En Venezuela, los lentos engranajes de la justicia han comenzando a girar más rápido.
En 1999 la investigación de un delito en Venezuela tomaba en promedio 268 días, 11 veces más que lo estipulado por la ley. Después llevaba unos 754 días llegar a la fase de sentencia. En muchos casos, los acusados permanecían encarcelados durante todo ese proceso y alrededor de 75 por ciento de los 26.000 reclusos en la nación no habían sido sentenciados.
Actualmente, sólo el 43 por ciento de los prisioneros en las cárceles de Venezuela aguardan sentencia, gracias a una profunda reforma de las cortes que está comenzando a transformar la forma en que funcionan los mecanismos policiales y judiciales del país. La reforma, iniciada en 1999, tras años de debate, establece límites al encarcelamiento de sospechosos y ofrece alternativas a enviarlos a prisión. Más fundamentalmente, la reforma reemplaza una serie de lentos y engorrosos procedimientos en las cortes con nuevas avenidas que aseguran un pronto castigo de quienes son encontrados culpables, al tiempo que otorgan más derechos a los acusados. El BID apoya la consolidación de esas reformas con un préstamo de 75 millones de dólares, aprobado en noviembre 2001.
Como la mayoría de los otros países latinoamericanos, Venezuela tiene un sistema judicial basado en la tradición romana de derecho civil, según quedó sistematizada en el Código Napoleónico. Las reformas tienen como objetivo modernizar esa tradición incorporando cambios administrativos y procesales. Por ejemplo, en el pasado los juicios se llevaban a cabo casi completamente mediante escritos, en lugar de presentaciones orales. Frecuentemente, los acusados languidecían en las cárceles durante años mientras pilas de documentos avanzaban lentamente por los vericuetos de las cortes. Jueces sobrecargados de trabajo tenían la responsabilidad de investigar el delito supuestamente perpetrado y de pronunciar un veredicto, algo que en la práctica contribuía a las demoras y a veces socavaba la imparcialidad judicial.
Un sistema híbrido. Bajo las recientes reformas, Venezuela ha adoptado un sistema híbrido que retiene ciertos elementos del sistema tradicional pero incorpora procedimientos “acusatorios”, en los que un fiscal investiga y el juez examina la evidencia del caso, por separado. El nuevo sistema incorpora además deposiciones orales, una etapa que reúne a sospechosos, acusados, testigos, abogados, fiscales y jueces en los comienzos del proceso. Esas audiencias públicas tienen el propósito de fomentar una resolución más rápida y transparente de casos, a diferencia del sistema tradicional bajo el cual el juez que entendía en la causa dependía casi exclusivamente de las deposiciones sometidas por escrito por las partes.
En realidad, llevar a cabo la reforma resultó ser un proceso lento y difícil. “La experiencia venezolana es un ejemplo de la necesidad de una acabada preparación y capacitación para emprender una gran reforma judicial”, dice Raimundo Arroio Jr., que encabezó el equipo del BID que trabajó con las autoridades venezolanas en la preparación del proyecto para el préstamo del Banco. “Cambiar la ley no es suficiente. Fiscales y jueces deben ser capacitados para la aplicación de los nuevos procedimientos. Los ciudadanos deben comprender que una reforma trae consigo nuevas responsabilidades, no sólo nuevos derechos. Toda la cultura del sistema legl debe ser cambiada y eso lleva tiempo e inversiones. No se puede hacer de la noche a la mañana”.
La reforma en Venezuela enfrenta un reto adicional, porque bajo el nuevo sistema los jueces son asistidos por dos ciudadanos comunes conocidos como “escabinos”.
“Estos ciudadanos jueces no han sido preparados adecuadamente”, sostiene Gonzalo Himiob Santomé, un profesor de derecho en Caracas, que fue uno de los consultores en la preparación del programa para el préstamo del BID. “No hubo una campaña para difundir entre los ciudadanos los cambios y las nuevas responsabilidades. Cuando son convocados, se excusan. Tienen temor. Hacen todo lo posible por no aparecer”.
