Guyana, uno de los países con mayor grado de diversidad biológica conservada, intensificará las actividades de ejecución de su estrategia de desarrollo con bajo nivel de emisiones de carbono, mediante un financiamiento de US$16,9 millones del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
Este financiamiento es el primero de dos préstamos para ajuste programático que respaldará la creación de instrumentos reguladores, institucionales y de control con objeto de ayudar a Guyana a ejecutar su plan de desarrollo e incorporar la temática ambiental a sus estrategias institucionales. Alrededor de 85 por ciento del territorio de Guyana está cubierto por selvas y bosques.
El proyecto del BID apoyará medidas de actualización del marco normativo del país, a fin de mantener bajas tasas de deforestación y degradación de bosques causada por la minería, la extracción de madera y la agricultura, así como el mejoramiento de la capacidad institucional del país para hacer cumplir las leyes.
El proyecto, además, respaldará el fortalecimiento de la capacidad institucional del Ministerio de Recursos Naturales y Medio Ambiente, la principal entidad encargada de la promoción y ejecución del plan de desarrollo del país con bajo nivel de emisiones de carbono. El proyecto fue diseñado con la finalidad de fomentar la creación de sistemas del gobierno para la medición, notificación y verificación de las emisiones de carbono de los bosques, resultantes de la deforestación y la degradación forestal.
El financiamiento del BID consiste en dos préstamos de US$8,46 millones cada uno. El primero, con recursos del capital ordinario del BID, tiene un plazo de vencimiento de treinta años, un período de gracia de cinco años y medio y una tasa de interés fija (SCF-Fixed). El segundo préstamo, con recursos del Fondo para Operaciones Especiales, tiene una tasa de interés de 0,25 por ciento anual y sendos períodos de gracia y amortización de cuarenta años.
Esta semana, el BID también aprobó una cooperación técnica no reembolsable para Guyana por un monto de US$3,8 millones, a fin de apoyar medidas que ayuden a que el país establezca un marco habilitante y la capacidad necesaria para llevar a cabo un programa de reducción de emisiones provocadas por la deforestación y la degradación forestal (REDD+, por su sigla en inglés).