¿Es la corrupción el problema más grande de América Latina?
Quizás no. Pero según una de las autoridades eclesiásticas más respetadas de la región, la corrupción es el mayor obstáculo al desarrollo de América Latina y la razón principal de su condenable inequidad social.
En una disertación ante funcionarios del BID, en la sede del Banco, en Washington, D.C., el Cardenal Oscar Andrés Rodríguez Maradiaga, de Honduras, describió a la corrupción como el “gran flagelo” que está socavando los cimientos de las sociedades latinoamericanas.
“La corrupción es un cáncer que está difundido en todo el mundo, pero de manera particular en nuestro continente, hasta llegar a ser una cultura de la corrupción”, dijo el Cardenal. “El abuso de funciones, la ‘mordida’ de tipo político, omisiones, obsequios ilegales, el cohecho, el soborno, la evasión fiscal, el fraude, son como el pan de cada día de nuestros países”, agregó.
Rodríguez es ampliamente reconocido por su defensa de los pobres y su incondicional liderazgo en las áreas de justicia social y ética. Ciertamente, podría parecer predecible que un clérigo condene con dureza los obvios males de la corrupción. Pero en su reciente presentación, Rodríguez fue mucho más allá de las lamentaciones y expresiones de indignación que son tan frecuentes en las páginas editoriales de los diarios de toda la región. En lugar de eso, el Cardenal ofreció ejemplos específicos de áreas en las que hay corrupción, un análisis de las debilidades institucionales que la fomentan y un bosquejo de las reformas que podrían contribuir a eliminarla.
Rodríguez comenzó encomiando los esfuerzos del BID por combatir la corrupción mediante programas para reformar las instituciones públicas en áreas como el poder judicial, las compras gubernamentales y la gestión financiera. La corrupción es una apropiada inquietud para las instituciones multilaterales dedicadas al desarrollo, sostuvo, porque frecuentemente debilita la efectividad de los proyectos que ellas financian. “Tenemos programas de desarrollo en los que tal vez un 20 por ciento del monto total va a llegar al desarrollo y el resto se pierde en la burocracia, se pierde tal vez en la politiquería, en cumplir con compromisos”, lamentó.El negocio de la política. Rodríguez presentó un sobrio cuadro de las formas en que la corrupción se ha infiltrado en instituciones cruciales para promover el desarrollo y proteger la democracia, comenzando por la política electoral.
En la corrupción política se encuentra la raíz de la crisis institucional de América Latina, afirmó Rodríguez. La política se ha convertido en “una industria para el enriquecimiento de un grupito en detrimento de toda la poblacion”, dijo. Los políticos “no representan al pueblo. Representan intereses, representan sectores de un determinado partido, a veces ni al partido completo”. La gente está tan desilusionada con la conducta de las autoridades electas que se abstiene de votar, contribuyendo consecuentemente a la falta de control público sobre el gobierno, dijo Rodríguez.
Rodríguez sostuvo que a menudo los sistemas electorales perpetúan esos problemas al minimizar el deber de los políticos de rendir cuenta de sus actos al electorado. “En muchos países los diputados no son elegidos por distrito, como debería ser”. En lugar de eso, los políticos “pagan para estar en una lista” de candidatos de un partido político y posteriormente la ciudadanía se ve forzada a votar por una lista completa en lugar de seleccionar candidatos individuales. En este tipo de sistema electoral, las autoridades electas tienen mayores incentivos para defender los intereses del partido que los de los ciudadanos, según Rodríguez.
El prelado citó la inmunidad parlamentaria —un privilegio otorgado a los parlamentarios para protegerlos contra ataques políticos ante las cortes de justicia— como otra amenaza a la obligación de rendir cuentas de sus actos. La inmunidad “se ha convertido en un paraguas de impunidad”, denunció Rodríguez, y muchos candidatos procuran cargos públicos específicamente “porque así se garantiza que durante un gobierno no sean perseguidos por la justicia”.
Por todas esas razones, Rodríguez cree que la sociedad civil y la comunidad internacional de donantes debe enfrentar la difícil cuestión de reformar los sistemas electorales. “Necesitamos entrar en el mundo de la política, que ha estado como a un lado para hacer lo que quería”, exhortó. “Se ha avanzado bastante en el diálogo entre el mundo de la ética y el mundo de la economía. Donde se ha avanzado muy poco es en el diálogo entre la ética y la política”.
