engel, resaltó el papel de la educación como agente de socialización. Agregó que puede aportar a los niños y jóvenes habilidades esenciales para la vida en convivencia, tales como la comunicación y el diálogo para el manejo del conflicto presente en toda sociedad.
Diversos panelistas abordaron aspectos vinculados a la violencia y la juventud, uno de los sectores más vulnerables y preocupantes en la mayoría de los países. Franz Vanderschueren, profesor de la Universidad Alberto Hurtado de Chile, insistió en que los distintos sectores de la sociedad deben asumir que la problemática de la juventud es responsabilidad de todos, no solamente de los jóvenes. “Todos debemos reconocer que somos a la vez parte del problema y de la solución”, afirmó.
En la región se han registrado importantes avances en las políticas para abordar la violencia intrafamiliar, en materia de legislación, programas de atención a las víctimas y trabajo con los agresores. Sin embargo, el gran desafío pendiente es la implementación de programas de prevención efectivos, con proyección a largo plazo y con financiamiento, dijo María Soledad Larraín, profesora de la Universidad de Chile.
En el cierre del encuentro, el subgerente del Departamento de Desarrollo Sostenible del BID, Marco Ferroni, pasó revista al amplio espectro de ideas y experiencias compartidas y resaltó la necesidad de una respuesta multisectorial e integrada al problema.
Ferroni mencionó, entre otros aspectos, el fortalecimiento de las instituciones y las áreas de salud, educación, justicia penal, policía comunitaria y preventiva, juventud y participación comunitaria y concienciación social, en las que el BID ofrece ayuda.
El BID ha apoyado a los países de América Latina y el Caribe con asistencia técnica y financiamiento de proyectos por casi 150 millones de dólares durante la última década. Ha financiado numerosos programas de prevención de la violencia y atención de las víctimas, tanto en el área de la violencia social como en la de la violencia intrafamiliar.
El primer programa de convivencia y seguridad ciudadana financiado por el BID se realizo en Colombia en la década pasada, mediante préstamos al gobierno nacional y a las ciudades de Bogotá, Cali y Medellín. El enfoque adoptado fue por primera vez sistemático para prevenir, contrarrestar y controlar los factores asociados a la violencia social y restaurar la confianza en el sistema judicial