(Última parte)
Las discusiones sobre el financiamiento del desarrollo se han centrado tradicionalmente en cómo las fuentes internacionales – incluyendo la Asistencia Oficial para el Desarrollo (AOD), las remesas y la inversión privada internacional – son vitales para que los países en desarrollo puedan alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de las Naciones Unidas. Sin embargo, es imperativo que abordemos el papel fundamental que debe desempeñar la movilización de recursos domésticos para cerrar la brecha financiera de los ODS en América Latina y el Caribe (ALC). En la sexta y última entrega de nuestra serie "El camino hacia el financiamiento de los ODS", discutimos los desafíos y oportunidades que hemos identificado para la movilización de recursos domésticos en la región, con un enfoque en el financiamiento de infraestructura vinculado con los ODS.
El desarrollo de infraestructura tiene un impacto transversal en la Agenda 2030, determinado por su impacto económico, ambiental y social: (i) impacto económico: a través de la reducción de los costos logísticos y el mejoramiento del uso de los factores de producción; (ii) impacto ambiental: a través de la reducción del impacto ambiental y el uso de energía; y (iii) impacto social: por medio de la accesibilidad y conexión, y la reducción de la desigualdad. Si bien es claro que la inversión en infraestructura impulsa el crecimiento de las economías y potencia sus posibilidades de desarrollo, también es un activo de inversión con características que lo distinguen y que exigen condiciones particulares para desarrollarse. Puntualmente, la infraestructura requiere de una alta inversión inicial en un activo de larga vida útil, que no tiene uso alternativo, es de larga maduración y genera ingresos en moneda local.
Por esto, la inversión necesaria para reducir la brecha en infraestructura en ALC, que se estima entre 3.7 y 7.4 por ciento del PIB anualmente, no puede ser resuelta exclusivamente por el sector público. En este marco, los inversores institucionales aparecen como potenciales fuentes de recursos domésticos para financiar la inversión en infraestructura toda vez que los largos plazos de la inversión en infraestructura calzan con los largos plazos de las carteras que administran. Ejemplos: fondos de pensiones y compañías de seguros.
Si bien pueden identificarse fácilmente las fuentes de financiamiento privado doméstico para movilizar recursos hacia infraestructura, también hemos identificado cinco factores estructurales que en algunos casos están ausentes o presentan debilidades en los países de ALC y que son clave para promover la inversión en infraestructura por parte del sector privado: (i) un buen entorno macroeconómico, (ii) la definición de reglas claras que faciliten la inversión, (iii) contar con instrumentos jurídicos-financieros que reduzcan riesgos asociados al proyecto; (iv) capacidad institucional para la ejecución y (v) eliminar la corrupción.
En ALC, existen casos concretos que ilustran como países han abordado estos factores estructurales de manera efectiva y han logrado impulsar la inversión en infraestructura por parte de actores domésticos y del sector privado. Un ejemplo de ello es Chile, que fue el primer país en la región en implementar un esquema de pensiones de capitalización individual. Actualmente, las Administradoras de Fondos de Pensiones (“AFP”) han acumulado recursos superiores al 80% del PIB incrementando la disponibilidad de capital doméstico para financiar inversiones. La participación de las AFP ha contribuido a la profundidad de los mercados financieros nacionales, incrementando la disponibilidad y alternativas de capitalización de las empresas chilenas, especialmente aquellas dedicadas a la gestión y construcción de infraestructuras. Esto fue posible como resultado de cambios regulatorios que favorecieron la movilización de dichos recursos hacia instrumentos vinculados a la inversión en infraestructura.
Otro caso es el de México, donde recientemente se han implementado reformas estructurales que han posibilitado la participación del sector privado en proyectos de infraestructura en sectores tradicionalmente reservados al sector público -energía y telecomunicaciones. En este contexto y en colaboración con el Grupo BID, se lanzó un portal - “Proyectos México” - donde se publica toda la oferta de proyectos de infraestructura y energía que requieren la participación del sector privado, promoviendo su participación y transparencia de la información.
En este contexto, el Grupo BID en coordinación con los gobiernos de los países de la región, tiene la capacidad y la oportunidad de brindar herramientas -garantías, apoyo técnico, apoyo a reformas de marcos normativos- que permitan mitigar los riesgos vinculados a la inversión en infraestructura en ALC y favorecer la movilización de capitales privados hacia infraestructura.
Matias Bendersky
Matias Bendersky es Jefe de la División de Movilización de Recursos del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), donde es responsable de identificar, desarrollar y ampliar la movilización de recursos y alianzas estratégicas entre el Grupo BID y socios del sector público y privado. Supervisa el trabajo de un equipo de profesionales que se ocupan de identificar oportunidades de cofinanciamiento y de movilizar recursos financieros y conocimiento de socios. Su equipo también está encargado de explorar instrumentos de financiamiento innovadores y mixtos que sirvan para apoyar la agenda de desarrollo sostenible en la región. Antes de unirse al BID en 2007, el Sr. Bendersky trabajó para el Banco Mundial en varias operaciones con garantía soberana. Anteriormente, el Sr. Bendersky trabajó durante 6 años como abogado corporativo y transaccional tanto en Argentina como en Estados Unidos. El Sr. Bendersky es egresado de la Universidad de Buenos Aires y tiene una maestría conjunta en la Escuela de Negocios y Leyes de la Universidad Northwestern de Chicago.