El costo como consecuencia de crímenes contra la propiedad y las personas en Uruguay, en el año 2010, fue de casi US$1.200 millones que equivalen a 3,1 por ciento del Producto Interior Bruto.
A esta conclusión llega un nuevo estudio realizado por los investigadores del Centro de Investigaciones Económicas de ese país, Diego Aboal, Jorge Campanella y Bibiana Lanzilotta, con la colaboración de Magdalena Domínguez y Maren Vairo.
El estudio es uno de los ocho seleccionados en un concurso convocado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para medir con metodologías apropiadas e innovadoras el costo del crimen y la violencia en América Latina y el Caribe, y que se estará presentado por sus autores en un seminario realizado el 24 y 25 de enero, en la sede del BID.
El trabajo sostiene que, en general, las tasas de criminalidad en Uruguay son más bajas que en otros países de América Latina, pero el crecimiento de algunos delitos en los últimos 20 años ha hecho que el tema se ubique en lo más alto de la agenda pública. Y agrega que, en este contexto, la medición de los costos del delito apunta a ser un aporte útil para las políticas gubernamentales y el debate público.
La investigación analiza las características de los delitos en el país y destaca que están clasificados en delitos contra la propiedad (76 por ciento de las denuncias en 2010), contra las personas (14,4 por ciento), sexuales (0,6 por ciento), contrabando (0,1 por ciento) y otros delitos (8,8 por ciento).
Para realizar la medición considera los costos de seguridad y prevención del delito, de justicia, reclusión y rehabilitación de reclusos, de bienes robados, salud, pérdida de vidas, y pérdida de tiempo productivo en prisión de los reclusos.
A su vez, los agrupa en costos incurridos en Anticipación al Crimen, Como Consecuencia del Crimen y Respuesta al Crimen.
El principal componente del costo total son los costos asociados a la Anticipación al Crimen que sumaron US$738 millones equivalentes a 1,90 por ciento del PIB e incluyen el gasto público y el gasto privado en seguridad, y los costos administrativos de las empresas de seguros.
Mientras tanto, el segundo componente del costo total en magnitud son los costos como Consecuencia del Crimen con US$319 millones o 0,81 por ciento del PIB que incluyen los costos de la propiedad robada, de oportunidad del tiempo en prisión, de los homicidios, y costos intangibles de víctimas de otros crímenes.
Y el tercer componente son los costos en Respuesta al Crimen con US$145 millones equivalentes a 0,37 por ciento del PIB que agrupan al gasto público en justicia, reclusión y rehabilitación, y al gasto privado en ayuda legal penal.
Por último, el documento destaca que algunos aspectos analizados muestran ciertas limitaciones de los resultados que tienden a la subestimación de los costos, por lo cual el costo total de 3,1 por ciento del PIB debe ser considerado como un mínimo.