Himiob Santomé calcula que llevará cinco años la aplicación efectiva de la reforma, cuya ley básica ya ha sido reformada dos veces desde su promulgación original. De todas formas, en su opinión “el balance ha sido positivo”. Hasta hace poco, un sospechoso podía ser arrestado y detenido por 16 días antes de ser acusado de algún delito. “Ahora un sospechoso debe ser llevado a comparecer ante un juez dentro de 48 horas de su arresto. El nuevo método es investigar primero, encausar después”.
No obstante, el proceso judicial es todavía prolongado y el número de casos pendientes intimida. Además de capacitar a fiscales, jueces, abogados, policías y ciudadanos comunes, el sistema judicial debe invertir en nuevas instalaciones y tecnología informática que ayuden a resolver los casos pendientes y los futuros. El programa que el BID contribuye a financiar está orientado a solucionar esos problemas y muchos otros, como la rehabilitación de ex reclusos.
Máximo Langer, un estudioso de la Universidad de Harvard, recuerda su experiencia como abogado en Argentina, en 1992, cuando la administración de justicia en ese país pasó del sistema de deposiciones escritas al sistema de juicio oral. “El problema fue superar la cultura enraizada en el sistema existente”, dice Langer. “El resultado fue que fiscales y jueces usaban ambos sistemas, escrito y oral, y no se ahorró tiempo alguno”.
Sin embargo, Langer destaca que durante la década pasada, a pesar de esas dificultades, varios otros países de América Latina siguieron adelante con amplias reformas del sistema de justicia penal que incluyeron juicios orales en una u otra forma. Entre los países que optaron por ese camino se encuentran Guatemala, en 1994, El Salvador, en 1998, Paraguay, en 1999, Chile, a partir de 2000, y Bolivia y Ecuador, en 2001. Costa Rica adoptó el sistema oral en 1975 y continúa implementando un vasto programa de modernización en otras áreas, como tecnología informática.
Acusados vs. delincuentes. Langer y otros expertos en asuntos legales dicen que los programas de reforma judicial en la región tienen dos objetivos que muchos ciudadanos encuentran contradictorios. Por un lado hay un deseo de asegurar mayor protección de los derechos humanos con un proceso legal más transparente y justo, una meta que refleja el nuevo vigor de la democracia que surgió en la región durante los años ochenta. Por el otro lado, los crecientes niveles de delitos acompañados de violencia han generado intensas presiones para hacer más eficiente el sistema de justicia penal y mantener a los criminales apartados de la sociedad.
“Estos países están haciendo dos cosas al mismo tiempo”, explica Christina Biebesheimer, una experta del BID en cuestiones legales. “Siempre hubo un poco de tensión en ese frente”. Aunque el delito y la violencia son “grandes problemas”, admite, la ciudadanía y las autoridades comprenden también que “un acusado no se puede pudrir en la cárcel para siempre sin ser acusado formalmente. Un sistema de justicia penal más eficiente es tan sólo un elemento en combatir el delito. No va a reducir el desempleo masivo, ni va a poner fin a la violencia doméstica”.
Margaret Popkin, directora ejecutiva de la Due Process of Law Foundation, con sede en Washington, sostiene que conceder más derechos a los acusados de algún crimen es un concepto difícil de inculcar al latinoamericano promedio. En el lado positivo, señala, después de implantado un típico programa de reformas, “la policía ya no puede recurrir a métodos coercitivos. Se descarta toda evidencia inadecuada”. Pero esas mismas salvaguardias causan una reacción popular cuando “la gente responsabiliza a las reformas por el serio problema delictivo que padecen”.
Aunque son escasos los estudios a fondo de las recientes reformas, se ha acumulado suficiente experiencia con el reemplazo del sistema escrito de procedimiento penal por el juicio oral como para dar el impulso necesario a continuar extendiendo las reformas, sostiene Juan Enrique Vargas, director del Centro de Estudios de Justicia de las Américas, con sede en Santiago de Chile. Distinas variedades del sistema de juicio oral serán eventualmente adoptadas en toda América Latina, vaticina.