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Ojo con la máquina de lavar

El lavado de dinero es un negocio global de unos US $1,5 a 2,0 billones (millones de millones) al año, según estimaciones del Fondo Monetario Internacional (FMI), lo que representa del 2 al 5 por ciento del producto interno bruto (PIB) mundial. Usando la misma metodología, un reciente estudio del economista del BID Alberto Chong estima las transacciones de lavado de dinero de América Latina y el Caribe entre el 2,5 y el 6,3 por ciento del PIB regional.

Esto no sólo significa pérdidas por recaudación de impuestos. El lavado de dinero, recalca Chong, distorsiona las economías y crea inestabilidad, además de desincentivar al sector privado. Las empresas legítimas llegan a veces a quedar marginadas de ciertos sectores por la competencia de firmas de fachada para lavar dinero. El lavado de dinero, subraya Chong, pone en peligro la integridad de los mercados financieros y la reputación de un país.

El Foro Económico Mundial estima que América Latina es probablemente la región emergente del mundo donde es más activo el lavado de dinero. Las cifras del FEM muestran sin embargo que el problema es de muy diferente magnitud en los distintos países de la región. El estudio de Chong revela además que cuanto más grande es el tamaño de la economía informal y más baja la calidad de gobierno corporativo, mayor es el lavado de dinero. Un sistema financiero más estable e instituciones sólidas hacen la vida más difícil a los que se dedican a este negocio.

Para luchar contra el lavado de dinero, se necesita fortalecer los sistemas financieros de la región por medio de la cooperación multilateral. En el plano legislativo, algunos países de América Latina han avanzado bastante en el cumplimiento de las 40 recomendaciones hechas por Financial Action Task Force - FATF (Misión Especial de Acción Financiera), un cuerpo intergubernamental cuyo propósito es desarrollar y promover políticas contra el lavado de dinero a nivel nacional e internacional. Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Chile, Ecuador, Paraguay, Perú y Uruguay ya cumplen con la mayoría de las recomendaciones claves de FATF.

Asimismo, las organizaciones multilaterales ya han empezado su trabajo en el fortalecimiento de la supervisión financiera, capacitación y asistencia técnica para prevenir y monitorear más eficientemente el lavado de dinero. Estos programas buscan crear mandatos legales contra el lavado de dinero al igual que mejorar las capacidades de control, señala Chong.

En la mayoría de los casos, las multilaterales trabajan con organizaciones asociadas que se especializan en el tema. El BID se ha asociado con la comisión contra las drogas de la Organización de Estados Americanos (CICAD) y su iniciativa Esfuerzos de la CICAD contra el lavado de activos.

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