Rastreando el dinero. Rodríguez percibe otra fuente de corrupción en el secreto que frecuentemente rodea el uso de fondos públicos por parte del estado. Bromeando, el prelado señaló que las votaciones parlamentarias para aprobar los presupuestos federales suelen ser fijadas para la noche o la madrugada, “para que los legisladores estén los más adormitados posible” y para que no se embarquen en un debate serio en torno a las prioridades en el gasto. Rodríguez citó como ejemplo el caso de una ex ministra de finanzas de Honduras que sugirió públicamente que el texto completo del presupuesto nacional fuera publicado antes de la votación legislativa, para que la ciudadanía tuviera oportunidad de examinarlo. “Nadie le hizo caso”, lamentó.
Mientras los ciudadanos no sepan en qué se gasta el dinero que pagan como impuestos, funcionarios de gobierno y contratistas privados encontrarán oportunidades para abusar y defraudar, aseguró. Por el contrario, “cuando la sociedad civil conoce el presupuesto, cuando sabe a qué se destinan los rubros del mismo, y cuando puede controlar la ejecución del mismo, entonces estaremos entrando en una época de mayor desarrollo sostenible”, predijo.
No obstante, la sociedad no puede mantenerse debidamente informada acerca de los gastos de gobierno sin la ayuda de los medios noticiosos, y Rodríguez lamentó que muy a menudo los propios periodistas están corrompidos. “En mi país y en otros países se ha desarrollado una cultura en la cual los medios y los comunicadores se compran”, aseguró. Algunos cronistas ofrecen proveer una cobertura distorsionada por cierto precio, dijo, y muchas empresas y entidades de gobierno tienen presupuestos para “publicidad” que son utilizados específicamente para pagar por cobertura noticiosa favorable. “Qué bueno sería si se pudieran examinar en público los presupuestos de ‘publicidad’, dijo Rodríguez, “porque entonces empezarían a salir muchas cosas a la luz”.
Un nuevo tipo de servicio público. Rodríguez argumentó que cualquier esfuerzo contra la corrupción requerirá también una profunda reforma del servicio público. En ese sentido, relató el caso de un ex director ejecutivo de ingresos del gobierno hondureño al que un postulante en busca de empleo le dijo que quería estar al frente de una aduana—cualquier aduana. “La quería para enriquecerse lo más rápido posible defraudando al Estado”, explicó Rodríguez. “Llegamos al extremo, a la aberración de considerar al honesto como un tonto: ‘Te pusieron en la administración pública y no aprovechaste para enriquecerte?’”
El saqueo del erario público es particularmente frecuente en las áreas de contratos y compras gubernamentales, según Rodríguez. En teoría, esos abusos deben ser impedidos mediante auditorías financieras y organismos gubernamentales de control, pero en muchos casos esas dependencias “en lugar de controlar están para cubrir el delito del estado”, aseguró.
Rodríguez destacó que es imperativo fortalecer las instituciones públicas de control y auditoría y elogió las iniciativas del BID en ese sentido. Asimismo, instó a tomar medidas para elevar los requerimientos profesionales y éticos en la administración pública y para lograr una mayor continuidad en la función pública de gobierno a gobierno. “Los gobiernos deberían tener cierta continuidad”, dijo, “no es posible que cuando cambia un gobierno se cambien todos los funcionarios del gobierno anterior, y que la experiencia, la honestidad y la capacidad queden marginadas por la bandera de un partido político”. La continuidad y la independencia política son especialmente importantes en el poder judicial porque muchos jueces latinoamericanos son designados en base a “influencias políticas” para conveniencia del partido de turno, agregó.
El sector privado también necesita mejor supervisión financiera, opinó Rodríguez. “La corrupción no es solamente del sector público, sino también del sector privado”, aseguró el prelado, “especialmente cuando hay actividades de monopolio en la gestión de las sociedades anóminas, concentraciones de poder económico, y falta de respeto a los accionistas minoritarios”.
Batalla despareja, pero digna de pelear. El cardenal Rodríguez tiene más que una inquietud académica en lo que respecta al tema corrupción. Como presidente de Honduras Transparente, un grupo no gubernamental formado en 1997, ha estado a la vanguardia de la guerra contra la corrupción en su país. El grupo procura que la opinión pública sea más consciente sobre el costo de la corrupción y del éxito que otros países han tenido en combatirla. “Hemos experimentado muchas dificultades”, dijo. “Es un combate muchas veces desigual”.
No obstante, el cardenal Rodríguez mantiene su optimismo sobre las perspectivas de cambiar la cultura de la corrupción. “El bien es más fuerte que el mal, y la verdad es más fuerte que la mentira”, puntualiza. Al impulsar una lucha unificada contra la corrupción en todos los sectores de la sociedad, él cree que será posible “formar personas íntegras para crear sociedades íntegras en las que podamos todos comprometernos en un desarrollo humano”.